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EL SOCIALISMO ES POSIBLE. Jorge Notaro

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EL SOCIALISMO ES POSIBLE
JORNADAS SOBRE EL RUMBO DE LA IZQUIERDA URUGUAYA

El Proyecto Nacional y la construcción del bloque social de los cambios en Uruguay. Jorge Notaro, 30 de setiembre de 2010

  1. Introducción

El objetivo de la ponencia es analizar la construcción del camino al socialismo así como el destino al que se quiere arribar. El punto de partida es considerar que el Uruguay es una sociedad capitalista dependiente.

El capitalismo dependiente es un dato y una alternativa para los proyectos políticos es mejorarlo o superarlo. En el FA conviven ambos enfoques y en este documento se adopta el segundo, una perspectiva socialista que considera que el capitalismo puede ser superado por la acción de las organizaciones sociales y políticas que expresan los intereses de las clases y capas sociales explotados y dominados.

Este punto de vista es compartido por muchos frentemplistas, que al mismo tiempo, discrepan sobre como transitar el camino hacia el socialismo y que características tendrá la nueva sociedad. La hipótesis de este documento es que la senda no está trazada y que el destino no está escrito, están en construcción en las experiencias de lucha, en su análisis. Requieren el debate entre los militantes sin partido y las organizaciones políticas que comparten este punto de vista con el objetivo de analizar la viabilidad de construir en el FA una coalición socialista.

Se presentan algunas consideraciones sobre el punto de partida y sobre los márgenes que deja el capitalismo dependiente así (en 2), las alternativas de políticas (en 3) y los requisitos para la construcción de una base social para una política de transición (en 4). El análisis incluye más interrogantes que certezas y sólo aspira a formar parte del debate para la construcción de una agenda.

  1. El punto de partida

El Uruguay es una sociedad capitalista dependiente lo que implica lo que implica una doble relación de dominación y de explotación de los sectores populares, de una alianza social local y de actores externos. El capitalismo permite que una minoría propietaria de los medios de producción domine y explote a los que no tienen propiedad y la dependencia la articula con socios externos, en una alianza que incluye desde los dueños de la tierra hasta los especuladores financieros internacionales. Es una forma de organización social dominante tan transitoria como las que la precedieron. Esta caracterización de relaciones de clases en la sociedad como una referencia a la columna vertebral en el cuerpo humano, no se puede entender a este segundo sin la primera pero la primera es sólo un aspecto.

El Frente Amplio surge, como lo expresa en su Estatuto, “ARTICULO 1º.- DEFINICION.-El Frente Amplio, fuerza política de cambio y justicia social, creación histórica permanente del pueblo uruguayo, de concepción nacional, progresista, democrática, popular, antioligárquica y antiimperialista, se integra por todos aquellos sectores políticos y ciudadanos que adhieren a los principios y objetivos establecidos en la Declaración Constitutiva del 5 de febrero de 1971, en las Bases Programáticas y en el Acuerdo Político, conformando una organización con el carácter de coalición - movimiento y que se comprometen al mantenimiento y defensa de la unidad, al respeto recíproco de la pluralidad ideológica y al acatamiento de las resoluciones tomadas por los organismos pertinentes según lo estipulado por el presente Estatuto. El mismo está abierto a la incorporación de otras organizaciones políticas y de los ciudadanos que comparten su misma concepción.”

Desde 1971 ha cambiado el mundo, el país y el Frente Amplio. El desafío es cambiar para dar respuesta a las nuevas condiciones, sin perder las raíces que llevaría a una mutación. Sus raíces están en el artículo 1º del Estatuto y en el estilo político que le permitió consolidarse, la organización, la movilización, la lucha, la democracia interna, la convivencia en la discrepancia valorando las coincidencias como más importantes que las diferencias. De su origen como fuerza política con una base social casi exclusivamente montevideana y de capas medias, hoy canaliza la adhesión y las esperanzas de la mitad del país. Llegó al gobierno, pero no al poder y mientras exista la oligarquía y el imperialismo, la lucha continuará.

Los excepcionales logros macroeconómicos no se reflejaron plenamente en una mejora de las condiciones de vida de los grupos empobrecidos en los años previos. Finalizado el primer gobierno del FA, no podemos decir que nunca hubo tan pocas personas pobres. El compromiso de recuperación del salario perdido durante la crisis no se cumplió con los trabajadores del sector privado y al final del primer gobierno del Frente se encontraban un 4 % por debajo.

