LOS TRABAJADORES Y LA REFORMA DEL ESTADO.
Wladimir Turiansky.
Febrero 2007

Me voy a referir para empezar con estas notas a un aspecto del papel del Estado que, en el caso de nuestro país, tiene un papel dominante en una estrategia de desarrollo económico, esto es, los entes autónomos y servicios descentralizados industriales y de servicios, las empresas estatales.

¿Cómo concebir la reforma en este ámbito, y cual sería el rol de los trabajadores en él?

En el pensamiento de la derecha conservadora, hace rato que el tema está claro: no les gusta la presencia del Estado en la economía, en la producción, en servicios fundamentales como el transporte y las comunicaciones. No, no les gusta, y quisieran acabar con ella.

La última ola neoliberal que se derramó por estas playas lo planteó en términos filosóficos y prácticos. Filosóficos en cuanto desenterró de los tiempos de Adam Smith y “La Economía de las Naciones” el concepto del Estado como el instrumento puesto al servicio del libre comercio, el “estado gendarme”, como se lo definió en el siglo XIX,  destinado a garantizar el orden y la protección del sagrado derecho a la propiedad, pero ajeno al funcionamiento del mercado, que, según la doctrina, es capaz de encontrar su propio equilibrio sin regulaciones extrañas a él. Y prácticos en cuanto adjudicó al intervencionismo estatal la causa de todos los males: ineficiencia, despilfarro, burocracia, corruptela, costos, déficit, etc., etc.

Terminar con la intervención estatal, desregular la economía, restablecer el imperio del libre mercado, tal fue la receta capaz de curar los males del atraso y el subdesarrollo y abrir las puertas de la felicidad.

El paradigma del modelo lo tuvimos cerca, en la infame década del menemismo en la Argentina. Carlos Saúl Menem fue exhibido en los círculos financieros del primer mundo como ejemplo y adalid de la buena causa. Vendió cuanto se podía vender: desde YPF, empresa estatal del petróleo, orgullo de los argentinos, hasta las empresas de electricidad, de aguas corrientes, de las telecomunicaciones, los ferrocarriles, el correo, en fin, todo. A la hora de la verdad, el saldo fue la mitad de la población argentina sumida en la pobreza, un aparato industrial desquiciado, tasas de desocupación del orden del 25% o más, bolsones de indigencia en los cinturones de las grandes urbes, y una deuda externa infinita.

Por estos lares no faltaron émulos, y mucho tuvo que luchar el pueblo uruguayo y sus organizaciones populares para preservar nuestras empresas estatales. Es su mérito haber salvado este patrimonio de la entrega.

Hoy, con el FA en el gobierno, está planteado un doble desafío: modernizar las empresas, ponerlas al día del punto tecnológico, mejorar su eficiencia, borrar las prácticas burocráticas, clientelísticas y de corrupción y, como objetivo estratégico, hacerlas funcionales al desarrollo productivo y humano que el gobierno frenteamplista se ha planteado como meta.

Hacen falta recursos, inversión de capitales, que no están fácilmente a la mano. Debemos aceptar, en consecuencia, que es necesario, y posible, en muchos casos, generar asociaciones, no para compartir los activos existentes, ni venderlos, sino para expandir las empresas y generar nuevos emprendimientos. Los acuerdos de ANCAP con PEDEVESA, la propuesta de asociación para el transporte ferroviario de cargas, son ejemplos al respecto.
Pero por sobre todo, a mi me parece que lo esencial de una concepción democrática de la reforma del Estado estriba en el involucramiento de los trabajadores en su gestión.
Para los trabajadores de los entes y servicios organizados sindicalmente el tema no les es ajeno.

En los años 60, y en la preparación del Congreso del Pueblo, los sindicatos agrupados ya entonces en la Mesa Sindical Coordinadora de entes autónomos y servicios descentralizados trabajaron seriamente en el diagnóstico de la situación de los mismos y las propuestas para su mejoramiento, documentos todos ellos que se incorporaron al Programa de Soluciones a la crisis aprobado por aquel Congreso.

Recuerdo en particular un episodio: en 1963 los trabajadores de UTE sostuvimos una dura huelga que llevó al corte de los servicios eléctricos y telefónicos, con la atención de aquellos considerados imprescindibles para la vida y la seguridad de la población, que conmovió al país, con la aplicación de las medidas de seguridad, la ocupación militar de las plantas, y un paro general solidario del conjunto del movimiento sindical. 

A partir de esa experiencia, un año después, el sindicato convocó a un Congreso Nacional de trabajadores de UTE, con un temario que abordaba los siguientes temas: los trabajadores de UTE y el país; los trabajadores de UTE y la UTE; los trabajadores de UTE y el movimiento sindical; los trabajadores de UTE y su sindicato.

