Instituto Chileno de la Lengua, Santiago, 6 de julio de 2015

Ponencia de Raúl Molina Mejía

Raúl Molina Mejía, ingeniero civil guatemalteco, ha sido profesor universitario desde 1970 y fue en su país Decano de la Facultad de Ingeniería y Rector en funciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Al salir al exilio en 1980, fue cofundador de la Representación Unitaria de la Oposición Guatemalteca (RUOG), el equipo político-diplomático para la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la paz. En 2001 fue cofundador de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG), organización de la Diáspora guatemalteca. En los últimos años ha sido profesor de Historia y Ciencias Políticas en la Universidad de Long Island, Nueva York, y la Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile.  Ha sido profundamente crítico del gobierno de Otto Pérez a lo largo de todo su período, lo cual ha expresado en su columna de opinión semanal en La Hora (Guatemala).

Antecedentes. Aunque la crisis política actual en Guatemala parece ser espontánea y para algunas personas incomprensible, tiene antecedentes claros en los últimos años de desencanto con la clase política, que lejos de fortalecer la institucionalidad democrática la ha ido minando. De hecho, para algunos analistas políticos, entre quienes me encuentro yo, se veía venir la crisis, aunque no sabíamos cómo se iba a desencadenar. Algunos elementos son claros: a) los Acuerdos de Paz, firmados el 29 de diciembre de 1996, luego de un primer año de cumplimiento adecuado y oportuno, fueron desperdiciados por el gobierno de Arzú, pese a la presencia de la Misión de las Naciones Unidas en Guatemala(MINUGUA); b) el neoliberalismo brutal de Arzú frustró las esperanzas de la población y en las elecciones de 1999, su partido fue castigado por la ciudadanía, la cual se volcó hacia el partido de Ríos Montt, con Alfonso Portillo como Presidente. La izquierda, en la cual la URNG participaba electoralmente por primera vez quedó en tercer lugar, con Álvaro Colom como candidato; c) Cuatro años después, en 2003, la ciudadanía castigó con su voto a Portillo y eligió a Óscar Berger, como representante de la oligarquía tradicional.  El país entraba en una espiral de violencia delincuencial y los Acuerdos de Paz ya no estaban sobre el tapete; d) En 2007, el pueblo volvió a castigar al partido en el poder, claro ejemplo de neoliberalismo, y optó por Colom, con una propuesta conservadora pero populista (no de izquierda). La violencia siguió en aumento, con clara penetración del crimen organizado a todo nivel;  e) En 2011, Colom y su partido fueron castigados y los votantes se inclinaron por la “mano dura” ofrecida por Otto Pérez para enfrentar la violencia criminal. La mano dura se aplicó contra el movimiento social; pero el crimen organizado y la delincuencia no sufrieron mayores embates. La corrupción se generalizó a niveles nunca vistos. La población llegó este año al término de su paciencia y la indignación rompió la apatía y el temor de las capas medias; los sectores populares, por su parte, se han mantenido en lucha por años sufriendo represión y violencia privada.

Se desata la crisis. A mediados de abril, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) --que se vio a punto de desaparecer por la oposición de Pérez y la iniciativa privada, salvándose por el respaldo del cuerpo diplomático, Estados Unidos y la ONU-- puso al descubierto una red de contrabando y defraudación al fisco, “La Línea”, manejada por el secretario privado de la Vicepresidenta Roxana Baldetti. El 23 de abril, una enorme manifestación se produjo en la ciudad de Guatemala, convocada aún antes del operativo de la CICIG a través de las redes sociales, pacífica pero firme, y pidió unánimemente la renuncia del Presidente y la Vicepresidenta. La mayor parte de los 30,000 asistentes provenían de las capas medias; pero había presencia popular y de unos pocos de la clase adinerada.

Puedo afirmar que esta manifestación, en la cual tuve la suerte de estar, produjo un cambio enorme, por la participación masiva de ciudadanas y ciudadanos, y profundo, por el quiebre histórico que se ha producido. Tiene como antecedentes dos jornadas igualmente históricas: la Revolución del 20 de Octubre de 1944, cuando amplios sectores de la sociedad terminaron con la dictadura de Ubico e iniciaron la “Primavera Democrática”; y las Jornadas de marzo y abril de 1962, cuando en condiciones pre-revolucionarias, amplios grupos sociales se lanzaron a las calles y exigieron al final la renuncia del Presidente Ydígoras. Desde que dicha protesta nacional fuera reprimida por las fuerzas armadas, ni siquiera la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera de 1996, que puso fin al conflicto armado interno entre el Estado y la URNG, ha despertado la participación ciudadana tan amplia y completa como el movimiento actual por la dignidad. Hasta el 23 de abril las dos condiciones que mantenían inmovilizada a la población eran la apatía, fundamentada en el escepticismo frente a todo lo político, y el temor, tanto a la represión y la violencia como a ser manipulados por intereses oscuros. La principal conquista cuando nos reunimos más de 30,000 personas en la Plaza de la Constitución fue romper, finalmente, con estas dos condiciones.