El aumento del empleo, la política salarial y el aumento de las pasividades no fueron suficientes para lograr una importante reducción de la pobreza y tampoco existen indicadores claros de aumento de la inclusión social. La política implementada por este segundo gobierno del FA ¿cumplirá el compromiso de reducir la pobreza a la mitad, es decir, que 300.000 personas salgan de esa situación?

  1. Las alternativas de políticas

3.1 La política salarial

Los aumentos del Salario Mínimo Nacional anunciados tienen como objetivo la reducción de la pobreza. En julio de 2010 la línea de pobreza se ubicaba en $ 6.120 en Montevideo y en $ 3.830 en el resto del país urbano (localidades de 5.000 habitantes y más) por persona por mes. De acuerdo a las proyecciones de inflación del MEF, se puede estimar que aumentará no menos de 5% anual. Es probable por lo tanto que los trabajadores que ganan el salario mínimo nacional y vivan en Montevideo, continuarán siendo pobres durante 2010 y 2011, y dejarán de serlo a partir de 2012.

En el Sector Privado, la propuesta del gobierno de aumentos de acuerdo a la inflación proyectada mantiene el salario real en torno al nivel que tienen en el momento del vencimiento de los convenios vigentes y el correctivo estipulado. El segundo criterio, en la relación entre el aumento del PBI y del empleo tanto a nivel global como sectorial, si los aumentos del primero mayores que los del segundo, un indicador de aumento de la productividad del trabajo, el aumento del salario real será financiado por el aumento de la productividad y no afectará el nivel previo de rentabilidad de las empresas. Por último, en aquellos subgrupos con mejores resultados de acuerdo a los indicadores elegidos, podrá aumentar el salario real en mayor medida. Estos lineamientos permiten que los salarios por categoría establecidos en cada subgrupo de los Consejos se asocien a los cambios en la capacidad de pago de las actividades comprendidas, de modo que si esta aumenta se mejoren los niveles de los salarios reales.

En el Sector Público, para mejorar el salario real de soldados y policía, maestros y profesores, así como para aumentar la inversión en infraestructura y mejorar el mantenimiento de los locales existentes, hay un camino sencillo: aumentar el gasto público y para mantener el equilibrio fiscal, aumentar los ingresos.

Cabe observar que tanto los criterios de aumento de los salarios en el sector privado como en el público, mantienen los altos niveles de rentabilidad alcanzados durante el primer gobierno del Frente Amplio. Incluso los aumentos del Salario Mínimo Nacional, para trabajadores que se encuentran casi exclusivamente en actividades de comercio y servicios, sin competencia externa ni precios dados por los mercados internacionales, serán trasladados a los precios de los bienes y servicios. Los aumentos de salarios de acuerdo a la productividad implica que el excedente aumenta en el mismo porcentaje y por lo tanto, no se modifica la distribución del ingreso ni la participación de la masa salarial en el ingreso nacional; por el contrario, consolidarán altos niveles de rentabilidad del capital;

El equipo económico, con la aceptación de todo el Poder Ejecutivo, continúa como en el período anterior subordinando la política salarial a los objetivos de estabilización de precios y fiscales, agregando argumentos sobre la competitividad y el empleo. Considera que los altos niveles de rentabilidad no deben ser afectados por aumentos de impuestos o de salarios.

Durante el primer gobierno del Frente Amplio el aumento del salario real para el sector privado fue mayor de lo que proponía el Poder Ejecutivo y fue compatible con las metas de estabilización de precios y de superávit fiscal primario; el modelo macroeconómico que utiliza el MEF tiene un sesgo contra los trabajadores asalariados, sobreestimando el impacto de los salarios en la inflación, la competitividad y el empleo, al mismo tiempo que subestima el tipo de cambio real y los precios externos.

El argumento sobre el impacto de los salarios en la competitividad contradice a la argumentación del MEF cuando se debate sobre el tipo de cambio real. En este caso, el MEF argumenta que la competitividad es un problema sistémico en el cual el tipo de cambio tiene una importancia menor. Con estos criterios es probable que se reduzcan los consensos en los Consejos de Salarios y aumenten las resoluciones por mayoría, con los votos de las representaciones del gobierno y de los patrones.

