Por David Cufré
PAGINA12 - 19/05/2018
En agosto de 2016 el Banco Central eliminó la última restricción que existía para la compra de dólares en el mercado oficial de cambios. La medida solo podía favorecer a la elite más acomodada de la Argentina, aunque sus consecuencias recaerían sobre todo el país. La familia del presidente Macri y varios de los integrantes del gabinete se cuentan entre los beneficiados por aquella resolución de Federico Sturzenegger, dado el volumen de las fortunas que exhiben en sus declaraciones juradas.

Javier Tolcachier
10/05/2018

En una escueta comunicación televisiva, el presidente Macri anunció que su gobierno solicitará una línea crediticia al Fondo Monetario Internacional. Dicho anuncio, junto a la desbocada apreciación del dólar producto de una corrida financiera en curso, encendieron la alarma roja en gran parte de la población.

Por David Cufré
Pagina12 - 5/05/2018

“Los anuncios de ayer del Gobierno son más de lo mismo: subir las tasas de interés, dilapidar reservas y forzar a los bancos a vender dólares. Puede durar unos días y luego volveremos a lo mismo pero más endeudados, con menos reservas y mucha menos credibilidad”, escribió el ex viceministro de Economía de Carlos Menem a fines de los ‘90, Carlos Rodríguez. Es una visión en la que coinciden economistas de distintas escuelas: el modelo de Cambiemos es inviable y las medidas desesperadas que tomó en los últimos días, desde el sacrificio de más de 7000 millones de dólares de las reservas a la suba de más de 12 puntos de la tasa de interés, pasando por el indulto a las operaciones de dólar futuro y la entrega de divisas que deberán hacer los bancos, apenas están consiguiendo contener una corrida cambiaria que barrió de un plumazo con todos los supuestos que guiaban la política oficial.

El caso Maldonado en perspectiva histórica, de Carrasco a hoy -  Martin Granovsky
Todas las miradas, una mirada
Las muertes resonantes siempre tienen algún impacto político. Pero no es fácil desentrañarlo. Seguramente también tocan alguna fibra de la sociedad. El asunto es cuál, cuándo y cómo.
22 de octubre de 2017
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La muerte de Santiago Maldonado tiene puntos de contacto con otras muertes, como el homicidio del conscripto Omar Carrasco en marzo de 1994, cuando hacía el servicio militar en Zapala.
Políticamente el desafío fue resuelto con presteza por el presidente Carlos Menem, entonces en su primer mandato. Tardó solo cinco meses en anular la conscripción obligatoria. Lo hizo por un decreto que firmó el 31 de agosto. Unos días antes, el 22 de agosto de 1994, habían terminado de sesionar los constituyentes que cambiaron la Carta Magna e introdujeron la posibilidad de una reelección. En 1995 Menem se presentó a elecciones y revalidó su mandato contra la fórmula de José Octavio Bordón y Carlos Chacho Alvarez por 49,94 por ciento a 29,3 por ciento. No solo ganó con la muerte de Carrasco en contra. Superó incluso el lastre de la desocupación, que había llegado a un 18,4 por ciento en mayo de 1995, el peor índice del período 1989-1999, sus diez años en la Casa Rosada. Con crisis y todo, hiperinflaciones incluidas, la desocupación había sido del 7,7 por ciento en 1989 y del 7,4 por ciento en 1990. Luego crecieron, juntos, el Producto Bruto Interno y el desempleo. Mayo del ‘95, cuando se produjo el pico de desocupación, fue el mismo mes de las elecciones. Al parecer ni la falta de trabajo de una parte de la sociedad ni el miedo a perder el empleo explican por sí solos el voto.

Pagina12 15/08/2017

Al anunciar la interrupción del escrutinio en la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional proclamó que el resultado era un “empate técnico” y que el desenlace recién se conocería con el escrutinio definitivo, que la Cámara Nacional Electoral terminará en diez días.
Ese tribunal alzó la voz el 27 de junio para alertar a la ciudadanía que el Poder Ejecutivo ni se había dignado responder a sus propuestas para “el fortalecimiento del proceso electoral”, que incluían el traspaso del escrutinio provisorio a la justicia para evitar interferencias políticas. Según la Acordada que firmaron los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, era necesario que la ciudadanía supiera que el tribunal no participó en las operaciones atinentes al diseño, planificación, organización, procesamiento, cómputo y difusión de los resultados del escrutinio provisorio “ni tampoco en la contratación de prestadores de servicios a tales efectos”. Todo eso continúa bajo la órbita exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional, precisaron en previsión de lo que ocurriría.