¿Qué ha logrado el movimiento en las once semanas que han pasado?Hacia adentro, diría que el logro mayor es llegar al convencimiento de que el destino del país está en nuestras manos.  En el proceso de lucha contra la corrupción y la impunidad, los logros son importantes: el gobierno del Partido Patriota está totalmente desgastado, sin recursos humanos, con escasos recursos financieros, sin apoyo político y solamente detenido pendiente de un hilo, temporalmente, por la Embajada y parte del CACIF. La vicepresidenta fue obligada a renunciar y seis ministros de Estados han renunciado o los han sacado, al igual que secretarios a granel. Quienes fueran los secretarios personales de Otto Pérez y Roxana Baldetti, personas de su “absoluta confianza”, resultaron ser los encargados de manejar la “mafia” de defraudación tributaria en la SAT y de la corrupción atroz en el IGSS, así como el Bufete hoy llamado “de la impunidad” (verdadera vergüenza jurídica) encargado de sobornar jueces y descarrilar acciones judiciales. Para estas personas y para casi 100 funcionarios de distintos niveles se han abierto causas penales. Contratos fraudulentos por más de mil millones de dólares se han dejado sin efecto y se continúan las investigaciones. El vicepresidente designado por el Congreso, Alejandro Maldonado, podrá ser legal; pero es absolutamente ilegítimo y todos los otros funcionarios recién nombrados gozan de la desconfianza y el rechazo de la población.

Otto Pérez no es un caso más de corrupción. El aspecto que hace que el caso de Otto Pérez en materia de corrupción sea tan significativo es que convirtió al Estado, en su conjunto, en el saqueador de los fondos públicos. No es un gobierno que solamente abusó, robó y acumuló riqueza como acción paralela a su poder, sino que ha sido el gobierno queutilizó todos los recursos y mecanismos del Estado para la corrupción y la impunidad. El mismo Departamento de Estado afirma que el principal problema de Guatemala es la “corrupción generalizada”. De hecho, es un gobierno que refleja los gobiernos contrainsurgentes de Lucas García, Ríos Montt y Mejía Víctores, que concentraron sus acciones en la represión y la impunidad. Ahora, Pérez es el maestro de la corrupción y la impunidad y cuando esa corrupción ha significado la muerte de cientos de miles de personas (hambrunas, enfermedades y epidemias con pésimos servicios de salud, desnutrición infantil e indiferencia ante la violencia, con 16 personas asesinadas diariamente) estamos ante un crimen de lesa humanidad. Como se ha comprobado, existe correlación entre los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos por las fuerzas del Estado durante el conflicto armado interno y el crimen organizado de hoy y los casos de corrupción descubiertos y que se siguen descubriendo.Efectivamente, al firmarse la paz, una gran cantidad de “agentes de la contrainsurgencia” pasaran a tareas privadas de seguridad y de violencia. En muy poco tiempo, Guatemala se convirtió en un país atrapado por niveles crecientes de criminalidad. Otto Pérez viene de los oficiales encargados de la “inteligencia militar”, que no solamente buscaban información sino que, como G-2, eran responsables de desaparición forzada, tortura y “escuadrones de la muerte”. Lo que le dio una figura más presentable, gozando de apoyo de la CIA como egresado de la Escuela de las Américas, fue su oposición al auto-golpe de Jorge Serrano y posterior envío de éste a Panamá (con millones de dólares en el bolsillo, que nunca pudieron ser rescatados) y su cercanía a Arzú para la firma de los Acuerdos de Paz. Resulta paradójico que por las mismas razones que Serrano fuera expulsado –enorme corrupción y compra de voluntades en el Congreso para concentrar el poder—ahora la ciudadanía le exige la renuncia. Pérez llenó las estructuras del Estado con sus camaradas de la inteligencia militar, comenzando por Baldetti (llamada #2 de la Línea y del Patriota) y Mauricio López (#3 del Patriota). No solamente tiene Pérez responsabilidad de los mismos hechos por los que sus allegados ya salieron del gobierno, sino que su mano aparece dirigiendo los hilos del “Bufete de la Impunidad”, para garantizarse resultados favorables en los tribunales, y la corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Banco de Guatemala, que trasladó cientos, si no miles, de millones de dólares a las arcas del Partido Patriota y/o a sus cuentas personales. Tiene dos sostenes, ya que el ejército no se quiere meter ni a favor ni en contra, que son el CACIF (ente del sector privado), con varios de sus dirigentes en entredicho también por actos de corrupción y represión, y la Embajada de Estados Unidos, que no sabe cómo relacionarse con gobiernos honestos y con respaldo popular, que dejen de ser títeres.