3.2 La política presupuestal.

El programa del FA propone una redistribución del ingreso, lo que significa modificar la actual distribución y se comprometió a reducir la pobreza a la mitad. Durante 2009 las personas pobres eran aproximadamente el 21% de la población (estimación preliminar del IECON); si tenemos en cuenta que el INE estima la población del país el mismo año en 3.345.000 personas, los pobres son 669.000. Por lo tanto, el compromiso significa que 334.500 personas deberían dejar de ser pobres.

El presupuesto puede ayudar al logro de los objetivos del programa si se cobran más impuestos a los pocos que tienen mucho y se gasta para aumentar los ingresos de los muchos que tienen poco.

Los anuncios realizados por el equipo económico ¿aseguran que se cumplirán los compromisos electorales del FA? En particular, mejorar la distribución del ingreso, reducir la pobreza a la mitad, entregar 250.000 hás; construir 50.000 viviendas y 100 locales de enseñanza.

El llamado “espacio fiscal” que se toma como un dato se refiere a las posibilidades de aumentar el gasto público en la medida en que los ingresos públicos aumenten en función de los cambios en el nivel de la actividad económica. Cabe como alternativa aumentar los ingresos públicos y si se hace esta opción, surge una segunda ¿quién pagará más impuestos? Que paguen más los que tienen ganancias extraordinarias derivadas de la renta de la tierra con detracciones sobre las exportaciones de algunos bienes con baja transformación; los capitales especulativos, con un impuesto sobre la entrada y salida de capital; las empresas, aumentando las tasas del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE); los más ricos, aumentando la tasa del impuesto al patrimonio y bajando el mínimo no imponible.

Es posible aumentar los impuestos a las actividades que tienen una renta extraordinaria por el aumento de los precios internacionales. Uruguay cobra menos impuestos que Argentina y Brasil, totales y sobre todo, a las ganancias y a la propiedad. Según la CEPAL (2010 362:364) la relación promedio de América Latina entre ingresos del gobierno y el PBI era de 18%; Argentina 30%, Brasil 35% y Uruguay 23%. Los impuestos a las rentas y sobre la propiedad eran 5.5% en A. Latina, 8.5% en Argentina, 10.3% en Brasil y 4.2% en Uruguay.

La presión fiscal en el agro entre 2007 y 2009 se ubicó en 6.5%, nivel muy bajo y además aproximadamente un 1% menor a la de los años 2005 y 2006 (Tambler 2010). Se estimó que el margen bruto por hectárea en los últimos cinco años pasó de 16 a 51 dólares en la ganadería, de 31 a 339 dólares en la lechería, de 66 a 389 dólares en el trigo y de 180 a 252 dólares en el maíz; en los últimos cuatro de 95 a 269 en la soja y de 49 a 721 en el arroz.

Como señalan los economistas del Plan Fénix1 las detracciones contribuyen a reducir en el mercado interno el precio de los alimentos que se exportan, permiten la apropiación social de la renta proveniente de los recursos naturales y contribuyen a aumentar los ingresos públicos, los que a su vez se podrían utilizar para subsidios. Para J. A. Ocampo, que fue Secretario Ejecutivo de CEPAL, “No es mala idea la de las retenciones si uno quiere aislar la inflación nacional de las tendencias internacionales”2 y señala como antecedente la propuesta de Albert Fishlow de poner impuestos a la exportación de productos agrícolas durante el aumento de precios provocado por la guerra de Corea.

Casi cuarenta países regulan las exportaciones de sus materias primas. A las retenciones de Argentina se agregan en la región la suspensión en Brasil de las exportaciones de arroz para asegurar el abastecimiento. En Chile la empresa estatal CODELCO es la principal propietaria del cobre, principal producto de exportación que aporta el 30% de los ingresos públicos a lo que se agregó un royalty a las empresas mineras privadas. China gravó las exportaciones de granos y de agroquímicos e impuso derechos sobre la venta de metales.

