Camilo Rengifo Marín
29/10/2019

Con una participación de más del 60 % en las elecciones regionales colombianas del 27 de octubre, mayor a la registrada hace cuatro años, el país político comenzó a rearmar el nuevo esquema de poder a partir del año próximo, partiendo de la estruendosa derrota sufrida por Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, a lo largo y ancho del país.
 
Fue una de las campañas más intensas, con mayor número de candidatos y más alta participación electoral que se recuerde, llevada adelante en medio de la violencia que dejó siete candidatos muertos a manos de narcotraficantes y paramilitares, junto a decenas de dirigentes sociales, comunales, campesinos e indígenas también asesinados.
 
Los mandatarios elegidos en 24 de los 32 departamentos fueron avalados por una alianza interpartidista y en dos departamentos ganó un aspirante independiente, lo que evidencia la crisis de los partidos tradicionales. En las dos terceras partes de los departamentos, las gobernaciones las ganaron candidatos que se postularon en coalición.
 
Mientras el uribismo empezaba su declive, la Alianza Verde se convirtió en la fuerza política que más creció y ganó con Claudia López la Alcaldía de Bogotá (la primera mujer en lograrlo); los grandes partidos siguieron perdiendo hegemonía; los independientes fueron la sorpresa; las coaliciones la fórmula ganadora en todo el país; y de los clanes solo sobrevivieron los grandes.
 
El uribista Centro Democrático fue uno de los más apaleados en las elecciones: quedó en el último lugar en Bogotá, en Medellín contra todo pronóstico su candidato Alfredo Ramos Maya perdió, y en Cali Roberto 'Chontico' Ortíz no pudo con el “verde” Jorge Iván Ospina. Algo grave le está pasando al partido de Uribe –enjuiciado por la Corte Suprema- y su delfín Iván Duque.
 
La jornada electoral mostró un pequeño progreso hacia una democracia más creíble, donde no siempre se imponen las maquinarias, en la que los movimientos ciudadanos, las candidaturas independientes y las alianzas de grupos políticos y sociales les quitan terreno día a día a los partidos políticos. Los batacazos fueron los triunfos de Claudia López en Bogotá, Daniel Quintero en Medellín, William Dau en Cartagena y Jairo Yáñez en Cúcuta.
 
El balance de las encuestadoras también fue negativo y demostraron no incidir en los resultados finales. No acertaron en Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cartagena, pero sí en Barranquilla, donde estaba cantada la victoria de Jaime Pumarejo (Cambio Radical) y en Cali con Jorge Iván Ospina.
 
En estos comicios los principales derrotados fueron los partidos tradicionales, a quienes ya les cuesta cada vez más elegir alcaldes o gobernadores con votos propios y se han visto forzados a refugiarse en las alianzas interpartidistas para mantener su poder, o parte de él.
 
El Partido Liberal pasó de cuatro gobernaciones propias a dos; Cambio Radical de cinco gobernaciones propias a ninguna. El Partido de la U tenía dos y se quedó con una. El conservatismo tenía cuatro y pasó a dos.
 
El uribismo sufrió una derrota que se amplifica si se tiene en cuenta que son el partido de gobierno. Tras 17 años de poder del expresidente Uribe como “el gran elector”, sus aliados políticos apenas ganaron dos gobernaciones: en Casanare, donde conservaron su hegemonía y en Vaupés, pero perdieron en la tierra más uribistas como, la Alcaldía de Medellín en Antioquia.
 
Fracasaron también en Córdoba, donde el propio Uribe se comprometió en la campaña, asimismo en Santander, Caldas, Meta y Sucre. Y quedó claro que en Bogotá y en Cali no tiene lugar el Centro Democrático ni el uribismo.
 
En cuanto a la oposición política, en términos generales mostró sus avances. En especial, la Alianza Verde, que ganó con Claudia López la segunda plaza política más importante del país, y sumó victorias en Cali, Manizales, Villavicencio, Bucaramanga y Cúcuta.
 
En tierras del realismo mágico no puede sorprender que un excombatiente de las Farc llegara al poder. Se llama Guillermo Torres, pero todos lo conocen como Julián Conrado, cantante de la guerrilla, que ganó en Turbaco (Bolívar).
 
Tampoco, como destaca Alfredo Molano en El Espectador, sorprende la de Jairo Yáñez, el nuevo alcalde de la capital de Norte de Santander, un empresario de la arcilla de 68 años que, perífono en mano, venció al titán de la frontera, Ramiro Suárez Corzo, conquistando a un pueblo agobiado por la maquinaría dirigida desde la cárcel.
 
Desde la óptica de los clanes regionales, los resultados del domingo 27 mostraron que las casas más consolidadas lograron mantener su poder: En Atlántico, la casa Char, los Gnecco en el Cesar; los Aguilar en Santander; los Bler en Bolívar, los Mehreg en Rosaralda. Los cacicazgos regionales fueron derrotados en Cartagena, Magdalena, Villavicencio, Sucre, Córdoba y La Guajira.
 
Entre los triunfos “cocaleros” se anota el de Arnulfo Gasca, “el patrón de patrones”, quien ganó la Gobernación de Caquetá (se hizo famoso por protagonizar un narcocorrido); Andrés Gómez, a quien relacionan con la masacre de la Guaripa (2018) y Buanerges Rosero en Putumayo, a quien relacionan con Edgardo Figueroa, capturado en la famosa narcoambulancia con 250 kilos de cocaína.
 
