LA REFORMA DEL ESTADO (III).
LA PROFUNDIZACION DE LA DEMOCRACIA.
Wladimir Turiansky.

Dejé la nota anterior con las siguientes preguntas: ¿Qué Estado?, ¿Para que?.

¿Qué Estado?.
Un Estado democrático. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, al menos como yo lo entiendo, un Estado capaz de incorporar a su gestión, junto al sistema político, a las fuerzas organizadas de la sociedad civil. Un Estado liberado de las trabas burocráticas y abierto a la participación democrática de las formas de organización social del pueblo. Pensando en términos filosóficos, y recordando a Gramsci, un Estado expresión de la nueva hegemonía en construcción, y como tal apoyada más en el consenso que en la coerción.

Desde ese ángulo, el papel de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales es relevante en la perspectiva de los intereses inmediatos tanto como en los objetivos últimos del movimiento obrero uruguayo, aquellos expresados en su Declaración de Principios, de avanzar en la construcción de una sociedad sin explotados ni explotadores.

Traigo al presente, a manera de ayuda memoria, lo dicho al respecto en aquella primer nota del año pasado sobre el tema. “...Para los trabajadores, para el movimiento sindical, esta cuestión es muy importante, tiene proyección estratégica. Nos proponemos incorporar el pensamiento obrero al proceso de cambios que el gobierno frenteamplista procura llevar adelante, hacerlo a través de la acción y también con la participación en los ámbitos que el gobierno, o el propio movimiento generen, discutiendo planes y propuestas generadas desde el gobierno y las que los propios trabajadores elaboren. Así se construye democracia participativa, se da solidez al proceso de cambios y se lo proyecta hacia adelante”.

Es decir, y en pocas palabras, se trata de involucrarse. Es decir, no es sólo formular propuestas, hacer diagnósticos. Tampoco limitarse a las cuestiones exclusivas de la relación laboral, prescindiendo como ajenas al interés gremial de todo aquello que hace a los fines y a la estructura de la institución en la que se trabaja, sea un ente autónomo o un ministerio.

Tenemos que entender el carácter del estado en una sociedad como la nuestra y con una fuerza política progresista en el poder, cuyo objetivo es el desarrollo económico, la profundización democrática y la justicia social.

Esto sí lo han entendido los ideólogos de las clases dominantes: “...En el pensamiento de la derecha conservadora, hace rato que el tema está claro: no les gusta la presencia del Estado en la economía, en la producción, en servicios fundamentales como el transporte y las comunicaciones. No, no les gusta, y quisieran acabar con ella.

La última ola neoliberal que se derramó por estas playas lo planteó en términos filosóficos y prácticos. Filosóficos en cuanto desenterró de los tiempos de Adam Smith y el liberalismo económico el concepto del Estado como el instrumento puesto al servicio del libre comercio, el “estado gendarme”, como se lo definiera en el siglo XIX,  destinado a garantizar el orden y la protección del sagrado derecho a la propiedad, pero ajeno al funcionamiento del mercado, que, según la doctrina, es capaz de encontrar su propio equilibrio sin regulaciones extrañas a él. Y prácticos en cuanto adjudicó al intervencionismo estatal la causa de todos los males: ineficiencia, despilfarro, burocracia, corruptela, costos, déficit, etc., etc.”

En la lucha contra la dependencia, por la soberanía nacional, por la búsqueda de caminos propios de desarrollo, el Estado puede aquí jugar un rol decisivo. Repito “puede”, porque en última instancia depende de las fuerzas sociales y políticas predominantes el que juegue efectivamente tal rol. Con buen olfato, el movimiento popular uruguayo ha defendido históricamente el papel del Estado en la conducción de la economía y en la propiedad de los sectores estratégicamente básicos, como la energía, las comunicaciones, el agua, así como su presencia en el sistema financiero y los transportes. 

Eso le da cierta particularidad al Estado uruguayo: no sólo cumple un papel de rector en la economía; no es sólo un regulador, un intermediario en los diversos factores de la producción. Es más, mucho más, es además el más importante productor de bienes y servicios, por lejos. Le pertenecen las principales empresas en la producción de energía, en las comunicaciones, en el sistema financiero; a él pertenecen los puertos, la red ferroviaria, y algunas producciones industriales relevantes. Por lo tanto, es un factor decisivo, imprescindible, a la hora de delinear un plan nacional de desarrollo.

Desde este ángulo, democratizar el Estado, esto es, involucrar, como ya se ha dicho, a la sociedad civil en su funcionamiento, implica un profundo cambio social, por cuanto conduce a la participación de la sociedad civil en la gestión, no ya de las típicas actividades administradoras y controladoras del Estado, de por sí importantes, sino de buena parte del aparato productivo del país, que el Estado tiene a su cargo. Es el camino hacia la apropiación social de la gestión de la economía, en lo que hace a sus áreas estratégicas, lo que es mucho más que su forma de propiedad, en este caso estatal.

Si la clase trabajadora pretende jugar un rol protagónico en este proceso de cambios, si se propone profundizarlos, debe asumir la real dimensión del desafío. Se trata, ni mas ni menos, de aprender a participar en la gestión el Estado. Digo aprender, y esto implica reconocer, modestamente, que no sabemos, o que sabemos poco, y que no vale talentear. Eso sí, no esperar, simplemente, que se le ofrezcan oportunidades. Deberá crearlas por sí.
Vuelvo a la cita del filósofo francés Lucien Seve.

Es el meollo de la cuestión:
...La propiedad social de los medios de producción y de cambio como atributo del socialismo no se reduce a la propiedad nominal. Implica muchas otras condiciones, no sólo jurídicas sino de hecho, en particular la capacidad de gestión, que presupone el acceso real a la información económica y financiera, el saber teórico y práctico, la experiencia acumulada, etc. Desprivatizar la propiedad de medios de producción puede ser hecha de golpe, por un poder político. Socializar la capacidad de gestión ya es una cosa mucho más larga y compleja. En este sentido, una etapa de aproximación democrática avanzada puede verse como una apropiación social del saber, y no simplemente desde el plano de la propiedad como concepto jurídico.

Vale la pena pensar en esto. En este proceso de profundización democrática, de cambio progresista, la idea de “socializar la capacidad de gestión” es muy fecunda. Requiere, como ya dije, en primer lugar, comprender que sin ello la democracia participativa queda a mitad de camino, y en segundo lugar, tener la humildad de reconocer que no sabemos y que tenemos que aprender, y que sólo colectivizando ese saber podremos asumir plenamente nuestra condición de constructores de nuestro destino colectivo.
Otra cosa importante.

De alguna manera, este concepto de Estado democrático, o más bien de democratización del Estado, contribuye a liberar a las fuerzas avanzadas de la sociedad, las que de alguna manera se expresan políticamente en el gobierno progresista, de aquellas conocidas bestias que, como la historia reciente nos enseña, son capaces de hacer abortar los mejores sueños. Me estoy refiriendo a las dos hermanas gemelas, la burocracia y la tecnocracia, y su selecta prima, el clientelismo.