Sobre la reducción de las exenciones fiscales, el Senador Alberto Couriel (2010) propone “un aumento de los ingresos fiscales, por ejemplo, a través de bajar las desmesuradas exenciones fiscales que se están otorgando a la inversión productiva. Se podría, sin grandes dificultades, recortar una parte de las exenciones impositivas que en la actualidad superan el 4% del PBI y, por lo tanto, están por encima de los 1.200 millones de dólares anuales. Las exoneraciones al IRAE (Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas) son una muestra del nivel exagerado de las mismas, alcanzando en 2008 al 60% de su recaudación. De esta manera se contemplarían los objetivos financieros con la redistribución del ingreso y podrían surgir algunos aumentos, por ejemplo para vivienda, que es una de las prioridades del futuro presupuesto.”

Las relaciones internacionales económicas y políticas.

Para aumentar la autonomía política y acelerar el crecimiento de acuerdo a un proyecto productivo es fundamental el MERCOSUR como proyecto político y regular el movimiento internacional de capital.

3.3.1 La regulación del movimiento internacional de capital

El aumento del tipo de cambio es una forma de promoción de exportaciones y desestímulo a las de importaciones, aumento del empleo. Pero al mismo tiempo, mayor inflación, aumento del precio de los alimentos, mayor rentabilidad agroexportadora. Se requieren medidas complementarias al aumento del tipo de cambio para bajar el precio de los alimentos y recortar las ganancias

El ingreso de capital que no es para inversiones productivas se convierte en una base para la expansión del crédito y contribuye a la apreciación de la moneda nacional (Hausmann et al 2005, OIT 2004). Para promover la transformación de la estructura productiva y las exportaciones, orientando la inversión, es necesario el mantenimiento de un tipo de cambio real estable y competitivo, así como desestimular el ingreso de capitales especulativos.

Señala Ffrench Davis (2005 295:309) “Hay consenso sobre cuán esencial es tener fundamentos macroeconómicos sanos. Sin embargo, hay gran incomprensión sobre cómo se definen”… “Una definición reformada de los fundamentos macroeconómicos debería, entonces, incluir – junto con la inflación baja, cuentas fiscales saneadas y exportaciones dinámicas – déficits externos y deudas netas sostenibles, pasivo líquidos netos reducidos, tipo de cambio real no desalineado, una fuerte regulación y supervisión prudencial, y transparencia del sistema financiero. Durante los períodos de abundancia de capital, la regulación de la entrada de capitales se transforma en un requisito para mantener los equilibrios macroeconómicos reales. Asimismo, en los períodos recesivos o de escasez de financiamiento, disponer de instrumentos para la regulación de las salidas de capitales de residentes y extranjeros contribuye a suavizar las fuerzas contractivas y acelerar la recuperación” La importancia de estas regulaciones aumenta si se tiene en cuenta que “…es todavía más notoria la falta de instituciones internacionales adecuadas para monitorear un mercado financiero tan sofisticado e inestable.”

Este ingreso de capitales del exterior tiene además otros efectos negativos para la economía del país. Cabe destacar entre los más importantes que al aumentar la oferta de moneda extranjera contribuye a que baje la cotización de dólar, lo que a su vez tiene efectos en que los productos importados son más baratos y en un aumento de su demanda desplazando a productos nacionales. Este proceso de entrada de capitales a corto plazo, expansión del crédito, atraso cambiario y aumento del consumo de bienes importados, ha sido uno de los componentes principales de la crisis del período1999 – 2003.

En este momento tiene otro impacto negativo en el aumento del costo de la deuda pública. Una parte del ingreso de capital del exterior se convierte en moneda nacional y se coloca en Unidades Indexadas a un plazo de un año. Al cabo del mismo recibirá un ajuste por inflación de 7 a 8% según los pronósticos de los analistas privados y un interés en torno al 4%. Podrá volver a comprar los dólares a un precio muy parecido al de la venta original y como resultado obtendrá una rentabilidad entre 10 y 12% en dólares, niveles que no se logran en casi ningún lugar del mundo (un 1% menos descontando el impuesto a la renta).

La desdolarización de la economía, que parecía una excelente forma de evitar uno de los principales factores de riesgo. Para que tuviera éxito se requería inflación a la baja y tipo de cambio estable. Las condiciones han cambiado, la creciente oferta de dólares baja su cotización en todo el mundo y en el Uruguay se agrega el impacto de la política monetaria contractiva.