Mientras el presidente Iván Duque sigue en su agresión constante contra Venezuela, se le mueve el piso en su propio patio: gran fiasco electoral, Uribe enjuiciado, violencia en crecimiento, crisis económica, financiera y social.
 
Camilo Rengifo Marín
Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
https://www.alainet.org/es/articulo/202941

Sergio Mauricio Zamora Betancur
22/04/2019

El Gobierno Nacional, con el altruista propósito de cubrir el desastre financiero y social generado por la multinacional española Gas Natural Fenosai en la empresa ELECTRICARIBE, pretende que los colombianos paguen mensualmente un incremento en las facturas de servicios públicos domiciliarios. Así quedó establecido en el artículo 277 del Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 aprobado por el Congreso de la República en primer debate, que estableció una sobretasa de cuatro pesos ($4) por cada kilovatio de energía consumido, que deberán pagar los usuarios del servicio público de energía eléctrica en todo el territorio colombiano.
 
Esta medida que sin duda alguna terminará soportada nuevamente en el bolsillo de los colombianos, hace parte de la profundización de la política de privatización y mercantilización de los servicios públicos domiciliarios en Colombia. En este sentido, agua, alcantarillado, energía eléctrica y gas, son considerados meras mercancías sometidas a la suerte del mercado y los negocios, donde impera la socialización de las pérdidas entre los usuarios y la protección de las exorbitantes ganancias del capital extranjero.
 
En la década de los noventa la oleada de privatizaciones de las empresas de servicios públicos domiciliarios en Colombia, se soportó precisamente sobre la demagogia neoliberal de las inexorables bondades de las empresas bajo el control del capital privado, jugosas inversiones para hacer más eficiente la prestación de los servicios, tarifas más competitivas y sobre todo transparencia. Es decir, según esta perorata se acabarían todos los males que sesgadamente señalaban eran inherentes a las empresas estatales, la corrupción, la ineficiencia y los altos costos en la prestación de los servicios públicos.ii
 
Así fue cómo se aplaudió la adquisición de ELECTRICARIBE por parte de la multinacional española Gas Natural Fenosa en el año 2000, para prestar el servicio de energía eléctrica en los departamentos del Atlántico, Magdalena, Cesar, Guajira, Bolívar, Córdoba y Sucre. Sin embargo, dos décadas después de la privatización, el panorama de los servicios públicos domiciliarios en la región Caribe no puede ser más desolador.
 
El capital privado extranjero no realizó las inversiones requeridas en infraestructura, lo que ha generado un deterioro progresivo en la prestación del servicio público de energía eléctrica. Así lo reconoce el CONPES 3933 de 2018, “Las reducidas inversiones en infraestructura eléctrica por parte de ELECTRICARIBE en los últimos años terminaron en una prestación ineficiente del servicio de energía eléctrica en la región Caribe, con lo cual se puso en riesgo la prestación continua y la calidad del servicio”.iii Esta situación es tan grave que la actual Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios Natasha Avendaño García ha expresado: “para lograr que ELECTRICARIBE tenga las condiciones necesarias para prestar un servicio de calidad y continuidad se requiere una inversión cercana a los $7.1 billones durante los próximos 10 años, un promedio anual superior a los $700.000 millones”.iv
 
Adicionalmente, de conformidad a la información oficial Gas Natural Fenosa incumplió con sus responsabilidades mercantiles y prestacionales, acumulando acreencias por más de 3,6 billones de pesos, de los cuales 1,8 billones de pesos corresponden a deudas con el sector financiero, 1,2 billones al pasivo pensional, 389 mil millones de pesos a los generadores de energía y 247 mil millones a los proveedores de bienes y servicios. Y para el cierre de la vigencia del 2016 se proyectó un déficit de 655 mil millones de pesos. Este estrepitoso colapso financiero del capital privado fue reconocido tardíamente por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en la toma de posesión de ELECTRICARIBE en el año 2016, donde señaló que esta situación “pone en grave peligro la prestación del servicio de energía eléctrica en las condiciones de continuidad debidas en la región”.v
 
La transparencia de los recursos públicos que se prometió con la privatización, también se incumplió. La Contraloría General de la República responsabilizó a ELECTRICARIBE de un daño patrimonial que asciende a 216 mil millones de pesos. Todo por cuenta del uso indebido de los recursos del erario que giró el Fondo de Energía Social (FOES), para subsidiar el servicio público de energía eléctrica a los estratos 1 y 2 en la región.vi
 
Pero las pretensiones de la multinacional española Gas Natural Fenosa no paran ahí, toda vez que decidió demandar al Estado colombiano ante el Tribunal de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI). Las pretensiones fueron en principio de 1.000 millones de dólares y posteriormente se incrementaron en 626 millones de dólares. Alegando que la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Público Domiciliarios, es contraria al “espíritu de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia”.vii
 
Ante este evidente fracaso de la privatización, el desastre social y el saqueo generado por la multinacional española Gas Natural Fenosa en el Caribe, la respuesta del Estado colombiano ha sido salir al rescate para continuar por la misma senda. Se pregunta retóricamente el Agente Interventor de ELECTRICARIBE Javier Lastra ¿Quiénes pagarán por el rescate?viii Él más que nadie debe saber, que siempre el descalabro de los privados, es soportado en el bolsillo de los usuarios y el erario. Solo por mencionar un ejemplo, el cuatro por mil, creado transitoriamente para salvar al sector financiero privado, los colombianos llevan pagándolo más de dos décadas. Cualquier parecido a la sobretasa de cuatro pesos por cada kilovatio consumido, es mera coincidencia.
 
