Eduardo Giordano,
El Viejo Topo
Resumen Latinoamericano / 1 de noviembre de 2018 /

En el origen de las crisis económicas que periódicamente sacuden a Argentina siempre ocupa un lugar privilegiado la cuestión de la deuda externa. Este fue el caso al final de la última dictadura militar, y también después de la década neoliberal del peronista Carlos Menem. La tremenda crisis de 2001, que pulverizó el mito de la convertibilidad del peso con el dólar, comenzó como corrida bancaria y concluyó en cesación de pagos, con gravísimas consecuencias para los ciudadanos y alto riesgo para los prestamistas. Durante los doce años de gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, la deuda externa se renegoció con los acreedores y, en lugar de contraer más deuda, se aprovechó la coyuntura internacional favorable a las exportaciones argentinas para cancelar anticipadamente pagos de deuda al FMI. Al relativo desendeudamiento del período kirchnerista le siguió el veloz reendeudamiento del macrismo.

La política fiscal del gobierno de Macri también supuso un giro radical. Los gobiernos kirchneristas recurrían al uso intensivo de las retenciones fiscales a las exportaciones de productos agrícolas como principal fuente de ingresos en divisas. Macri descartó inicialmente esta posibilidad para contentar a sus aliados del sector agroexportador y a sus electores de las clases medias rurales, pero acabó reinstaurando en parte este impuesto -calificándolo de “malísimo”- después de la crisis cambiaria de agosto de 2018.

Argentina: colapso económico y crisis financieraDesde su llegada al gobierno, Macri redujo impuestos al capital y equilibró sus presupuestos sobreendeudando al país en los mercados internacionales, incluso por plazos tan largos como cien años, y pagó a los fondos buitres la vieja deuda reclamada por ellos de la que renegó el gobierno anterior. Simultáneamente, el gobierno de Macri estimuló la llegada al país de capital especulativo (el llamado capital “golondrina”) y volvió al redil de los organismos financieros internacionales, que habían permanecido ajenos al devenir de la economía argentina entre los años 2001 y 2015.

Aunque Mauricio Macri y su equipo ahora recurren al contexto internacional y a la llamada “pesada herencia” del gobierno anterior para explicar el terremoto económico que hoy aboca a Argentina a otra crisis financiera, esta situación es el resultado previsible de las políticas neoliberales aplicadas durante sus primeros dos años y medio de gobierno. Estrictamente no se trata de un “fracaso” de sus planes, sino al contrario, de la contrapartida por haberlos cumplido (considerando los objetivos reales, no las promesas electorales). El macrismo no tiene otro proyecto económico para Argentina que no sea el de favorecer a las rentas más altas y convertir al país en paraíso de la inversión global. Para ello necesita aplicar una política muy regresiva de redistribución del ingreso, favorable a las clases altas representadas en el propio gobierno, abaratando los costos laborales con mayor desempleo y elevada inflación.

Sin embargo, el equipo de Macri se equivoca de lugar y de momento para aplicar esta política: el territorio ya ha sido devastado (hasta tres veces durante las últimas cuatro décadas) por crisis económicas generadas por políticas que siguieron el mismo patrón neoliberal; y esta época ya no es receptiva al discurso macrista de la apertura del país al mundo, precisamente cuando la tendencia de los países a los que se dirige ese discurso va en sentido contrario, hacia el repliegue interior y la producción nacional, como es el caso de Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump -la potencia admirada por ellos- o la Inglaterra del brexit, países que hoy se recluyen completamente al interior de sus fronteras nacionales. Mauricio Macri y su equipo irrumpieron en el mundo de hoy ofreciendo de forma entusiasta la disponibilidad de Argentina a sumarse a una estrategia de globalización de la que buena parte del mundo se está descabalgando o reniega por completo.

Ciclos de endeudamiento, inflación, crisis y ajuste

En la historia económica reciente de Argentina, los ciclos de endeudamiento combinados con políticas fiscales favorables al capital concentrado de los grandes grupos económicos siempre llevan a una abrupta recesión, con elevada inflación, fuga de capitales, aumento del desempleo, reducción del salario y empobrecimiento general de la población.