La absoluta libertad de entrada y salida de capitales implementada cuando Vegh Villegas era Ministro de la dictadura en 1975, permanece sin cambios hasta hoy y es uno de los principales factores de vulnerabilidad de la economía uruguaya. ¿Qué ocurriría si por cambios en al situación de Argentina se produjera una retiro de depósitos de este origen, en los bancos del Uruguay?

Las medidas más difundidas en los países latinoamericanos para desestimular el ingreso de capitales especulativos han sido poner impuestos a la entrada y salida, gravar las operaciones de cambio, aumentar los encajes sobre depósitos de no residentes o exigir un plazo mínimo de permanencia de seis a doce meses (Aghion et al 2003, Caprio et al 2003, Ffrench – Davis 2005, Hausmann et al 2005, Stiglitz 2002).

3.3.2 El MERCOSUR como proyecto político

La inserción internacional del país debería tener como prioridad un proyecto político dirigido a aumentar la autonomía política y económica, fortaleciendo los vínculos con Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Venezuela, lo que implica inevitables concesiones que pueden ser simples gestos políticos que reparen los errores pasados.

Uruguay quedó fuera del MERCOSUR de hecho, lo que puso en marcha la profundización de los acuerdos bilaterales de Brasil y Argentina y por otra parte, fortaleció en el gobierno las propuestas de acercamiento a los Estados Unidos. Parece incoherente rechazar el ALCA y poco tiempo después iniciar negociaciones para un TLC con los EE.UU. Se perdieron los puntos de referencia dejando de lado el primer punto del estatuto constitutivo del Frente Amplio en 1971 que los define como una fuerza antioligárquica y antiimperialista.

Se requiere diseñar una estrategia de acercamiento con los demás países del MERCOSUR para fortalecer los vínculos políticos y económicos. Asumir que es un proceso complejo y lento, pero que no hay otro camino, priorizar la dimensión política y el papel del gobierno como negociador aprendiendo de la construcción de la Unión Europea. El Banco del Sur podrá constituir una alternativa al BID, FMI y BM.

  1. La construcción de la base social

A principios del siglo XXI en el Uruguay es difícil sostener como en la canción de Daniel Viglietti de los años sesenta, que “la senda está trazada, ya la trazó el Ché”. Tampoco se escucha en las movilizaciones la consigan de aquellos años, “que suba, que suba, gobierno como en Cuba”. Responder a los cambios en el mundo, el Uruguay y el Frente Amplio exige tener en cuenta el marco general del capitalismo dependiente y analizar también las particularidades históricas, del lugar y del momento, un “análisis concreto de la situación concreta”.

Los gobiernos de los países dependientes están limitados por la condicionalidad de los organismos multilaterales de crédito (BID, Banco Mundial, FMI), las calificadoras de riesgo, los asesores de inversionistas del exterior, los acuerdos comerciales (OMC, Mercosur) y los tratados de inversión. Si se acepta la hipótesis de que la dependencia condiciona pero no determina las decisiones y que los países dependientes tienen un margen para mejorar la situación económica y social, es necesario identificar el espacio disponible para ejercer y fortalecer la autonomía.

En segundo lugar, si se acepta que no se ha agotado el desarrollo de las fuerzas productivas en el marco de las relaciones de producción capitalistas, la estrategia deberá articular a los actores que contribuyan a estos cambios y al mismo tiempo, a modificar las relaciones de poder. Para el desarrollo capitalista del Uruguay se requieren políticas que contribuyan a la constitución y fortalecimiento de los actores que pueden formar parte de un proyecto nacional. No alcanza con una política económica que estimule la inversión y aumente el empleo, complementada con una política social que compense los efectos más crueles del capitalismo dependiente en el país.

Una estrategia de desarrollo y las políticas económicas que la implementen que tengan como objetivo aumentar la autonomía económica y política en un camino de transición al socialismo, así como el bienestar de la población, requiere la construcción de una alianza social ¿quiénes, como y para qué?