Por último, se requiere una evaluación seria y sensata de la política de privatización y mercantilización de los servicios públicos, que implique discutir sobre la especulación del mercado energético y una transición energética democrática en Colombia. Sin embargo, no se aprende la lección, la apuesta es buscar un “nuevo” inversionista, que ahora sí, cumpla con las mismas promesas del pasado, inyección de capital, eficiencia, calidad y transparencia. Descartando de plano y equivocadamente la posibilidad de constituir una empresa pública y eficiente, con la capacidad de superar este desastre en el Caribe. Contrariando las propuestas de reversión que se vienen sustentando en la meca de las privatizaciones, como ha sido Reino Unido.ix
 
Sergio Mauricio Zamora Betancur
Asesor de SINTRAEMCALI
Miembro de la Junta Directiva de EMCALI EICE ESP.
 
 i Esta multinacional española en el año 2000 era Unión Fenosa. Posteriormente en el año 2009, fue adquirida por Gas Natural y se transformó en Gas Natural Fenosa. En el año 2018 se convirtió en Nutergy.
 ii El Tiempo (1999) “Ventajas de la Privatización Energética”. Recuperado https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-866173
 iii CONPES (2018) “Concepto favorable a la nación para otorgar garantía al fondo empresarial, creado por la ley 812 de 2003, para contratar operaciones pasivas de crédito hasta por la suma de 735.000 millones de pesos y se modifica el documento CONPES 3910 de 2017” Recuperado https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3933.pdf
iv Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (2019) “Situación de Electricaribe no es un problema solo de la costa, es de todo el país: Superservicios”. Recuperado https://www.superservicios.gov.co/noticias/situacion-electricaribe-no-problema-solo-la-costa-todo-pais-superservicios
 v Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (2016) “Resolución por la cual se toma posesión de los bienes, haberes y negocios de la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. Recuperado https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Nif%20%20Normas%20de%20Informacion%20Financiera/2018/Oct/resolucionno.sspd-20161000062785.pdf
 vi Contraloría General de la República (2017) “A $ 216.894 millones llegó el daño patrimonial causado por ELECTRICARIBE”. Recuperado https://www.contraloria.gov.co/contraloria/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/boletines-prensa-2017/-/asset_publisher/y0hcpbxJNnDG/content/a-216-894-millones-llego-el-dano-patrimonial-causado-por-electricaribe-por-indebido-uso-de-subsidios-dirigidos-a-la-poblacion-mas-pobre-de-la-costa-at?inheritRedirect=false
vii El País (2017) “Gas Natural presenta la demanda contra Colombia por la intervención de su filial Electricaribe”. Recuperado https://elpais.com/economia/2017/03/22/actualidad/1490176578_398505.html
viii La República (2019) ¿Quiénes pagarán el rescate de Electricaribe? Recuperado https://www.larepublica.co/analisis/javier-lastra-fuscaldo-2564733/quienes-pagaran-por-el-rescate-de-electricaribe-2853212
ixABC (2017) “Corbyn quiere nacionalizar el sector energético y los ferrocarriles” Recuperado https://www.abc.es/internacional/abci-corbyn-quiere-nacionalizar-sector-energetico-y-ferrocarriles-201705111216_noticia.html#ns_campaign=rrss-inducido&ns_mchannel=abc-es&ns_source=tw&ns_linkname=noticia.foto&ns_fee=0
https://www.alainet.org/es/articulo/199436

Camilo Rengifo Marín
25/03/2019

Desde hace casi dos semanas, el suroccidente colombiano está en jaque por el paro indígena, en protesta por los históricos incumplimientos de varios gobiernos para con estas comunidades. El paro es un coctel explosivo: choques entre manifestantes y la represión que ya dejaron ocho indígenas muertos y decenas de heridos.
 
Si bien es una historia que se repite cada cierto tiempo, resurgió con fuerza: se inició con reuniones, concentraciones, pero evolucionó y pasó a bloqueos en la carretera Panamericana, la arteria que comunica a los departamentos del Valle, Cauca y Nariño con el resto del país,
 Una grave denuncia realizaron en la noche del jueves "los pueblos indígenas, organizaciones sociales, procesos populares del suroccidente colombiano", horas después de un estallido de un artefacto explosivo en un resguardo indígena del municipio de Dagua (Valle del Cauca), que dejó a ocho personas muertas y cuatro heridas de gravedad, lo cual tildaron de "masacre".
 
La semana pasada, la comisión de Derechos Humanos denunció que mientras campesinos e indígenas se encontraban en una reunión acerca de la misión médica y humanitaria en El Cairo y El Túnel de Cajibío, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) quemó los campamentos y robó implementos de los manifestantes.
 
En el momento de la agresión no se habían llevado a cabo bloqueos ni hostigamientos por parte de los campesinos e indígenas, sin embargo el ESMAD lanzó gases lacrimógenos para luego destruir los campamentos por completo. Así mismo, los uniformados se llevaron en carpas, celulares, documentos, comida y motocicletas de los manifestantes.
 
A este hecho se suman intimidaciones, hostigamientos, estigmatización y falsas noticias que ponen en riesgo la integridad de las distintas delegaciones de los procesos sociales que participan en la Minga.
 