Argentina: colapso económico y crisis financieraUn antecedente es el sistema económico impuesto en los años setenta por la dictadura de Videla y su ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz, que concluyó en un rotundo colapso y dejó al país hiperendeudado. La inmensa deuda externa contraída por Argentina entre los años 1976 y 1982 era absolutamente innecesaria en un contexto internacional favorable a sus exportaciones y con superávit de la balanza comercial. Una investigación sobre ese período cuantifica en cerca de 25.000 millones de dólares los capitales fugados del país mientras se aspiraban divisas contrayendo más deuda. Los dólares que entraban al país se evadían a cuentas de particulares en el exterior: “Como garantía de ese depósito, los bancos les daban nuevos créditos que entraban en la Argentina como deuda externa, lucraban con la mayor tasa de interés, lo reconvertían a dólares y realizaban un nuevo depósito… seguido por otro préstamo, y así indefinidamente. Es lo que se llamó la ‘bicicleta financiera’.”

Otro antecedente bien conocido es el del presidente del partido Justicialista que giró abruptamente al neoliberalismo, Carlos Menem, quien a través de su ministro de Economía Domingo Cavallo aplicó nuevamente la “medicina” del ajuste social, combinada con un reguero de privatizaciones de empresas públicas estratégicas y cesión de soberanía política en los foros internacionales. Argentina perdió el control de su política monetaria, al establecer la paridad obligatoria del peso con el dólar estadounidense. Se estableció un sistema favorable a la inversión extranjera, con apertura total de las importaciones y, como consecuencia de ambos factores, una importante desindustrialización que expulsó del mercado laboral al 25 % de los trabajadores industriales. A lo largo de sus dos presidencias, entre 1991 y 1999, la deuda externa argentina se incrementó en un total de 80.000 millones de dólares, un 150 % más que la deuda existente al comienzo de la década.

El deterioro de la economía durante las distintas crisis de los dos gobiernos de Menem (efecto tequila por la crisis de la deuda en México en 1994, devaluación del real brasileño y de otras monedas de los socios comerciales del Mercosur en 1995, y crisis asiática y de Rusia en 1997-98) prosiguió con el gobierno que lo sustituyó en el 2000, ya que el nuevo presidente, Fernando de la Rúa, candidato de una Alianza entre radicales (conservadores) y sectores escindidos del peronismo, aplicó una política económica continuista, recurriendo incluso a Cavallo como ministro de Economía y manteniendo entre otras medidas la paridad peso-dólar, una política que terminó en la renuncia del propio presidente en la mitad de su mandato. Sus efímeros sucesores fueron los encargados de tramitar la cesación de pagos (default), en medio de una desgarradora crisis social y de representación política durante 2001-2002. Como consecuencia de esta crisis sin precedentes, el producto interno (PIB) de Argentina se contrajo en 2002 a una tercera parte del alcanzado en 2001, y solo después de una década se volvió a alcanzar la cifra de este año.

Aquí se tensa completamente la siempre difícil relación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Como en muchos otros casos, el organismo financiero internacional actuó en Argentina como instrumento de penetración del capital transnacional, en un permanente juego de intereses con las élites económicas locales. Sus recetas altamente recesivas estuvieron en el origen de las mayores crisis. Después de la crisis de 2001, en la que la población identificaba claramente al FMI como uno de los principales causantes, la política kirchnerista (2003-2015) consistió en emplear los excedentes de la balanza comercial -aprovechando la bonanza de precios de las exportaciones agrícolas- para conseguir cierto grado de desendeudamiento.

Subordinación de la política económica al FMI

Durante la campaña electoral que lo llevó al gobierno, el presidente Mauricio Macri se comprometió a no volver a pedir financiación al FMI. No obstante, el 8 de mayo de 2018 el presidente se dirigió al país para anunciar que su gobierno iniciaba gestiones para volver a subordinar la política financiera y monetaria nacional a los dictámenes del FMI. La primera fase de esas gestiones concluyó un mes después, el 8 de junio, con el anuncio de que el Fondo concedería a Argentina una línea de crédito por 50.000 millones de dólares, el mayor préstamo de la historia del FMI, el cual fue calificado por la prensa internacional como un mecanismo urgente de “rescate” o “blindaje” de las finanzas del Estado argentino.