Los resultados de la política económica generan costos o beneficios para los actores sociales que comprenden el nivel de ingresos, las condiciones de existencia, la valoración del patrimonio, las condiciones de desarrollo de su actividad y también políticos en la medida en que los cambios económicos modifican las relaciones de poder. En los primeros inciden las políticas específicas (por ejemplo los salarios y las pasividades) como sus condicionantes (por ejemplo la inflación y los impuestos). En la valoración del patrimonio inciden regulaciones directas e indirectas, como por ejemplo la legislación sobre arrendamientos de viviendas o la regulación de precios agropecuarios en forma directa, o la política cambiaria y la tributaria en forma indirecta.

El Estado, además de orientar la gestión privada con la política económica, participa del proceso como empresario. Puede limitar la actividad del capital por los monopolios públicos, las regulaciones y prohibiciones (intermediación financiera, activos en moneda extranjera, etc.), la protección del mercado interno o las políticas crediticias. La relación beneficio económico – apoyo político o costo económico – oposición política no es mecánica y se relativiza por condiciones específicamente políticas entre las que la ideología tiene un papel importante para explicar que “la situación económica no se traslada inmediata y directamente a la conciencia política” (Reich 1973)3

Se trata de discutir los criterios que deben orientar esta presencia del Estado así como identificar sus límites, en particular en su capacidad de inversión y de gestión. En el espacio que no puede ocupar se trata de analizar el papel de la inversión extranjera directa, las PYMES, los productores familiares agropecuarios, las cooperativas y otras formas de autogestión. ¿se requieren nuevas empresas públicas? ¿se justifica que el Estado administre el juego?

Surgen interrogantes sobre las opciones técnicas disponibles y las restricciones que imponen las relaciones de poder y las leyes de la economía ¿qué grado de autonomía tiene el Estado para decidir la política económica? ¿tiene que someterse a leyes de los mercados? ¿si existe voluntad política puede alcanzar cualquier resultado que se proponga? ¿los actores locales y externos, determinan o condicionan las decisiones de política económica o la reestructura de la economía?

La promoción de inversiones se realizó exclusivamente por consideraciones económicas y no tuvo en cuenta objetivos políticos, con el desarrollo económico de los actores sociales que comparten el proyecto estratégico nacional. Cabe preguntar ¿Cuál es el desarrollo productivo y cuales son las inversiones que contribuyen a reducir la dependencia? ¿hay seguimiento y evaluaciones de la IED y la ley de promoción de inversiones? ¿se justifican los estímulos en las actuales condiciones internacionales de abundancia de capital sin oportunidades de inversión?

La autogestión y otras formas de asociación de trabajadores por relaciones de cooperación ¿son una forma de liberación o de aburguesamiento? La respuesta no está predeterminada y depende de las particularidades de cada experiencia. Por una parte, el control de los trabajadores del proceso de producción implica un cambio en las relaciones de producción ya que dejan de ser vendedores de su capacidad de trabajar y se apropian plenamente del resultado de su trabajo; estas experiencias son condición necesaria para la construcción del socialismo y pueden constituir el origen de un modo de producción dominado que pasará a ser dominante sometidas a una competencia desigual. Por otra, administran empresas condicionadas por las leyes de los mercados.¿que medidas de política pueden ayudar a su fortalecimiento? (apoyo a la gestión, acceso a mercados, discusión política, crédito, etc.). Por su carácter no podrían formar parte de las organizaciones sindicales, en la medida que no tienen patrón ni de las empresariales, en la medida en que no tienen trabajadores asalariados; la expresión de sus intereses se da en las federaciones de cooperativas como la Federación de Cooperativas de Producción, en las organizaciones de tercer grado como CUDECOOP y en la constitución de instituciones que expresen la alianza de los sectores populares como el Congreso del Pueblo.

La convocatoria a un Compromiso Nacional en 2005 trató de compatibilizar intereses contradictorios de las organizaciones de trabajadores y empresarios en torno a un proyecto estratégico nacional, un acuerdo de amplia base social y de largo plazo. No tuvo éxito y cabe preguntarse si existen empresarios con interés en participar de un proyecto nacional y, en caso afirmativo, si los representan las gremiales convocadas. Las veinticuatro gremiales empresariales se retiraron de este escenario en octubre de 2007, pero la inversión privada siguió aumentando a ritmos sin precedentes.