Desde el 10 de marzo, le piden al mandatario que presida unas conversaciones con las que esperan se construya la hoja de ruta para ejecutar los compromisos pendientes con esa región. En el Cauca siguen esperando al mandatario, mientras la tensión crece y hay pocas luces de que el diálogo comience. El presidente asegura que no cederá a la presión que se agudiza con la extensión de los bloqueos y que ya empieza a generar preocupación en los gremios empresariales y comerciales.
 
Según el Consejo Regional Indígena del Cauca, para resolver los compromisos adquiridos con estas comunidades es necesaria una inversión de 3,6 billones de pesos (más de un millón de dólares) que serían ejecutados en este cuatrienio. La respuesta del gobierno es que esta población ya quedó incluida en un capítulo particular del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene presupuestado 10 billones de pesos para los próximos cuatro años. Para las comunidades, el gobierno, a pesar de ser reciente, no demuestra voluntad para resolver la situación de la población.
 
Los indígenas reclaman su inclusión de las comunidades étnicas en el Plan Nacional de Desarrollo, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, la protección a los líderes sociales, el respeto a la soberanía, el uso de la tierra, la garantización de las consultas previas y la defensa de la paz, acuerdos adquiridos por gobiernos anteriores y que siguen sin cumplirse en el gobierno del ultraderechista Iván Duque.
 
Las comunidades siguen esperando que Duque cumpla su promesa, dos días después de asumir el cargo en agosto, de iniciar conversaciones para trazar una ruta en su gobierno que permitiera subsanar las necesidades prioritarias de los pueblos étnicos y campesinos.
 
“El Gobierno tiene radicados en el Congreso unos proyectos que son totalmente agresivos con las poblaciones indígenas”, explicó Giovanni Yule, portavoz del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Para las comunidades, el presidente debe revisar el proyecto que busca reformar la Ley 160, que le quitaría la función ecológica y ambiental al uso de la tierra en el país. Las comunidades consideran que el gobierno corre el riesgo de instrumentalizar la tierra y convertirla en mercancía para las multinacionales.
 Dentro de las exigencias que le han expresado al Gobierno, esperan que se garantice la comunicación alternativa y que el presidente no permita la privatización de las comunicaciones en general, que no haya una reforma al derecho de la tutela ni que se le pongan límites a la protesta social.
 “No estamos de acuerdo con el ‘fracking‘. Este mecanismo generará grandes afectaciones a nuestro territorio, así que le vamos a plantear este debate al Gobierno nacional”, agregó Giovanny Yule. Los líderes de estas comunidades se levantaron de una mesa de Comisión Mixta porque consideraron que el gobierno le estaba dando la espalda a las peticiones.
 
Según el Cric, en la Comisión Mixta se avanzó y lograron plantear que en el marco de la consulta previa al Plan Nacional de Desarrollo se dejaran dentro del presupuesto de la nación recursos para los programas afines a los pueblos indígenas. Sin embargo, cuando el Gobierno radicó el proyecto en el Congreso, sacó el capítulo étnico y simplemente lo dejó como uno de los anexos. Es decir, que no aparecen dentro de la estructura.
 
Duque apenas respondió: “Yo no voy a entrar a hacer juicios hacia atrás, pero sí tengo que mencionar que muchas veces se han hecho acuerdos imposibles, acuerdos multimillonarios que el Estado firma sin tener la capacidad de cumplir y eso no está bien”, dijo sobre los 3,6 billones de pesos que asegura el Cric son necesarios para lograr el cumplimiento de los acuerdos anteriores.
 
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que “son sectores de oposición al gobierno. Lo que esperan con la reunión que le están planteando al presidente es que el mandatario hable de temas como “el fracking, el control a grupos paramilitares, las objeciones a la JEP y la mortandad de peces en Hidroituango”.
 
“Todas las peticiones que hacemos por naturaleza son políticas, nosotros no podemos sustraernos del ejercicio político de nuestros planteamientos reivindicativos. Lo que s estamos solicitando es en el marco de nuestros planes de vida. ¿Que han venido otros sectores a respaldar la minga? Sí. Han venido congresistas indígenas, de la bancada opositora, se han pronunciado congresistas liberales. Bienvenidas todas las fuerzas que apoyan esta causa”, explicó Yule.
 
A las peticiones de los líderes indígenas se sumaron 1.200 organizaciones sociales y de derechos humanos que a través de una carta le hicieron llegar al presidente Duque su respaldo a la protesta. A los firmantes del documento les preocupa, sobre todo la intervención de la fuerza pública en las manifestaciones.
 
“Rechazamos el tratamiento militar que su Gobierno le está dando a la protesta campesina, negra e indígena, con un alto saldo de personas heridas, golpeadas y retenidas, además del asalto brutal al campamento de uno de los cinco puntos de concentración, en el que el Esmad quemó la totalidad de las carpas, con sus víveres, colchones y prendas de vestir, pertenecientes a las 150 familias ubicadas allí, en el corregimiento de El Cairo, en el municipio de Cajibío”, dijeron.
 
De acuerdo con Diana Sánchez de la Asociación Minga, siempre le han pedido al Gobierno que no envíe como primera respuesta a la fuerza pública “porque siempre terminan negociando, pero después de que hay heridos e incluso muertos".
 
"Como se agotó el tema de las reuniones con los ministros, la Minga está exigiendo que venga directamente el Presidente y diga cómo es que va a ser el presupuesto. Esperamos firmar unos actos administrativos que nos permitan garantizar la inversión en estos cuatro años a los territorios indígenas", explicó Giovanni Yule.
 
