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LA IMPRESCINDIBLE CONSTRUCCIÓN DEL CONSENSO SOCIAL.

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LA IMPRESCINDIBLE CONSTRUCCIÓN DEL CONSENSO SOCIAL.
Wladimir Turiansky.

Todos teníamos claro que este año de 2007 sería absolutamente decisivo en la puesta en práctica del programa de cambios con el cual el FA convocó a la ciudadanía a votar por él en octubre de 2004.
También teníamos claro que nuestro programa político era en muchos aspectos el trazado de grandes líneas, algo así como el bosquejo del Uruguay que proponíamos construir entre todos, y que requería luego una etapa de elaboración minuciosa, ya con los datos iniciales, con la información precisa, con las etapas y los tiempos, del proyecto completo en su conjunto y en cada uno de sus aspectos particulares.

Que cuáles eran los objetivos, las “ideas fuerza” del programa, eso sí lo teníamos y lo tenemos claro: el proyecto en su conjunto y cada aspecto del mismo tenía y tiene por objetivo, por razón de ser, el desarrollo productivo sustentable con justicia social, la plena vigencia de las libertades, la profundización de la democracia y su contenido participativo, y, de manera prioritaria, la atención a la exclusión social, a la indigencia y la pobreza extrema, el trabajar para terminar una situación en la que “los derechos de todos se convierten en privilegios de unos pocos”.

De alguna manera un avance en la concreción del “proyecto” estuvo expresado en las cinco direcciones  estratégicas, ampliamente difundidas en la campaña electoral: el Uruguay social, el Uruguay productivo, el Uruguay democrático, el Uruguay innovador, y el Uruguay integrado.

Bien. Lo que me parece que no nos quedó muy claro, y si lo teníamos claro nos lo fuimos olvidando con el tiempo, es el punto de partida: un país empobrecido y duramente golpeado con el vaciamiento escandaloso del sistema financiero en el 2003, con altos niveles de pobreza e indigencia, con fractura del entramado social, con desocupación, rebaja salarial, trabajo precario, pérdida de derechos, y con una pesada deuda externa cuya amortización en pagos de capital e intereses era inmediata y de montos muy elevados, que era necesario negociar lo mejor que se pudiera con vistas a diferir para adelante esos pagos, y que había que hacerlo, so pena de agregar a todas las penurias mencionadas el riesgo de un caos económico que haría naufragar las mejores intenciones.

En esas condiciones, con ese punto de partida, sabíamos que había que establecer prioridades, y que el arte de llevar adelante el proceso de cambios propuesto consistía en armonizar el orden de prioridades en materia de atención a las necesidades en materia de ingresos y nivel de vida, con la generación de las condiciones que permitieran restablecer los procesos productivos, generar nuevos, volver a tasas de inversión productiva interna y externa respecto al PBI, que permitieran reiniciar un proceso de reproducción ampliada, sin la cual la consigna de un desarrollo productivo no es más que eso, una consigna.

Y lo primero de lo primero, la primera prioridad, era la atención a la pobreza extrema. Y por eso, y antes que nada, el Plan de Emergencia. Porque para el pensamiento de izquierda la frase de Artigas es de verdad, “y los más infelices deben ser los más privilegiados”.

El 2005 expresó esta filosofía en el Presupuesto quinquenal, reiterada luego en la Rendición de Cuentas 2006, y en la tan llevada y traída Rendición de Cuentas 2007.

En fin. Así llegamos al presente 2007, y con él el momento de concretar en leyes el cambio anunciado. La Reforma tributaria, basada en el principio de la distribución de la carga tributaria en proporción al nivel de ingresos de cada cual, anunciada en el programa como uno de los ejes de la equidad. La Reforma del Sistema de Salud, para garantizar el acceso universal y de calidad para todos los habitantes del país, cualquiera sean sus ingresos. La Reforma educativa, en su doble aspecto, su democratización y generalización para todos y en el transcurso de toda la vida, y en la dotación de recursos que permitiera alcanzar el 4,5% del PBI. La concreción de proyectos destinados a la creación de empleo, y en el marco del compromiso asumido en el Consejo de ministros abierto de la ciudad de Salto. En fin, la Reforma del Estado, democratizadora y descentralizadora, y el Plan de Equidad.