Se requiere una evaluación para identificar las causas y diseñar propuestas superadoras. Se podría hipotetizar que la representación empresarial tiene poco peso en la economía del país y resabios de la ideología de los patrones de mediados del siglo XX, delegó las negociaciones en profesionales del conflicto y no supo incorporar una visión moderna de las relaciones laborales y con el gobierno. En 2006 sólo el 7.1% de los patrones estaba afiliado a una cámara (Arim y Salas 2007:32). La gremiales empresariales ni siquiera asumieron un compromiso con el cumplimiento de la legislación vigente que se podría manifestar en sanciones a sus socios por incumplimiento, como por ejemplo en los casos en que la justicia detectó comportamientos antisindicales, la DGI o el BPS comprueban el incumplimiento de la legislación tributaria o la justicia penal condenó a empresarios por actividades delictivas.

Se podría reconsiderar la elección de los interlocutores, someterlos a una prueba de legitimidad a través de elecciones, diseñar una propuesta que defina el contenido del compromiso y crear ámbitos de participación para los sectores populares no asalariados. Rediscutir los objetivos y los resultados esperados, los contenidos y los procedimientos, el papel de los actores sociales y del sistema político en los nuevos escenarios, los mecanismos compensatorios que se requieren para atenuar los costos. Finalmente, analizar el papel de agentes económicos y políticos que condicionan las decisiones nacionales y limitan la autonomía; por ejemplo los organismos “multilaterales” de crédito que conceden el financiamiento si se cumplen un conjunto de condiciones que implican la adopción de determinadas medidas4. Se suman gobiernos, instituciones formadoras de opinión como las calificadoras de riesgo, los medios de comunicación y el FMI que con sus informes incide sobre la imagen del país

La reconstrucción de los escenarios tripartitos fue un estímulo muy importante para el desarrollo de las organizaciones sindicales y según estimaciones de la central, “En 2004, el PIT-CNT registraba 130 mil trabajadores agremiados. Al momento actual cuenta con 320 mil afiliados. El crecimiento se produjo por el ingreso de trabajadores a los gremios ya existentes y por la creación de 630 nuevos sindicatos” (ICD, 2009). Arim y Salas (2007: 31-40), con datos de la ECHA de 2006, estimaron que el 10% de los asalariados privados (76 mil personas) y el 42% de los públicos (92 mil personas) estaban afiliados a un sindicato, una cifra intermedia en un año intermedio del período que es similar a la estimación del ICD; de los privados el 40% se afilió entre 2004 y 2006 y en los públicos se detecta un salto entre 1985 y 1987.

La burguesía y el proletariado coexisten con otros grupos sociales surgidos de las relaciones de producción como los patrones de pequeñas empresas, los trabajadores urbanos por cuenta propia o los productores familiares rurales y los patrones de PYMES que trabajan junto a los asalariados, así como resultado de la participación del Estado en la actividad económica como los proletarios de las empresas públicas, los empleados de la administración pública nacional o departamental o los pasivos. Una parte importante de la población se puede considerar excluida, en la medida en que no realiza ninguna práctica integradora como resultado del desempleo, la deserción del sistema educativo de niños y jóvenes, la segregación territorial y el delito.

Entre los asalariados privados algo más de un tercio no están registrados en la seguridad social, 90.000 trabajan en el servicio doméstico y 100.000 son rurales. Además hay 289.000 trabajadores por cuenta propia con local (profesores particulares, modistas, etc.) y 62.000 sin local (vendedores ambulantes, cuidadores de autos, etc.) (Bruno 2009, Notaro 2010). Del total de 115.000 empresas formales, 110.000 tienen menos de 20 trabajadores; de este total habría que deducir 10.000 empresas de profesionales con 23.000 trabajadores. Son 43.000 comercios con un total de 130.000 trabajadores, 14.000 industrias con 48.000 y 15.000 empresas de transporte con 39.000 trabajadores (INE 2010). Hay además 630.000 pasivos, la mayor parte por haber sido trabajadores asalariados (www.bps.gub)

Se requieren acciones para promover el desarrollo y la participación de organizaciones populares de trabajadores no asalariados y empresarios de empresas con escala de actividad pequeña y media. Fortaleciéndolos se podrá crear un Sistema de Participación Social que incluya a estos nuevos actores y a los tradicionales, que complemente el tripartismo reconociendo la complejidad de la sociedad contemporánea, generando escenarios para el multipartismo y la incorporación de nuevos temas en la agenda. Los actores sociales, en interacción con instituciones públicas, fortalecen la democracia. Contribuyen a una sociedad equitativa y a una economía competitiva, sin pretender que la nueva realidad económica y social se ajuste a las viejas instituciones y legislación (Notaro, 2005: 179-183).