Fue una experiencia maravillosa, que puso de relieve la madurez y el grado de involucramiento de los trabajadores con el país y sus empresas estatales, soporte estratégico de todo proyecto de desarrollo. Rescatar ese documento, debe haber compañeros que aún lo conservan, sería de mucha utilidad hoy, cuando como nunca los trabajadores tienen la posibilidad de aportar sus ideas a un proyecto común.

Y esto con una diferencia sustancial. Ayer las organizaciones sindicales y los trabajadores jugaron un papel importante en la formulación de un diagnóstico y del conjunto de propuestas para resolver los males diagnosticados. Pero nada más. Las posibilidades de confrontar esa propuestas con la práctica chocaron entonces con gobiernos y con directores de empresas que, en función de una política de corte elitista, miraron siempre con desdén y con franco rechazo las propuestas obreras (“hay cuestiones que son pertinentes, y otras que son impertinentes”, nos dijo una vez el Ing. Fonseca, por aquel entonces presidente de UTE, frente al planteo que el sindicato formulaba en torno a la política tarifaria y de obras del ente). Del mismo modo, el programa de soluciones a la crisis elaborado por el Congreso del Pueblo fue calificado por fuentes gubernamentales de la época como “pergeñado en Moscú, Praga y La Habana”.
Hoy en cambio vivimos otras realidades. Un gobierno progresista, de contenido popular, se ha planteado como objetivo abrir espacios de participación en todas las direcciones de su trabajo. Por otra parte, en lugar de políticos fracasados, o negociantes “apurados”, en la dirección de las empresas públicas tenemos hoy técnicos comprometidos con la causa del progreso social y compañeros hasta ayer integrantes de las direcciones sindicales. El camino está abierto entonces para una participación mucho más activa de los trabajadores y sus organizaciones sindicales en la elaboración de los planes de desarrollo de las empresas y en su gestión.

Es más. La Constitución de la República prevé la formación de comisiones asesoras en los entes autónomos y servicios descentralizados. Nada impide constituirlas. No es por supuesto el único camino, lo que importa es construir espacios de participación efectivos y donde se pueda pasar de las declaraciones al trabajo conjunto, al intercambio de propuestas y opiniones, de tal modo que todos, trabajadores y directores, enriquezcan su experiencia.
Para los trabajadores, para el movimiento sindical, esta cuestión es muy importante, tiene proyección estratégica. Nos proponemos incorporar el pensamiento obrero al proceso de cambios que el gobierno frenteamplista procura llevar adelante, hacerlo a través de la acción y también con la participación en los ámbitos que el gobierno, o el propio movimiento generen, discutiendo planes y propuestas generadas desde el gobierno y las que los propios trabajadores elaboren. Así se construye democracia participativa, se da solidez al proceso de cambios y se lo proyecta hacia delante.

Pero la perspectiva de la extensión y profundización de la democracia, la concebimos en todas las esferas de la vida social, y también en la economía. De ahí que, en una etapa en que el modo de producción se desenvuelve bajo formas capitalistas, es en el ámbito de las empresas estatales, de propiedad social, de la Nación, y que el Estado administra, donde la participación en su gestión es posible y necesaria. Eso requiere en los trabajadores y en los sindicatos un imprescindible baño de humildad y la comprensión de que pasar de la etapa del diagnóstico y de propuestas generales a la gestión concreta implica aprender, y que es muy importante aprender. Y hacerlo lo más colectivamente posible.

Por eso quiero terminar esta nota con una reflexión pensando en aquel objetivo último de los trabajadores, aquel al que hace referencia la Declaración de Principios que aprobáramos hace 40 años al fundar la CNT, cuando señala: “...la Central se constituye para impulsar a un plano superior la lucha por las reivindicaciones económicas y sociales de los trabajadores de la ciudad y el campo; por el mejoramiento de las condiciones materiales y culturales del conjunto de nuestro pueblo;  por la liberación nacional y el progreso de nuestra patria, en el camino hacia una sociedad sin explotados ni explotadores”.
Es en ese sentido que recojo lo que hace unos años señalaba el filósofo francés Lucien Seve:    

...La propiedad social de los medios de producción y de cambio como atributo del socialismo no se reduce a la propiedad nominal. Implica muchas otras condiciones, no sólo jurídicas sino de hecho, en particular la capacidad de gestión, que presupone el acceso real a la información económica y financiera, el saber teórico y práctico, la experiencia acumulada, etc. Desprivatizar la propiedad de medios de producción puede ser hecha de golpe, por un poder político. Socializar la capacidad de gestión ya es una cosa mucho más larga y compleja. En este sentido, una etapa de aproximación democrática avanzada puede verse como una apropiación social del saber, y no simplemente desde el plano de la propiedad como concepto jurídico.
Vale la pena pensar en ello.