El giro de los “poderosos”. Estados Unidos y el CACIF fueron aliados del movimiento para lograr la renuncia de Roxana Baldetti (el 8 de mayo) y la salida de 6 ministros de Estados y muchos otros funcionarios comprometidos; pero, de improviso, cambiaron de rumbo y, desde mediados de mayo, decidieron sostener a Pérez. Uno no cuenta con toda la información y los hechos que se producen tras bambalinas. Creo que, en el caso del CACIF, hay muchos empresarios, de todos los calibres, que “tienen la cola machucada”, como se dice en Guatemala (para indicar que en algo están involucrados), incluidos los que explotan recursos mineros y han propiciado la represión gubernamental. Es claro que no quieren apretar a Pérez. En el caso de la Embajada, creo que la ecuación es distinta. Por un lado, al haber sido “recurso” de la CIA, Pérez se ha ganado un tratamiento privilegiado (que él aprovechó para establecer su poder), como lo fue Manuel Contreras en Chile. Hay una decisión de defenderlos, para “agradecerles sus servicios”. Por otro lado, están lo que los estadounidenses llaman sus “intereses geopolíticos”. México, Honduras y Guatemala constituyen una zona volátil, con problemas de violencia, narcotráfico, crimen organizado y migración, para la cual el Departamento de Estado considera, erróneamente, que su mejor apuesta es relacionarse con gobiernos débiles, ilegítimos y sometidos. Un gobierno honesto y nacionalista en Guatemala no les garantiza su control de la región, que es su fijación. Históricamente, es un gran error, porque los países de América Latina cada día toman más distancia del imperio; también es un gran error para el Partido Demócrata en los Estados Unidos, porque arriesga la continuidad en la Casa Blanca. Tanto el Embajador Robinson como el Presidente Obama pueden pagar muy caro su compromiso con los corruptos de Guatemala. 

No basta con sacar a Pérez y secuaces. La verdad es que la ciudadanía indignada de Guatemala, que se rehúsa a utilizar la violencia, pide mucho más que sacar a Pérez, Maldonado y resto del Poder Ejecutivo. Lógicamente, en el tiempo y en la urgencia, la primera demanda es la sustitución inmediata del gobierno de Otto Pérez y Alejandro Maldonado por un gobierno honesto y confiable, que sea nombrado por el Congreso de la República de una terna propuesta por la ciudadanía en rebeldía. La segunda demanda clave es que se detenga el proceso electoral ya, para permitir la reforma urgente, de aplicación inmediata, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Para lograr lo primero, hay que desgastar el apoyo estadounidense y del CACIF. El sector privado ya no es monolítico; aún la cúpula está cansada de la necedad de Pérez. Si empezamos a producir pérdidas económicas por la vía del boicot, más empresarios se darán cuenta de que no pueden ir a un tercer mes de semi-parálisis y debemos lograr que ésta se transforme en parálisis total. En cuanto a Estados Unidos, hay que desgastarlo por la vía política y diplomática. La denuncia internacional hay que intensificarla: que deje de desestabilizar países, como hace ahora en Ecuador, y que deje de sostener a los títeres, como hace en Honduras y Guatemala. Pero también hay que elevar el costo interno en Estados Unidos: es evidente que si los Demócratas no unifican tras ellos el voto latino, perderán las elecciones de 2016. Su posición en Guatemala les genera anticuerpos. En todo caso, esta lucha amerita perseverancia del movimiento por la dignidad nacional en Guatemala y de nosotros en la Diáspora.

