18/09/2017
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Muchos se preguntarán qué hace una fracción de empresarios en una Constituyente socialista. Respuesta: promover una Ley de Promoción y Protección de Inversiones, en lugar de una Ley de Promoción y Protección de los ciudadanos contra las Inversiones. Dicha Ley sería el primer paso para sancionar Tratados de Promoción y Protección de Inversiones. Quizá todavía su texto no ha sido redactado, pero sabemos por experiencia lo que contiene este tipo de normas. Es procedente que quienes votamos por la Constituyente sepamos de qué se trata.
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Leamos la edificante mitología: el invencible Hércules corta las mil cabezas de la Hidra de Lerma, regresa a casa y se arropa con la túnica de la piel del centauro Neso, que le ofrece su cuaima Deyanira. La túnica le causa tal ardor, que Hércules prefiere ser quemado vivo antes que sufrirlo. Releamos las noticias: Venezuela vence al ALCA en la escena internacional en 2005, sólo para consumirse en la túnica del ALCA endógeno: los infames Tratados contra la Doble Tributación, el proyecto de Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal que intentaba privatizar ríos y lagunas, el Decreto con fuerza de ley de Promoción y Protección de Inversiones, preámbulo o sustituto de un Tratado sobre la misma materia.
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¿Qué es un Tratado de Promoción y Protección de Inversiones? En el IV Encuentro Hemisférico de lucha contra el ALCA, Atilio Borón explicó que Estados Unidos ha promovido 90 acuerdos de tal índole para: 1)Garantizar que los inversionistas extranjeros sean tratados exactamente igual que los nacionales 2)Extender el trato que se da a la nación más favorecida en dichos acuerdos a todos los inversionistas extranjeros 3)Garantizar a los inversionistas extranjeros inmunidad contra nuevas leyes que afecten sus intereses, tales como aumentos de impuestos o nuevas regulaciones 4)Obligar a los gobiernos locales a indemnizar a los inversionistas extranjeros por cualquier evento que disminuya sus ganancias 5) Prohibir a los gobiernos políticas de “compre nacional”, de protección a productores vernáculos, de incentivos a la exportación o exigencia de uso de insumos del país 6)Someter a gobiernos y nacionales a tribunales o árbitros extranjeros, tales como el CIADI y el Tribunal Internacional para Arreglos de Diferencias entre Inversionistas, que invariablemente fallan a favor de las transnacionales, con lo cual desaparecen la legislación y la jurisdicción nacionales. La Hidra multilateral abrasa con 90 túnicas bilaterales.

11/09/2017

Una autocrítica necesaria

El presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anuncio, el pasado jueves, algunas medidas económicas para combatir tres aspectos estratégicos que han estado conspirando contra el desarrollo del proceso Bolivariano, no sin ello, ante haber hecho una autocrítica hacia adentro del Estado-gobierno, que denominé hace diez años como hipertrofia del proceso Bolivariano, como son el burocratismo (entendiéndola como una mala gerencia que ha contribuido enormemente a que en el proceso hayan desaparecido algunos buenos proyectos, como las empresas de producción social que en su mayoría ya no están funcionando y solo queden restos o escombros del sueño chavista).
El presidente, en su alocución a la Asamblea Nacional Constituyente, no dejó de atacar la corrupción como flagelo sociocanceroso también de una equivocada selección de muchos que han dirigido nuestros destinos durante diez y ocho años, y algunos de los cuales han sido reciclados y aún están ahí, como me dijo una mujer cacaotera barloventeña:”con su cara muy limpia y su culito para’o, como si no hubiesen quebra’o un plato”.

El presidente Maduro fue directo al expresar su opinión sobre tres factores a derrotar para que estas medidas puedan tener efectos propositivos en beneficio de las mayorías del pueblo venezolano esperanzados en salir de esta crisis sin perder los beneficios sociales acumulados en casi dos décadas.