¿Por qué tomó Macri esta decisión aparentemente imprevista? ¿Necesitaba Argentina realmente ese préstamo de 50.000 millones de dólares que se fue a negociar con Christine Lagarde? ¿No existía otra posibilidad para equilibrar las cuentas de los años siguientes que seguir contrayendo deuda a largo plazo, justamente cuando los intereses de los créditos en divisa inician una carrera alcista y el aumento de las tasas de interés en pesos resulta una medida inútil para contener la devaluación?

Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda y la titular del FMI, Christine Lagarde

Los artífices de la política económica macrista tienen una comprensión limitada y un tanto ingenua del entorno mundial. A finales de junio de 2018, Argentina recibió la esperada calificación de “mercado emergente” por parte de la agencia calificadora MSCI (Morgan Stanley Capital International), que le permitiría salir en 2019 de la categoría de país “de frontera” (aplicada a los peores pagadores). El gobierno de Macri esperaba este momento, considerándolo clave para que se produjera la anunciada lluvia de capitales que ingresarían al país gracias el nuevo entorno económico creado por Cambiemos. Pero el cambio de calificación llegó en medio de una retirada general de los grandes fondos de inversión de los mercados emergentes. En un episodio de los llamados de “aversión al riesgo”, estos capitales ahora buscan refugio en la alta rentabilidad que ofrecen los bonos del Tesoro estadounidense. El aumento de las tasas de interés en dólares, sumado al incremento de la prima de riesgo de Argentina (riesgo país), frenó la entrada de nuevos capitales para especular con las altas tasas de interés locales. En este contexto de huida generalizada de capitales de los mercados emergentes, de poco le servirá a Argentina figurar entre los 24 países mejor calificados para la inversión extranjera después de los países desarrollados.

A pesar de su retórica favorable a las inversiones, no hubo inversión productiva durante el gobierno de Macri sino un veloz desmoronamiento de la industria, debido a la llegada masiva de importaciones, a la desregulación financiera y las altas tasas de interés que dificultan la financiación y, principalmente, a causa de la contracción del mercado interno por la caída del salario real y el aumento de la desocupación. Esta es la principal diferencia con la política económica de orientación keynesiana del gobierno anterior, que basó el crecimiento económico no solo en las exportaciones sino también, y en particular cuando cayeron los precios internacionales de las materias primas, en el estímulo continuado de la demanda interna. La política económica macrista no consiguió sus objetivos de atraer inversiones productivas ni de aumentar las exportaciones, pero sí logró frenar bruscamente el motor económico del mercado interno.

Una parte sustancial del ajuste que el gobierno de Macri pactó con el FMI afecta a los presupuestos provinciales. Las provincias recortarán sus gastos por las partidas que dejarán de llegarles del gobierno central; y además, emulando la mala gestión financiera y crediticia del gobierno, en muchos casos contrajeron préstamos en dólares con elevadas tasas de interés. Durante los dos primeros años del gobierno de Macri (2016 y 2017) varias provincias se endeudaron por un total de 12.200 millones de dólares. Las más endeudadas en divisas son las provincias más ricas: Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

El caso más notorio es el de la provincia de Buenos Aires, gobernada por la dirigente de Cambiemos María Eugenia Vidal, que contrajo una deuda superior a los 5.000 millones de dólares en sus dos primeros años de gobierno, una cantidad que representa el 76 % del total de la deuda de la provincia. A título indicativo, al primer tramo de esa deuda se le aplicó un interés superior al 9 % anual. Con la enorme volatilidad de la moneda argentina el costo de sostener esa deuda se incrementó proporcionalmente a la devaluación del peso.