El comandante de la Policía del Cauca, coronel Fabio Rojas, aseguró que la protesta estaba infiltrada por disidencias de las Farc y que prueba de ello es la influencia de grupos delictivos en el lugar de la Minga. Sin embargo, el oficial reconoció que las autoridades no tienen evidencia de que haya infiltración y dijo que entre campesinos e indígenas tienen frentes organizados que han aprendido a organizar los explosivos, excusa utilizada usualmente para deslegitimar las manifestaciones y justificar la represión.
 
Lo cierto es que los bloqueos sobre la vía Panamericana mantienen sin acceso terrestre a la principal arteria vial que conecta al centro con el suroeste del país, cortando el abastecimiento de al menos cuatro departamentos. Por el corredor se transportan en promedio 64 toneladas diarias entre alimentos y se abastece de combustible para el servicio público de transporte urbano. También está paralizado el transporte de materias primas que entran y salen hacia y desde Ecuador.
 Camilo Rengifo Marín
Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
 http://estrategia.la/2019/03/24/paro-indigena-en-el-cauca-una-bomba-social-que-duque-no-atiend
 https://www.alainet.org/es/articulo/198914

Carlos Aznárez    
6/10/2019

Lo de Ecuador es la puesta en práctica del manual coercitivo del Fondo Monetario

No es igual al Caracazo venezolano de 1989 pero se le parece bastante. En esa ocasión también el mandatario Carlos Andrés Pérez, atado de pies y manos a las imposiciones del FMI decidió subir los precios de los pasajes del transporte público y estalló la rebelión popular que con el tiempo sirvió de antecedente para parir la actual Venezuela Bolivariana, Hugo Chávez mediante.

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Matthieu Le Quang
Rebelión 10-04-2019