Para los asalariados no registrados en la seguridad social, las trabajadoras del servicio doméstico o los rurales, así como para los trabajadores por cuenta propia, organizarse y tener representación es muy difícil. Para las empresas micro y pequeñas, negociar es caro y quedan representadas de hecho por las empresas grandes, sin que se manifiesten los distintos problemas, puntos de vista e intereses.

Es necesario incorporar al proceso a la población excluida, desandando el camino de la exclusión. En líneas generales el proceso comenzó por causas económicas, con la pérdida del empleo o la reducción de la capacidad de compra de los ingresos. Continúa con el desplazamiento hacia asentamientos o barrios que concentran la pobreza y la exclusión incorpora una nueva dimensión, la segregación territorial con las implicancias en el deterioro de la calidad de la vivienda y el hábitat. Esta situación estimula la deserción de los niños y jóvenes del sistema educativo. El desempleo, la pobreza, y el aislamiento generan una nueva cultura, se pierde la confianza en el Estado y en los iguales, se deteriora la autoestima, la violencia es el instrumento para resolver los conflictos, la vida propia y ajena pierde valor.

No es exacto referirse a estas personas como “vulnerables” que implica una posibilidad futura. Si se utiliza esa expresión se debe decir “vulnerados” por que ya han sentido los impactos más crueles del capitalismo. Han sido expulsados de sus empleos, de sus viviendas, de su barrio y de las instituciones de enseñanza.

La inclusión requiere desandar este camino, generar oportunidades de participación para experimentar en la práctica la importancia de la socialización, el reconocimiento del aporte del Estado, la valoración del semejante y la posibilidad de resolver los conflictos sin violencia. El kilómetro cero del proceso de reinserción social debe ser la organización y la práctica que reconstruya una cultura y valores. Con eses punto de partida es necesario abordar los problemas de vivienda y del hábitat para superar la segregación territorial, crear los puentes para el retorno de los niños y los jóvenes al sistema educativo y apoyarlos con una enseñanza primara y secundaria de calidad que requiere un horario extendido, generar oportunidades de empleo accesibles para los desempleados de larga duración, en particular para las mujeres jefas de hogar, los hombres de más de 50 años de edad o las personas de bajo nivel educativo.

Durante el primer gobierno del FA los programas de trabajo y educativos del MIDES, las escuelas de tiempo completo y el programa del MVOTMA en los asentamientos (ex PIAI) contribuyeron al proceso de inclusión social. En este nuevo período es necesario extender esas experiencias implementando una estrategia de inclusión económica, social, cultural y política, con un enfoque multidimensional y participativo que articule diversas instituciones y políticas sectoriales, así como un programa con metas sectoriales y de inclusión, instrumentos, medidas y asignación de recursos. De esta forma se define una trayectoria, se fijan metas intermedias que permiten evaluar los resultados y se establece un horizonte en el cual se aspira a alcanzar la imagen-objetivo. La evaluación permitirá corregir los inevitables errores, incorporar problemas y propuestas nuevos, y dar respuesta a situaciones imprevistas, redefinir metas, rediseñar actividades, volver a estimar los requerimientos de recursos y ajustar el horizonte.

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1 Equipo de la Universidad de Buenas Aires dedicado al diseño de propuestas. Página 12, 06/03/07

2 En Brecha, 11/01/08

3 Wilhem Reich llamó la atención sobre la “acción irracional inadecuada” y la necesidad de incorporar la psicología social en la explicación de algunos fenómenos económicos ya que el análisis económico resulta inoperante “cuando el pensamiento o la acción están en contradicción con la situación económica, cuando una u otra no son racionales” como por ejemplo para explicar “porqué la mayoría de los hambrientos no roban y porqué la mayoría de los explotados no van a la huelga.”

4 Por ejemplo, para el FMI eran prioritarias las reformas del BCU y del BHU; para el Uruguay Productivo es prioritario la reforma del BROU.

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