Un precedente de deterioro económico de las provincias que ahora convendría recordar es la política de financiación restrictiva de Domingo Cavallo durante los gobiernos de Menem, que provocó la asfixia financiera en las cuentas provinciales y malestar contra el gobierno central. A Macri le convendría evitar que su equipo cometiese estos mismos errores, ya que aquí se juega el difícil equilibrio entre dirigentes políticos provinciales que pueden influir decisivamente en alcanzar el número de votos necesario para aprobar o rechazar propuestas del gobierno en el Congreso, como es el caso de los presupuestos del Estado, sometidos a la Cámara en septiembre.

La situación social se ve también agravada por los abruptos cambios en las condiciones de financiación. Muchas personas fueron alentadas a comprar viviendas con créditos contraídos en pesos a interés variable (llamados UVA) creyendo la ficción gubernamental de que se controlaría la inflación y ahora tienen enormes dificultades para pagar las cuotas. Además del desempleo y la escalada de los precios, el costo financiero de cualquier operación comercial está asfixiando a las familias. En Argentina es habitual que muchos objetos de consumo se financien con pagos de hasta 12 cuotas realizados con tarjeta de crédito, tanto si se trata de la compra de un electrodoméstico como de ropa, calzado o libros, por citar ejemplos frecuentes. Ahora bien, con el incremento de la tasa de interés oficial al 60 % anual, el llamado costo financiero total (CFT) que aplican los bancos emisores de las tarjetas en caso de aplazamiento de algún pago llega hasta el 120 % anual. Un interés sin ningún precedente en el mundo para las compras a crédito de bienes de consumo.

El fantasma de la dolarización

Como principal estrategia para contener la caída del peso durante la última crisis cambiaria, el Banco Central realizó subastas diarias de cientos de millones de dólares. Entre el 27 de agosto y el 14 de septiembre de 2018, las reservas en divisas disminuyeron en más de 5.300 millones de dólares, en ese intento ineficaz de blindar el tipo de cambio. En solo cuatro meses, desde que Argentina recibió el primer tramo de 15.000 millones de dólares del crédito negociado con el FMI, el fallido intento de frenar así la devaluación del peso consumió casi la totalidad de esa cifra. El conato de crisis financiera duplicó el riesgo país de Argentina, que saltó desde 300 puntos en diciembre hasta 750 puntos a mediados de agosto, en plena crisis, estabilizándose en 600 puntos un mes después.

En septiembre de 2018, en paralelo con la última devaluación que llevó el cambio del dólar a 40 pesos, empezó a hablarse vagamente de una posible dolarización de la economía argentina. Es probable que se tratara de un globo sonda lanzado por el gobierno para medir las reacciones de la sociedad ante una medida de semejante calado. La reacción imprevista fue alimentar con esos rumores la corrida cambiaria de esos días. No es casual que el equipo de Macri haya mantenido contactos con el ex superministro de Economía Domingo Cavallo, el artífice de la convertibilidad, o paridad fija del peso con el dólar durante el gobierno de Menem. Como a largo plazo esta paridad ficticia resultaba insostenible, la consecuencia final de esa política fue la grave crisis económica y social de 2001 y 2002, que hizo volar la convertibilidad por los aires y dejó encerrados en corralitos los ahorros de los ciudadanos.

La dolarización de la moneda argentina podría producirse ahora de dos formas: o bien manteniendo una moneda propia nominal, pero regida por el valor del dólar; o sustituyendo directamente el peso por el dólar. La primera forma de dolarización es la ya ensayada por Domingo Cavallo con el resultado bien conocido de la quiebra y cesación de pagos. La segunda es la que el mismo Cavallo asesoró para implantar en Ecuador, donde la moneda nacional fue sustituida por el dólar.

El amago de dolarizar la economía argentina tuvo como disparador la noticia de un supuesto trabajo conjunto del Tesoro de Estados Unidos con el Ministerio de Hacienda argentino para analizar una medida de este tipo, algo que fue inmediatamente desmentido. Hasta ahora el debate no se ha instalado en la sociedad, posiblemente porque no se percibe como una posibilidad real. Entre las élites de los negocios, la mayor parte de las consultoras entrevistadas por la prensa económica se mostraron contrarias a cualquier forma de dolarización.