Mayo de 2017: después de una victoria estrecha frente a Guillermo Lasso, el nuevo presidente del Ecuador Lenin Moreno sucede a Rafael Correa luego de diez años de transformación del país a través de un proceso que se denominó Revolución Ciudadana. Los actores y los analistas políticos veían en el nuevo presidente la continuación de este proceso político, con algunos cambios de forma en la manera de hacer política (sobre todo con menos conflictividad discursiva), como lo anunciaba su lema de campaña “continuidad con cambios”.
Marzo de 2019: después de menos de dos años en el poder, el nombre de la “Revolución Ciudadana” ha desaparecido de todos los soportes comunicacionales del gobierno; las tensiones aparecidas a partir de septiembre del 2017 hicieron explotar el partido ganador de las elecciones presidenciales y legislativas, Alianza PAIS; la consulta popular de febrero de 2018 permitió trastornar de manera radical la institucionalidad del país; y se instaló poco a poco un nuevo programa de gobierno que se puede calificar de neoliberal. Los cambios han sido muchos más profundos y radicales que lo previsto, sin ninguna continuidad con el proceso anterior. Más bien, las alianzas políticas se han rediseñado al mismo tiempo que se desacredita todo lo sucedido en la década pasada que, en el discurso de los voceros gubernamentales, es sinónimo de despilfarro de los fondos públicos, de corrupción o de ampliación de un Estado obeso para obedecer al autoritarismo de Rafael Correa.
Este giro político de Lenin Moreno acaba con una década de post-neoliberalismo para lanzar de nuevo el país en los devastadores brazos del Fondo Monetario Internacional (FMI) con la excusa de intentar resolver la fuerte crisis económica, responsabilidad, según ellos, del gobierno de Rafael Correa. Antes de analizar lo sucedido en el último año en Ecuador, es preciso volver sobre lo que es el neoliberalismo para entender mejor lo que está pasando.
1. ¿Qué es el neoliberalismo?
A pesar de que sus primeros experimentos políticos tuvieron lugar en el Chile de Pinochet, son los gobiernos de Thatcher en Reino Unido y Reagan en Estados Unidos, al inicio de los años 1980, que hicieron del neoliberalismo un modelo socio-económico a copiar en otros países. Sus bases teóricas se construyeron desde los años 1930 con el intelectual Fredrich von Hayek, alrededor de dos temas claves: la defensa del liberalismo político – principalmente la democracia representativa y el Estado de derecho – y la oposición a toda intervención del Estado en las actividades económicas. Después de la Segunda Guerra Mundial, el keynesianismo se impuso en todos los países centrales del capitalismo mundial lo que hizo que los neoliberales tuvieron que esperar su crisis en los años 1970 para surgir como una alternativa a este sistema. Para eso benefició de las redes que había tejido antes y que se articulaban alrededor de algunos think tanks [2] que se convirtieron en instancias privilegiadas del activismo político de los intelectuales neoliberales. Ahí podían influir directamente, a través de la lucha de ideas, en los campos económicos y políticos reuniéndose con otros académicos, ciertos políticos de derecha (principalmente del partido conservador en Reino Unido), editorialistas de medios de comunicación importantes y algunos grandes empresarios. Pero una cosa es establecer las condiciones intelectuales para crear opiniones, influir en la elite política, económica y mediática; otra es hacer de esta idea una fuerza política capaz de ser ejecutada en el campo político. Para lograr este objetivo, los think tanks neoliberales aprovecharon de una coyuntura favorable con la crisis del keynesianismo, el cuestionamiento de un modelo basado en una importante intervención del Estado y la crisis política que atravesaba Reino Unido y el partido conservador.
Una vez que este modelo llegó al poder con Thatcher y Reagan, se ha convertido progresivamente en hegemónico a nivel mundial. En sus cuarenta años de vigencia, ha evolucionado adaptándose a las crisis que el mismo genera: “ el neoliberalismo se nutre actualmente de las reacciones de hostilidad que suscita.” Al principio, se ejecutó en los campos económico y social con el apoyo de una cierta institucionalidad y de normas jurídicas para luego propagarse en los campos políticos, culturales, intelectuales, entre otros. Siguiendo a Gilles Christoph, concebimos el neoliberalismo como un “sistema complejo” es decir “un conjunto de elementos unidos por relaciones de interacción y de interdependencia, de las cuales emerge una estructura coherente, ordenada.” [3]
Para que este sistema pueda existir y ser coherente, el neoliberalismo necesita de la acción del Estado para crear las condiciones favorables a la expansión de la libre competencia – entre empresas pero también entre países para atraer las inversiones –, la libre circulación de los capitales, es decir someter a los países e individuos al orden económico. Se necesita de un Estado que legisle y adopte normas para que el derecho privado prima sobre lo público y los individuos, para disminuir el precio del trabajo y la carga tributaria para las empresas. También los Estados deciden someterse a instituciones internacionales que garantizan el funcionamiento del orden neoliberal como son la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial o la Unión Europea.
Se trata de una nueva “razón-mundo” [4] que se basa en la extensión de la lógica capitalista en todas las esferas de la sociedad y de la vida. Es parte de la evolución del capitalismo como nueva etapa de acumulación de capital que se esparce territorialmente en todos los rincones del mundo. Dentro de la historia del capitalismo, el neoliberalismo corresponde a su fase financiera, sucediendo al capitalismo mercantil y al industrial. Esta financiarización de la economía se acompaña de la globalización de los intercambios comerciales y de la mercantilización de todos los espacios. Un ejemplo de esto es el éxito recién del concepto de economía verde que, aprovechando de la crisis ambiental y del cambio climático, abre nuevas oportunidades y mercados para el capital, valorizando , entre otras cosas, la naturaleza para mercantilizarla.
El neoliberalismo es inseparable del productivismo y del consumismo que empezó a aparecer en los años 1950 en las sociedades occidentales pero también del individualismo de los años 1970. El ser humano ya no es visto como un ser social sino como un consumidor, lo que vuelven más borrosos los vínculos sociales, el sentimiento de pertenencia a una colectividad común. Las consecuencias en la vida en comunidad son importantes porque ese individualismo lleva a concentrarse en la esfera privada considerada como el núcleo base para la emancipación y el respeto de las libertades individuales. La desafección por la política es real y se expresa, entre otras cosas, por porcentajes cada vez más importantes de abstención electoral o por un alejamiento de los partidos políticos. La satisfacción de las necesidades y deseos individuales y la búsqueda de la realización personal son los principales objetivos de este individualismo para alcanzar la felicidad.
El sistema neoliberal se mantiene alimentándose de las diferentes crisis. Por ejemplo se pensaba que la crisis de 2008 iba a generar un cambio de orientación en las políticas públicas en el centro capitalista yendo hacia un post-neoliberalismo. Pero no fue así y asistimos más bien a una radicalización neoliberal reafirmando así que el neoliberalismo gobierna a través de las crisis: “La crisis se ha convertido en un verdadero modo de gobierno” [5] . Aunque tenga que tomar medidas contrarias a la mayoría de la población, la prioridad es salvar al capital y relanzar la economía.
2. La deriva neoliberal de Lenin Moreno
Fue con el argumento de afrontar la crisis económica que el presidente Lenin Moreno dejó de lado el programa con el cual ganó las elecciones presidenciales de 2017 para apropiarse las críticas y las soluciones de sus opositores durante estas elecciones. Si repite desde dos años que heredó de una crisis económica fuerte (“La mesa no estaba servida”), de un sobreendeudamiento público y de un Estado obeso que vivía por encima de las capacidades financieras del país, parece más bien que esta crisis ha sido inducida para facilitar la aceptación de las medidas de shock que está implementando para resolverla: austeridad presupuestaria, privatizaciones, disminución de los subsidios, eliminación de ciertos impuestos para las empresas, etc.
En los tres últimos años en el poder, el gobierno de Rafael Correa tuvo que afrontar una crisis económica que venía de cuatro componentes: la dependencia de la economía ecuatoriana a la volatilidad de los precios internacionales de las materias primas (entre 2014 y 2016 el precio del petróleo pasó de cerca de 120 dólares a 20 dólares en sus niveles más bajos); la presencia de un dólar fuerte, lo que tiene consecuencia para sus exportaciones; la devaluación de las monedas de los países vecinos, Perú y Colombia, lo que disminuye la competitividad de sus productos; y las consecuencias económicas del terremoto de abril de 2016 evaluadas en alrededor del 3% del PIB. Además del pago de más de 1000 millones de dólares a la petrolera OXY por un arbitraje internacional a inicios de 2016.
Este periodo de crisis ha profundizado la polarización política y la frontera correismo/anti-correismo. Las manifestaciones de junio de 2015 , las más importantes que tuvo que afrontar la Revolución Ciudadana, mostraron el descontento de una parte de las clases medias, producto, en gran parte, de las políticas públicas de la Revolución Ciudadana pero muy sensibles a los discursos consumistas. Fue por eso que se movilizaron cuando se tomó la decisión de implementar salvaguardias (aranceles) para desincentivar ciertas importaciones y la consecuente salida de divisas. Durante los diez años de la Revolución Ciudadana, a pesar de la existencia de un cierto discurso hegemónico en cuanto a la apropiación de los derechos sociales, no hubo cambios profundos en lo que Gramsci llama el sentido común [6] a partir del cual se construye formas específicas de subjetividad: no se ha desarrollado una contra-hegemonía cultural al neoliberalismo [7] . Además no ha sido posible tampoco luchar contra un discurso anti-impuestos muy vinculado con un discurso anti-Estado, herencia de los años neoliberales pre-Revolución Ciudadana.