Para la segunda demanda, hay que tomar acciones simultáneamente con la salida de Pérez. La ciudadanía en las calles y plazas, y en la Diáspora, está convencida de que el actual proceso electoral nos lleva a situaciones todavía más conflictivas. No se puede gastar grandes cantidades de dinero, solamente para que el nuevo gobierno, de nuevo en manos de los corruptos, colapse en cuestión de semanas, si no, días. Si las cosas siguieran como están, el nivel de abstención sería enorme y, sin duda, ganaría el voto nulo. El gobierno resultante sería ilegítimo desde el primer día, favorecido con menos del 10% de la ciudadanía, tanto en el gobierno central como en el Congreso. Mientras tanto, la ira popular llegará a niveles mucho más altos, dirigida contra todas las instituciones del Estado, incluidos el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte de Constitucionalidad(CC), y no digamos contra todos los partidos políticos en la farsa electoral. La ilegitimidad y falsedad del proceso eleccionario son las razones políticas para exigirle al TSE y la CC que para prevenir males mayores decidan parar el proceso y exigir de inmediato, con aplicación urgente, la reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Existe una condición adicional: al no haberse cumplido un mandato de la propia CC de hace cuatro años, para habilitar el voto de las y los ciudadanos en el extranjero para estas elecciones, el proceso actual es inconstitucional. Se niega el derecho humano y constitucional a más del 10% de la ciudadanía. Acá ya no se trata de que la CC tome una acción política; tienen la obligación de parar el proceso y exigir la reforma. Y si se hace esa reforma, hay que hacer todas las reformas a la ley de una vez. 

¿Y la izquierda? Una pregunta que sin duda se hará la audiencia es: ¿qué hace la izquierda guatemalteca?Desde el principio, la mayoría de los líderes y militantes de las fuerzas del centro-izquierda han estado en las calles junto a la ciudadanía rebelde; pero no se quitan la camisa de fuerza de ser partidos políticos. Temen a su desaparición como partidos si no se pliegan a los dictámenes del TSE y prefieren correrse el riesgo de desaparecer en las elecciones por falta de votos. No tienen la visión para darse cuenta de que el sistema de partidos políticos vigente llegó a su fin. Algunos dirigentes, incluso, pueden soñar que la ciudadanía inconforme vote por ellos en septiembre, cuando es claro que quienes pudiesen eventualmente votar por ellos se abstendrán o votarán nulo. Ninguna de estas fuerzas, ni solas y fraccionadas como están, ni con grandes alianzas que pudieran intentar, constituyen una opción electoral. El sistema siempre las marginó y ahora cargan también con las culpas del sistema. La mejor contribución que pueden hacer al cambio del sistema político es renunciando, públicamente, a participar en el presente “circo electoral”.

¿Qué está faltando en Guatemala para provocar el desenlace? Desde el primer momento hemos sentido la ausencia de una modalidad de organización, Para evitar dudas y suspicacias, nadie quiso tomar la conducción del movimiento. La fuerza se generó a raíz de cierta espontaneidad y de evitar el protagonismo de personas o entidades. Fue clara, precisa y adecuada la decisión de oponerse a cualquier tipo de caudillismo. Resulta evidente, sin embargo, que este gran movimiento  por la dignidad nacional debe tener una manera de expresarse, coordinarse y tomar decisiones. El paso fundamental sería la construcción de una especie de Asamblea Nacional (AN), que no pase por el Congreso, en la que todos los sectores pudieran participar, vía representantes, y debatir sobre las opciones para enfrentar la crisis. El gobierno de Pérez, Maldonado y secuaces debe acabar, y esta AN debe proponer una terna al Congreso, para cumplir con la Constitución, para que éste elija a Presidente y Vicepresidente. Igualmente, al mandatarse al Congreso para la reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos debe hacerse obligatoria la consideración de la propuesta de nueva ley que surja de la AN. Por consiguiente, la existencia de este mecanismo es fundamental.

Es indudable que la Asamblea Nacional (AN) puede empezar a integrarse por decisión de los diversos sectores. Existe ya una Asamblea Social y Popular. De igual manera se han establecido importantes coordinaciones en los niveles de capas medias y otros. Creo que los criterios de apertura y no exclusividad son universalmente aceptados; pero igualmente el de una representación balanceada. No puede ser un mecanismo centrado solamente en la capital y, de hecho, tampoco puede quedar por fuera la Diáspora. Debemos avanzar rápidamente en su conformación. Eventualmente, sería importante contar con la convocatoria de personas y/o entidades que gocen de autoridad moral. Personalmente, he sugerido que el Arzobispo represente a la Conferencia Episcopal de Guatemala y que las otras iglesias propongan igualmente a sus líderes. Presencia obligada deberán tener los sacerdotes y sacerdotisas mayas. Los primeros pasos se deben dar ya; la conformación formal tampoco puede tardar mucho. Hemos perdido 61 años de nuestra historia y urge recuperar el tiempo.