La solución al desbarajuste económico creado por este equipo de ejecutivos que tomó el control del Estado no será nada fácil para quienes lo sucedan en el próximo gobierno. El ex Secretario de Finanzas Guillermo Nielsen, un economista que tuvo un papel destacado en el canje de la deuda argentina con el FMI realizado en 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner, criticó la falta de transparencia del actual gobierno en sus negociaciones con funcionarios del Tesoro estadounidense y advirtió sobre las consecuencias del alto endeudamiento: “El efecto de esto es que el gobierno entrante, cualquiera que sea, va a iniciar sus tareas teniendo que estar dentro de un acuerdo con el Fondo, pero sin tener los desembolsos”.

Las condiciones del Fondo

Al regreso de su viaje para negociar con el FMI en Estados Unidos, el ministro de Economía Nicolás Dujovne presentó un presupuesto a la medida del Fondo: déficit cero, recorte del gasto público nacional y en las provincias, despidos de más empleados del Estado…, con una inflación estimada para 2018 del 42 % y una caída del PIB del 2,4 %. También se prevé que continúe la recesión durante el año 2019, con una caída del 0,5 % del producto bruto. El último episodio anterior en el que hubo dos años seguidos de recesión desembocó en la crisis de 2001.

La caída de la actividad económica se acompaña del aumento general de la pobreza (28,6 % de la población) y en particular de la pobreza infantil, que ya llega al 42,5 % de los niños de todo el país en edades de 0 a 14 años. Aludiendo a estos datos con calculado dramatismo, el presidente Macri advirtió que los indicadores de pobreza serían aun peores el año próximo.

Este abandono del flanco interior del país se compensa desde el gobierno atendiendo con guantes de seda a los acreedores. En los nuevos presupuestos que el ministro Dujovne presentó al Congreso hay una cláusula que permitiría al gobierno renegociar los créditos en divisas “atendiendo a las condiciones imperantes del mercado financiero” y sin pasar por ningún control parlamentario. De esta manera, el equipo económico se asegura tener las manos libres para proseguir su política de endeudamiento. El servicio de la deuda (los intereses) es la partida presupuestaria para 2019 con el mayor incremento respecto al año anterior, un 49 % más que este año.

Luis Caputo

El mismo día que el gobierno cerró el acuerdo con el FMI en Nueva York, renunció a su cargo el presidente del Banco Central, Luis Caputo, financiero y amigo personal de Mauricio Macri; y lo hizo con una celeridad que permitía entender que el organismo financiero pedía su cabeza para destrabar un posible acuerdo. El equipo de Lagarde lo acusaba de haber despilfarrado muchos miles de millones de dólares en su estrategia para contener la devaluación del peso, cuando la política oficial del FMI es mantener la libre flotación de las monedas. En su lugar fue nombrado presidente del BCRA Guido Sandleris, segundo de Dujovne en el ministerio de Economía como Secretario de Política Económica, quien se comprometió a virar bruscamente la forma de intervención oficial para contener la inflación y la devaluación del peso, anunciando una nueva política restrictiva de la masa monetaria, con aun mayores tasas de interés, y endureciendo las condiciones para intervenir en el mercado cambiario.

Aunque era previsible que el FMI no desbloquearía los fondos para Argentina sin la salida de Caputo del Banco Central, la prensa financiera internacional empleó la noticia para resaltar la desconfianza de los mercados de capitales en la economía argentina. Por ejemplo, el Financial Times (28/09/2018) destaca en portada: “La crisis argentina se profundiza con la renuncia del presidente del Banco Central a tres meses de haber asumido”. Tampoco la revista Forbes celebró relajadamente el nuevo acuerdo con el FMI: “Argentina podría irse a pique rápido, luego que el presidente del Banco Central saltara del barco”. En el texto se advierte el talante del rápido veredicto de los mercados financieros: “La actual crisis se asemeja a la Argentina del 2001, al menos políticamente”, dice esta publicación del establishment económico internacional.

