La comparación del programa de gobierno del Frente Amplio para este período, en materia de vivienda, con lo efectivamente realizado, ofrece una rara contraposición: por un lado, salvo la ley que pretendió promover la inversión privada empresarial con la exoneración de todas las cargas fiscales, las restantes líneas de trabajo están contenidas claramente en el programa aprobado en el Congreso del FA de 2008 y luego respaldado por la mayoría de la ciudadanía (porque las ciudadanas y ciudadanos respaldamos propuestas de políticas y acciones, no nombres de personas, por carismáticas que puedan ser).

Se había planteado la necesidad de priorizar las situaciones de mayor carencia, y ahí está el Plan Sociohabitacional “Juntos”, creado especialmente para atenderlas; se había definido que era importante volcar los recursos a los sistemas más eficientes y eliminar los sobrecostos que implica la intermediación, y ahí está el apoyo a las cooperativas de vivienda y los autoconstructores, que son quienes mejor expresan esas condiciones; se había planteado que el subsidio debía ser la variable que facilitara la inclusión y evitara la segregación, y se puso en marcha un sistema de subsidios diferenciales que contempla la integración familiar, que es el mejor de la historia del Plan Nacional de Vivienda; se había establecido la importancia de usar toda una batería de herramientas y medidas, porque el de la vivienda es un problema complejo, que no se encara con una única solución y ahí están las garantías de alquiler, las regularizaciones de asentamientos, el facilitamiento del acceso a servicios, las regularizaciones de deudas, para demostrar que la idea fue tomada y llevada adelante.

Y sin embargo… todo esto ha debido hacerse con cuentagotas, porque la componente fundamental que el programa preveía ha faltado a la cita: los recursos. El Plan Juntos nació con un presupuesto real de sólo cinco millones de dólares, con lo cual se puede hacer menos que poco. Los recursos disponibles para las cooperativas sólo alcanzaban a unas mil viviendas anuales en los dos primeros años y ahora se elevan a dos mil, cuando hay casi veinte mil familias esperando. Las viviendas nuevas que se han podido construir -por todos los sistemas- son poco más de dos mil por año, cuando hace falta varias veces esa cantidad.

Es que el presupuesto asignado a vivienda para este período, en términos reales, es menor que el de 2006-2010, cuando en aquel período se había decidido que la vivienda no era prioridad: hay más pesos y más dólares que entonces, pero menos ladrillos, porque el costo de la construcción aumentó todavía más que los pesos y los dólares.

El Fondo Nacional de Vivienda perdió su recurso específico -el “Impuesto a los Sueldos”- al derogarlo la aprobación del IRPF sin que fuera sustituido por otro equivalente. Las donaciones que se esperaba que realizara el sector privado al Plan Juntos, aún se esperan: los mayores donantes son el propio Presidente, José Mujica y ANCAP. Las inversiones privadas sí llegaron, estimuladas por las generosas renuncias fiscales, sólo que los costos no bajaron: las viviendas cuestan el doble que las que producen las cooperativas, porque el Estado ha renunciado a cobrar impuestos, pero los empresarios no han renunciado a sus ganancias. Y para que la gente que las necesita pueda acceder a esas viviendas, el Estado deberá subsidiarlas, gastando con ello más que si las hubiera construido financiándolas directamente.

Es que la mezcla de las políticas sociales con los negocios en ningún lado funciona: si la vivienda es un derecho, no puede ser una fuente de lucro, y los capitales privados sólo llegan si hay un lucro a percibir y cuanto mayor, mejor. Por eso, también en el campo de la vivienda, es importante que el tercer gobierno del Frente Amplio dé un golpe de timón: reafirmando lo bueno que se ha hecho, pero haciendo más, y utilizando las políticas habitacionales como una herramienta de redistribución del ingreso e inclusión social, para lo cual hay que proteger a los que pueden menos, y recurrir a los recursos de los que tienen más. Eso es lo que nos exige la coherencia con el pensamiento de izquierda.
junio de 2013
Benjamín Nahoum