ALAI AMLATINA, 08/09/2017.- Las sanciones impuestas la semana pasada por el gobierno de Trump han cambiado significativamente la situación económica a la que se enfrenta Venezuela, y las opciones en materia de políticas abiertas al gobierno para recuperarse de una profunda depresión. Esto se suma a los daños inmediatos y al sufrimiento que causarán en cuanto a una agudización de la escasez de alimentos, medicinas y otros artículos de primera necesidad, junto al daño a la economía.

Previo a estas últimas sanciones, el gobierno contaba con la posibilidad de poner en marcha un programa de recuperación económica que pudo haber reiniciado el crecimiento económico. A diferencia de la mayoría de los países que sufren una crisis de balanza de pagos, Venezuela no necesariamente tendría que pasar por un periodo de “ajuste estructural”, como solía llamarse hasta que los programas del FMI dieron a este término una mala reputación. Con este tipo de ajuste, los niveles de vida suelen caer, al menos a corto plazo, porque el país tiene que recortar las importaciones para equilibrar las cuentas externas. Pero las importaciones en Venezuela ya se han visto recortadas en más de 75 por ciento desde 2012. Esta es una cifra asombrosa. Para comparar, Grecia ha recortado sus importaciones por aproximadamente 31 por ciento después de sufrir una depresión por la mayor parte de los últimos siete años, es decir dos veces la duración de la depresión actual en Venezuela.

Esto significa que la economía venezolana podría comenzar a recuperarse con bastante celeridad en respuesta a las reformas adecuadas, sin tener que sufrir nuevas reducciones en la producción o en el empleo. Por lo menos esa era la situación hasta el pasado viernes, cuando Trump emitió su orden ejecutiva.

El ajuste que requiere Venezuela tiene que ver principalmente con los precios relativos, y en particular su tipo de cambio. Esto lo podemos constatar al observar lo ocurrido durante los últimos cinco años. Para octubre de 2012, la inflación se ubicaba en una tasa anual de 18 por ciento, y el precio de un dólar en el mercado negro era de Bs. 13. Hoy en día, la inflación se alza a más de 600 por ciento para el pasado año, y un dólar cuesta más de 17.000 BF.

05/09/2017
Hasta hace apenas un mes, Venezuela estaba al borde de una guerra civil, al menos eso lo proclamaban a diestra y siniestra los medios hegemónicos con sus realidades virtuales imponiendo imaginarios colectivos, pero, de repente, pareciera que la voluntad de paz apagó cuatro meses de violencia el mismo día que se votaron los constituyentes. ¿Realismo mágico o realidad real?
Lo que sigue en pleno desarrollo en Venezuela es una guerra económica, financiera y comercial que busca calentar el clima interno, desestabilizar el país con la invalorable complicidad del terrorismo mediático, para crear las condiciones para un colapso que sirva como excusa para una intervención militar “humanitaria”.

Rebelión 31/08/2017

El presidente Donald Trump ha tomado decisiones económicas y financieras radicales contra Venezuela por dos motivos: esa nación no ha permitido que Estados Unidos se adueñe de sus enormes reservas petroleras y en contraposición ha puesto a disposición del pueblo numerosos programas sociales subvencionados con los beneficios que se obtienen de los hidrocarburos.
Para Trump y todo su equipo ultraderechista, esa verdadera democracia en América Latina no puede sobrevivir en la región porque es un mal ejemplo para algunos gobiernos que acatan dócilmente las directrices de Estados Unidos.
La Republica Bolivariana de Venezuela ha resistido durante años los continuos ataques desestabilizadores dirigidos desde Washington y que son ejecutados por una oposición que en los últimos tiempos optó por acciones terroristas realizadas contra centros de salud, de educación, empresas y locales gubernamentales.
La instauración de una Asamblea Constituyente, apoyada masivamente por el pueblo en una votación abierta y democrática, que congeló a la Asamblea Nacional controlada por la derecha criolla que apostaba por derrocar al legítimo Gobierno de Nicolás Maduro, acabó de llenar la copa del todopoderoso gigante norteamericano.
La primera reacción de Trump fue amenazar con ataques militares al Gobierno bolivariano y al no contar con apoyo internacional para esa acción, firmó el pasado 27 de agosto una orden ejecutiva para implementar sanciones a la economía y al sistema financiero de Venezuela.