El alarmismo de la prensa económica anglosajona cuestiona la credibilidad de Argentina como país deudor. Mientras mantiene su respaldo al plan neoliberal que el gobierno de Macri ha diseñado y negociado con el FMI, admite implícitamente que esta medicina será insuficiente e incluso contraproducente para contener la caída de la economía. La fuga de capitales, un problema estructural que genera una enorme inestabilidad en la economía argentina, se estima que alcanzó entre 16.000 y 23.000 millones de dólares, según distintas fuentes, durante los primeros nueve meses de 2018. A partir de los últimos datos estadísticos publicados por el Indec, las divisas acumuladas por argentinos en el exterior se habrían incrementado en 53.000 millones de dólares desde el comienzo del gobierno de Cambiemos, desde 236.000 millones hasta 289.900 millones. Esta cifra podría compararse maliciosamente con el total del crédito concedido al gobierno por el FMI al finalizar la segunda ronda de negociación, en septiembre: 57.100 millones de dólares, en lugar de los 50.000 millones del primer acuerdo alcanzado en junio.

La fuga de capitales está siempre vinculada a la expansión de la deuda externa que se produce durante los gobiernos neoliberales. Un periodista argentino comenta al respecto: “No se trata de prácticas aisladas que brotan durante episodios como la reciente corrida cambiaria o el establecimiento de regulaciones que restringen la compra de moneda extranjera. La fuga de capitales se convirtió a partir de 1976 en un comportamiento sistemático liderado por un sector del establishment económico que canaliza sus excedentes al exterior a través de distintas maniobras.” Maniobras que, según se aclara, no necesariamente son ilegales; pero que en cualquier caso sitúan a la economía en una zona de extrema vulnerabilidad.

El deterioro de la situación social

El principal shock social provocado por la política económica de Cambiemos fue el rápido aumento de la desocupación, debido en parte a la apertura indiscriminada de las importaciones, lo que llevó al naufragio de gran parte de la actividad industrial. La caída de la ocupación en la industria es la más significativa, pero también hubo despidos masivos de empleados públicos en sectores básicos: científicos e investigadores, médicos y personal de hospitales, periodistas de la agencia estatal de noticias, etc. Los despidos del sector público también alcanzan de lleno a multitud de trabajadores que ejecutaban planes sociales destinados a los sectores menos favorecidos, como es el caso de los más de 450 despidos repartidos por todo el país de la Secretaría de Agricultura Familiar (la mitad del total de la plantilla), que dependía del ahora disuelto Ministerio de Agroindustria. Actuando así sobre un sector tan sensible no solo se reduce el personal del Estado, también se desarticulan las políticas de autoabastecimiento alimentario y se siguen debilitando las redes de contención social heredadas del gobierno anterior.

Además de aumentar el desempleo, el programa económico apunta a la precarización laboral, así como a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones. Los recortes han alcanzado a las personas que cobraban pensión no contributiva por discapacidad, una prestación eliminada por decreto por el gobierno de Macri. Desde la llegada de Macri a la presidencia, las tarifas de los principales servicios (gas, agua, luz) se multiplicaron por tres o por cuatro; también se multiplicaron de forma parecida los costos del transporte colectivo, del subterráneo y el tren, así como la gasolina y los peajes. Los incrementos de sueldo negociados por los gremios durante el primer semestre ya quedan desfasados ante la inflación prevista para todo el año, que alcanzará el 42 % en los cálculos del propio gobierno y que podría ser aún mayor si continúa la devaluación del peso. Argentina vuelve a deslizarse peligrosamente por la senda que conduce a la temida hiperinflación.

Todo empieza a parecerse demasiado a lo que ocurrió antes de la crisis de 2001. Los trabajadores despedidos, o quienes tienen salarios insuficientes para afrontar los aumentos de precios, empiezan a hacer planes de emigrar. Incluso quienes mantienen firme la apuesta por su país necesitan dirigir la mirada a otro lugar del mundo (Brasil, España, Francia…, según los antecedentes de cada cual) por mera necesidad de supervivencia.

