A los tres meses de la victoriosa lucha por la dignidad 

Hace tres meses la ciudadanía guatemalteca despertó de su largo letargo…”y los dinosaurios estaban ahí” –siguiendola fábula de Monterroso, nosotros nos referimos como dinosaurios al CACIF, la Embajada y el ejército. Pero era ya el tiempo de su extinción y ésta pasa por la lucha ciudadana por la dignidad, para desterrar la corrupción y la impunidad. Queremos que los dinosaurios pasen a ser reptiles normales. Llevamos tres meses de lucha y ésta ha sido victoriosa: la vicepresidenta dejó de serlo y está a punto de perder sus propiedades y ser extraditada; más de la mitad del gabinete ya cayó en desgracia y los que siguen pronto serán expuestos; negocios fraudulentos por miles de millones de dólares han sido desactivados; más de 100 pillos de alto calibre, que antes eran amos de vidas y fortunas, están en juicio; el TSE fue obligado a presentar reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que tenía la obligación de presentar antes de convocar a las elecciones; el Congreso fue sacado de su lento e intrascendente transitar para atender dichas reformas, algunas de las cuales ya contaban con dictamen favorable de la CC hace casi un año; ejército y CACIF se ven con las manos atadas por un tal Mr. Robinson; y Estados Unidos ha enviado a su vicepresidente y otros altos funcionarios para atender a uno de los “cinco territorios prioritarios” en su política exterior. 

Pero, todavía falta más. El Sr. Pérez y el Sr. Maldonado deben ser llevados a su casa, luego de estampar sus firmas de renuncia. De acuerdo con la Constitución, el Congreso debe nombrar a un o una ciudadana para designar al nuevo presidente; si bien el Congreso designa, es el pueblo soberano quien decide sobre el o la ciudadana que termina este período de gobierno. Luego, el nuevo presidente propone una terna al Congreso y éste designa al nuevo vicepresidente. Esto es nítidamente constitucional e institucional. A partir de esa fecha, el binomio encabeza un gobierno que tiene la tarea de reconstruir el Estado, con el apoyo de la sociedad y la comunidad internacional. 

 

Lo que viene después es más complejo. La Corte de Constitucionalidad debe ordenar al TSE que posponga el proceso electoral para que el Congreso pueda aprobar las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos con aplicación en los comicios de 2015. No los parches mal pensados por los legisladores para conservar sus prebendas y privilegios y favorecer a los desprestigiados partidos políticos, sino que una reforma a fondo que permita tener una mesa limpia y equilibrada para los nuevos comicios. Los comicios deben ser para Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con el mandato de redactar una nueva Constitución, con carácter de urgencia. La sociedad civil tendrá que organizarse para hacer llegar sus planteamientos para la reforma de la Ley Electoral y para vigilar que el Congreso legisle de cara al pueblo. Una primera decisión de la ANC será el establecimiento del calendario electoral y la fecha de toma de posesión de las nuevas autoridades, como decisión constitucional. 

Tres meses después de la explosión de rebeldía ciudadana la decisión es no dejarnos imponer decisiones de sectores interesados, ni dejarnos engañar por los politiqueros de siempre. No podemos desperdiciar esta oportunidad histórica y debemos ser intransigentes en nuestras posiciones, si bien también dialogantes y tolerantes para encontrar las mejores soluciones, con base en lo siguiente: 

  1. Salida del gobierno Patriota, es decir, desde Pérez y Maldonado hasta el último de los nombrados por ellos. 
  2. Nombramiento por el Congreso del Presidente, que sea escogido de una terna que presente la sociedad civil. Nombramiento inmediato del Vicepresidente, a propuesta de terna por el Presidente. Inicio de un gobierno de emergencia. 
  3. Alto al proceso electoral, por ilegítimo, ilegal y secuestrado por grandes capitales, al igual que anti-democrático e inconstitucional. 
  4. Reforma total e integral de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con participación ciudadana, y con efectos, sin restricciones, en los comicios para elegir Asamblea Nacional Constituyente. 
  5. Convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente para la reestructuración del Estado de Guatemala vía una nueva Constitución. 

Recordamos a todos los interesados que la legalidad  de un país no radica en un documento llamado Constitución sino que en la soberanía plena del pueblo. La Constitución no puede emplearse como camisa de fuerza por los poderosos de siempre –los dinosaurios- para intentar frenar la voluntad popular, que es manifiesta a partir del 25 de abril. No es un “golpe de Estado técnico”; es el ejercicio de la soberanía ciudadana. Esta propuesta preserva la institucionalidad; pero da la potestad a la Asamblea Nacional Constituyente para transformarla. 

Ciudad de Guatemala, 25 de julio de 2015