Ya es ley la Reforma tributaria, tras largo y trabajoso proceso, cuyo borrador inicial fue puesto en conocimiento de la población allá por fines del primer año de gobierno, y recibió múltiples ajustes en la discusión parlamentaria en el transcurso del año 2006.

Ya tenemos las leyes de descentralización de ASSE y la creación del FONASA, con las cuales se pone en marcha el proceso hacia el SNIS.

Comienza a instrumentarse el plan de Equidad que, con las leyes anteriores, el comienzo del diálogo nacional sobre la Reforma de la Seguridad Social y la creación de empleo permite pasar a una política nacional que, más allá de la emergencia coyuntural, apunte a la inclusión, a la justicia social y la igualdad de oportunidades como un objetivo permanente.

Así estaba, y está, planteado el 2007. El año de la materialización de los proyectos que en su conjunto apuntan al proyecto de país por el que luchamos en tiempos difíciles, y para el cual la mayoría absoluta de nuestro pueblo nos otorgó el derecho a gobernar.

Y sin embargo nos encontramos con una situación social en la que las necesidades reales de sectores insatisfechos, reclamos de corte corporativo a veces, e incluso en ocasiones móviles políticos circunstanciales, ofrecen la paradoja de que aquella prioridad que todos decíamos defender, aquel sentimiento solidario con los más desposeídos que era el sustento de nuestros ideales ceden paso a la estrategia de la confrontación en el seno del pueblo, al aislamiento y el debilitamiento de un gobierno, que no es el ideal tal vez, pero que es, sin ninguna duda,  el mejor gobierno que el país ha tenido a lo largo de su historia, y el mejor que es posible tener hoy. Y la paradoja es tanto más paradójica, me perdonan la redundancia, cuanto que se presenta en el mismo momento en que los cambios reclamados comienzan a materializarse.

Aquí no valen ni aquello de “no nos comprenden” ni el traslado de responsabilidades a una derecha que traba el proceso. Se trata de extraer alguna lección.

Y a mi juicio la lección es clara: no hay manera de avanzar en transformaciones radicales de la sociedad si no se construyen los necesarios consensos sociales.

Hablo de consensos, que, más allá de las adhesiones, implican la comprensión de objetivos, de etapas, y de prioridades. Es decir, el esfuerzo por generar condiciones sociales que, aún sin ignorar el carácter conflictivo de una sociedad dividida en clases con intereses muchas veces contrapuestos, contribuyan a impulsar los cambios propuestos, las leyes que los materializan, y sobre todo, enfrentar unidos los obstáculos que los sectores económicamente dominantes hasta el presente interponen frente a reformas que afectan sus intereses.

Porque es bueno puntualizar que las transformaciones en curso tienen el signo de la equidad, de la justicia social. Son los pobres fundamentalmente sus destinatarios, y no porque pretendamos edificar una sociedad de pobres, sino porque queremos acortar la brecha entre el millón y medio de uruguayos en condiciones de pobreza y la minoría que detenta el grueso del producto del trabajo colectivo.

Ojalá el consenso social involucre incluso a las llamadas capas medias, y medias altas. Daría idea de la conciencia solidaria de esos sectores, parte del pueblo sin duda, y artífices junto a él de tantas batallas democráticas y del triunfo electoral del 2004.

Definir entre todos las prioridades y los tiempos, tal la cuestión. Porque las prioridades son inevitables, en tanto somos un país pobre y empobrecido.

Por último. Si bien la construcción del consenso es trabajo colectivo de los sectores organizados de la sociedad, descansa en la fuerza política, en nuestra fuerza política, el FA, la iniciativa, la decisión, la búsqueda de los instrumentos organizativos y comunicacionales que lo vayan concretando.

Y esto vale para esta etapa final, y crucial, del actual período de gobierno, y por sobre todo, para sustentar en esa fuerza social organizada tanto como en la unidad y cohesión de nuestra fuerza política, la consolidación y profundización de los cambios proyectados en el próximo período.   

 

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