Miriam Bregman y Nicolás del Caño

El paro general del 25 de septiembre contra la política económica del gobierno fue absoluto en todo el país. No hubo ninguna clase de violencia. Excepto la violencia simbólica que se ejerció, desde el anonimato, contra los dirigentes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) Miriam Bregman y Nicolás del Caño, cuyos teléfonos móviles fueron invadidos por siniestros mensajes de Whats’app con amenazas de muerte, acompañadas de fotos del dictador Videla. Una intimidación de características mafiosas, como muchas otras que han ido proliferando últimamente en todo el país, con la inhibición de la ministra del Interior, Patricia Bullrich, más preocupada por reprimir la protesta social que por castigar la violencia de ultraderecha.

Ante la contundencia del paro general, convocado previamente a la firma del acuerdo con el FMI y precisamente en contra del mismo, cabría preguntarse si el Fondo ya olvidó que Argentina repudió en el pasado su deuda externa por haber sido contraída por gobiernos sin ningún respaldo social, por ejemplo bajo la dictadura. Con estos antecedentes, darle este aval a Macri para realizar su brutal ajuste con un costo social y represivo enormes es una grave irresponsabilidad del FMI. El acuerdo con el Fondo presupone alcanzar de inmediato el “déficit cero” solo recortando gastos, en ningún caso aumentando impuestos a los sectores más acaudalados, que constituyen el principal sostén del equipo de gobierno.

El paro general transcurrió mientras el presidente Mauricio Macri celebraba en Nueva York la concesión del premio Global Citizen Award “por su dedicación incansable y desinteresada a su país”. Después de esa ceremonia, Macri declaraba frívolamente su “enamoramiento” de la presidenta del FMI, Christine Lagarde (quien ya recibió el mismo premio en una edición anterior), y se divertía con la pretensión de que todo el país se enamorase de ella. Una vez cerrado el acuerdo con el fondo, Macri anunció, desde Estados Unidos y en inglés, que optará a la reelección en las presidenciales de 2019.

El cuarto paro general contra las políticas económicas del gobierno de Macri convocado por todos los sindicatos, fue precedido por una inmensa manifestación en Buenos Aires que reunió medio millón de personas. Hugo Yasky, líder de la CTA de los Trabajadores, uno de los sindicatos convocantes, hizo después este balance de la jornada de huelga general: “No recuerdo un paro con la masividad y la contundencia del que vivimos en estos días. Nunca vi las calles de las principales ciudades del país absolutamente vacías. (…) Creo además que el paro nacional llegó en el momento justo, al coincidir con el viaje del presidente Macri a Nueva York, y eso amplificó la potencia del paro porque las fotos de la ciudad de Buenos Aires vacía en los medios internacionales demostraron que no hay apoyo al FMI, cuando Christine Lagarde pedía una señal de acompañamiento. Nosotros demostramos que no hay, en absoluto, respaldo, que el pueblo argentino reclama un cambio profundo y que no queremos al FMI decidiendo las políticas de nuestro país”.

Sería conveniente que el FMI fuera tomando nota de ello: una gran parte de los argentinos rechaza férreamente volver a someterse a sus políticas de endeudamiento y control presupuestario que siempre llevan al borde del abismo. La definición clásica de “deuda odiosa”, que en primer lugar se aplica a la contraída por las dictaduras, se hace extensiva a otros gobiernos de individuos que utilizan el aparato de Estado para lucrar en beneficio propio. Nos lo recuerda Éric Toussaint en su excelente estudio Sistema deuda, citando al economista Alexander Sack, quien escribiera ya en 1927: “Podríamos poner en esta categoría de deuda a los empréstitos contraídos con objetivos manifiestamente interesados y personales de los miembros del gobierno o de personas o grupos ligados al gobierno – objetivos que no tienen ninguna relación con los intereses del Estado.”

El paro general del 25 de septiembre de 2018 fue un rotundo paro político, contra la estrategia económica que el gobierno estaba fraguando con el FMI en Nueva York. Con los antecedentes del caso, ¿no podría un próximo gobierno considerar ilegítima esta “deuda odiosa”?, ¿acaso no podría repudiarla? Si así fuere, el FMI no podrá alegar desconocimiento del rechazo mayoritario de la sociedad argentina a sus recetas fallidas de endeudamiento, ajuste y desigualdad.