Así la base cultural del neoliberalismo seguía presente cuando llegó Moreno al poder. El rol de los medios de comunicación es fundamental para alimentar este sentido común neoliberal. Los medios privados han actuado como actores políticos y han sido uno de los principales opositores de la Revolución Ciudadana. No es una casualidad que ahora se han convertido en una caja de resonancia del gobierno de Moreno, medios privados y públicos apoyando al unísono el cambio de rumbo de la política gubernamental. Ellos son parte del bloque de poder actual sobre el cual se apoya el gobierno de Lenin Moreno y que está conformado por cuatro otros sectores cuyo denominador común es el anti-correismo. Es necesario precisar el rol de los diferentes actores y sus alianzas porque el neoliberalismo debe analizarse también como un conjunto de relaciones de poder que someten la sociedad a la lógica de acumulación del capital.
El primer sector del bloque de poder lo constituyen las cámaras de la producción (comercio, industria) que habían perdido el poder de decidir sobre la política económica durante la década anterior. Su mayor representante dentro del gobierno es el ministro de Economía y finanzas Richard Martínez que hizo toda su carrera profesional dentro de las cámaras empezando como técnico para llegar a ser, desde 2015, Presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, Presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y Presidente Ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. El segundo sector es la derecha encabezada por el Partido Social Cristiano cuyo líder es el actual Alcalde (saliente) de Guayaquil, Jaime Nebot el cual se proyecta como uno de los principales presidenciables para las elecciones de 2021. El PSC es el principal aliado del oficialismo en la Asamblea nacional y participa en la repartición de las diferentes instituciones públicas por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de transición. En este CPCCS transitorio cuyas conformación y misiones vienen de la Consulta Popular de febrero de 2018 , confluye otro sector que participa del bloque de poder: las organizaciones políticas, sociales y sindicales de izquierda que se oponían al gobierno de Correa. Ahí están presentes algunos socialistas liderados por el ex rector de la Universidad Andina Enrique Ayala Mora o el movimiento indígena alrededor de la CONAIE, cuyas demandas particulares han sido satisfechas, como el retorno de la autonomía de la educación intercultural bilingüe o la reapertura de la Universidad Intercultural Amawtay Wasi . La CONAIE participa también en la repartición de las instituciones estatales, ya que la nueva presidenta del Consejo Nacional Electoral es dirigente de esta organización. Finalmente, el último sector está representado por la alta sociedad civil simbolizada por el ongismo y el poder importante de representantes del pequeño movimiento político Ruptura de los 25 (como el Secretario particular de la Presidencia Juan Fernando Roldan y la Ministra del Interior y también Secretaria de la Política María Paula Romo).
Paradójicamente este bloque de poder es muy cercano a la alianza electoral que se forjó durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2017 en apoyo a Guillermo Lasso para confrontar a Lenin Moreno, en ese entonces candidato de la Revolución Ciudadana. Con la gran diferencia que Lasso se queda como opositor al gobierno actual, dejando el espacio a Nebot. Se trata del remplazo de la estructuración política tradicional alrededor del eje izquierda/derecha por un “neoliberalismo progresista” en el cual algunos nuevos movimientos sociales se alían con los poderes económicos y financieros, en este caso para poner fin al correismo (durante las elecciones) y con el objetivo de “descorreizar” las instituciones públicas a través, por ejemplo, del CPCCS de transición.
Este bloque de poder legitima las reformas económicas neoliberales implementadas por los sectores empresariales que están representados directamente en el gobierno, generando así conflictos de intereses en su sector. Laval y Dardot hablan de la “esencia oligárquica de la “gobernanza neoliberal” […] un modo hibrido de ejercicio del poder que se sostiene a la vez en el gobierno de unos pocos o de la elite, en el sentido de una expertocracia, y en un gobierno para los ricos, en el sentido de su finalidad social.” [8] Además del ministro Martínez, los casos más emblemáticos son los ministros de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez quien está vinculado al sector petrolero internacional como Halliburton; de Agricultura y Ganadería,  Xavier Lazo quien viene del sector bananero; del Ambiente, Marcelo Mata, abogado especializado en licencias ambientales para Petroecuador; de Transporte y Obras Públicas, Aurelio Hidalgo, quien fue director de varias concesionarias fluviales y viales en Ecuador y en otros países y cuya familia tiene una de las principales empresas de construcción a nivel nacional ( Hidalgo   &  Hidalgo S.A. ); de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Guillermo León Santacruz, un empresario del sector de informática y telecomunicación; de Producción, Comercio Exterior , Inversiones y Pesca, Pablo Campana, quien tiene una larga trayectoria en el sector empresarial, principalmente en uno de los grupos económicos más grande del país, el grupo Nobis de su suegra Isabel Noboa.
Este último influyó en la Ley de Fomento Productivo para eliminar el impuesto a la salida de divisas (fundamental en una economía sin moneda propia) para las nuevas inversiones, y ha estado atrás de los procesos para la firma de tratados de libre comercio con EEUU y Canadá, así como de retomar la firma de tratados bilaterales de inversión (TBI). El objetivo de los grandes grupos económicos es la eliminación de este impuesto bajo el discurso de incentivar la inversión extranjera. En la lógica neoliberal, n o se puede controlar el capital, ni poner impuestos al capital. Más bien hay que protegerlo y atraerlo con subsidios y otras exoneraciones. Es esta lógica que constituye el espíritu de la Ley de Fomento Productivo , además de poner obstáculos para que el Estado tenga un rol activo en la economía.
Las reformas económicas están acompañadas por una política de austeridad que busca la eliminación de ministerios y secretarias de Estado así como la disminución del número de servidores públicos bajo el argumento de eficiencia y de acabar con la “obesidad” del Estado, sin precisar cuál sería su tamaño ideal. Es con el mismo argumento que se quiere concesionar la administración de ciertas empresas públicas (un tipo de privatización), principalmente las vinculadas con el sector de telecomunicación y de hidroelectricidad que son las más rentables. El mercado sería más eficiente para la administración de estas empresas y el lenguaje empresarial domina los discursos gubernamentales. Esta reforma del Estado está cobijada en e l discurso de la lucha contra la corrupción, la cual se aplica solo a los servidores públicos, y no a los actores privados, para desgastar lo público y legitimar el debilitamiento del Estado.
Otra política de austeridad que se está implementando es la de bajar los sueldos en la función pública, lo que tendrá consecuencia también sobre el nivel de los sueldos en el sector privado. Si se añade a esta acción la desvinculación laboral de decenas de miles de funcionarios, estos estarán listos a cobrar un sueldo menor para encontrar un nuevo trabajo. La política de bajos sueldos está reclamada por los sectores empresariales bajo el argumento de bajar los costos de producción de las mercancías ecuatorianas y así poder competir en los mercados internacionales, ya que Ecuador tiene uno de los sueldos básicos más altos de América Latina. El próximo objetivo anunciado por el gobierno es la flexibilización del mercado laboral con cambios en el Código laboral.
Todas estas reformas neoliberales se han efectuado para preparar la llegada de la ayuda financiera del FMI. A principio de marzo, en medio de la campaña para las elecciones locales, en las cuales, oficialmente, el gobierno no participó, se firmó el Acuerdo con el FMI. Al momento de escribir este artículo, todavía no se conoce los alcances de este acuerdo que, con el apoyo de otros organismos internacionales, llegaría a prestar al Ecuador unos 10 000 millones de dólares. Se dio a conocer unas reformas legislativas en las cuales se afirma la prevalencia del mercado y de la libre competencia en contra del modelo anterior centrado en la acción del Estado como motor de la economía. El programa político está orientado en el cuidado de los grandes equilibrios macroeconómicos como el fin del déficit comercial, la reducción de la deuda del Estado y del déficit público. Otros señales tienen que ver con la disminución de los subsidios a la gasolina súper y extra, las próximas concesiones de la gestión de los bienes públicos al sector privado, la voluntad de flexibilizar el mercado laboral, etc.
A pesar de decir constantemente lo contrario, en ningún país del mundo se ha podido combinar neoliberalismo y protección social. Hay que temer consecuencias negativas para la sociedad ecuatoriana, entre éstas el aumento de la desigualdad social y de la pobreza. La pregunta que queda por hacer: ¿cuál será la capacidad de resistencia social frente al deterioro social que ocurrirá con estas medidas? El ambiente de polarización política correismo/anti-correismo no ayuda en este panorama porque divide las fuerzas populares y favorece al bloque de poder. La etapa que se abrirá luego de las elecciones locales que tuvieron lugar el 24 de marzo nos dará primeras respuestas.

El autor es Candidato al doctorado en ciencia política de la Universidad de Paris 7.
[2] Los cuatro principales think tank neoliberales en los años 1970 eran la Sociedad Mont Pelerin, el Institute of Economics Affairs, el Centre For Policy Studies y el Adam Smith Institute. Además de ser co-fundadores del primero, Hayek y Friedman tuvieron roles muy importantes en todos estos organismos. Ver Dixon Keith, 1998, Les évangélistes du marché, Paris, Raisons d’Agir Editions.
[3] Christoph, Gilles, 2010, “Le néolibéralisme: un essai de définition”, en Espiet-Kilty, Raphaële (dir.), Libéralisme(s) ?, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, p. 82.
[4] Dardot, Pierre, Laval, Christian, 2009, La Nouvelle Raison du monde. Essai sur la société néolibérale, Paris, La Découverte.
[5] Dardot, Pierre, Laval, Christian, 2016, Ce cauchemar qui n’en finit pas. Comment le néolibéralisme défait la démocratie, Paris, La Découverte, p. 32.
[6] Gramsci, Antonio, 2015, Cartas desde la cárcel, Buenos Aires, Editorial Losada.
[7] La inclusión del concepto del Buen Vivir en la Constitución hubiera podido disputar la hegemonía del sentido común neoliberal.
[8] Dardot, Pierre, Laval, Christian, 2016, Ce cauchemar qui n’en finit pas. Comment le néolibéralisme défait la démocratie, Paris, La Découverte, p. 24.