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"El día de mañana es un día histórico, pues revisaremos la primera transacción a través del Sucre", afirmó el mandatario ecuatoriano desde la Asamblea Nacional (Parlamento), con motivo a la celebración de la declaración de la Independencia de Venezuela.
“Haití es un país en el que enfrentamos una situación de crisis total: crisis económica, crisis política, crisis social. Entonces hay una revuelta popular, el pueblo, la gente de los barrios populares, los obreros, los campesinos están en las calles, organizando marchas, barricadas, utilizando todas las estrategias disponibles para desafiar al régimen actual”, expresó Guy Laurore Rosenez, defensor de Derechos Humanos en la Oficina de Abogados Internacionales (BAI por sus siglas en francés) y miembro del Movimiento de Libertad, Igualdad de los Haitianos para la Fraternidad (MOLEGHAF), en entrevista para Avispa Midia.
“El pueblo está expresando su indignación, su frustración y está exigiendo la renuncia del presidente Jovenel Moise. Pero el pueblo ve esta renuncia como una etapa en una lucha mucho más global, que es una lucha para cambiar el sistema, acabar con ese régimen y abrir el camino hacia una sociedad que permita al pueblo vivir con dignidad”, compartió Laurore sobre la situación actual del país caribeño."
La rebelión que tiene paralizado al país caribeño empezó hace más de un año cuando, a principios de julio del 2018, el gobierno de Moise decidió aumentar el costo de los productos petroleros bajo presión del Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde esa fecha, varias olas de movilización han sucedido. En los pasados meses, la crisis se ha agravado por la implicación del presidente en casos de corrupción y el desabasto de combustible.
El pasado sábado 9 de noviembre, organizaciones civiles y partidos de la oposición haitiana firmaron un acuerdo político para sentar las bases de un eventual gobierno de transición en caso de que renunciara el actual presidente Jovenel Moise, quien hasta ahora no ha dado señales de que vaya a abandonar el poder.
No hay calendario que planee su aplicación, sólo una hoja de ruta para el proceso la cual incluye también la duración de la transición y la estructura que supervisaría el nuevo gobierno.
El partido social-demócrata Fanmi Lavalas, del ex-presidente Jean-Bertrand Aristide no firmó el acuerdo. La población haitiana tampoco parece confiar en la iniciativa, promovida por organizaciones y partidos tradicionales.
“Esa gente es incapaz de cambiar el sistema porque ese sistema le beneficia. La mayoría de los líderes de esos grupos llevan más de 30 años en el escenario político. Todos se conocen. Sólo están tratando de limpiar su imagen con la población”, declaró el activista Nixon Bomba para Radio Canada.
“Hoy, todo el país está movilizado, hasta las fuerzas más reaccionarias piden la renuncia de Moise. La Iglesia Católica por ejemplo, que es una institución muy conservadora en Haití quiere su renuncia”, precisa Laurore Rosenez acerca de la dimensión del descontento contra el presidente en amplios sectores de la sociedad haitiana.
Haití, al borde de la Guerra Civil
Para el defensor de Derechos Humanos la situación es preocupante. “El pueblo está determinado a acabar con el régimen, pero el gobierno corrupto de Jovenel Moise está determinado a aplacar la revuelta con la represión, la violencia y el terrorismo de Estado. Hay un riesgo enorme de que estalle una guerra civil, y también de que ocurran masacres masivas”, comparte Laurore Rosenez.
La actual ola de movilización, que empezó el 15 de septiembre del 2019, ya cuenta con al menos 42 muertos, 19 de ellos asesinados por la policía nacional haitiana (PNH) según declaraciones de la vocera del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) de las Naciones Unidas, Marta Hurtado. Organismos de derechos humanos han documento el uso de armas de fuego contra las protestas que exigen la renuncia del presidente de Haití.
“Policías con armas semiautomáticas han disparado hacia los manifestantes, violando así las leyes internacionales de derechos humanos y las normas sobre el uso de la fuerza”, denunció por su parte la organización no gubernamental" Amnistía Internacional en un informe.
Para mantenerse en el poder, el presidente Moise y su gobierno no sólo han hecho uso de las fuerzas policiales oficiales, también han estado utilizando grupos armados criminales. Guy Laurore Rosenez señala en particular el actuar de pandillas que han ido sembrando el miedo en los barrios populares rebeldes de La Saline, Tokyo, Grand Ravine, Carrefour-feuilles y Bel Air a lo largo del último año.
En el caso del barrio de La Saline, una masacre que tuvo lugar entre los días 1 y 13 de noviembre del 2018 resultó en al menos 71 muertos, según un informe publicado por la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH). Además, se han reportado varios casos de violación a mujeres, y numerosas casas han sido incendiadas.
Aunque los medios han tratado de reducir los hechos a un enfrentamiento entre pandillas, informes de la Misión de las Naciones Unidas y la RNDDH confirman la implicación de las autoridades gubernamentales en la masacre. Señalan en particular a Joseph Pierre Richard Duplan, ex-alcalde de Puerto Principe y Fednel Monchéry, director general del Ministerio del Interior y de las colectividades territoriales.
En un informe titulado “Gobernanza política, económica y sociocultural: diagnósticos y perspectivas de reformas en Haití”, los Estados Generales Sectoriales de la Nación dedicaron una sección al problema de las pandillas y su papel en la política haitiana. Según el documento, que fue elaborado con la participación de cerca de 600 organizaciones del país, en Haití “sólo los candidatos que cuentan con una cantidad suficiente de fuerza para ejercer la violencia (grupos armados), dinero y redes pueden ganar las elecciones. Hay que estar en la posición del más fuerte. Esa situación lleva a una forma de criminalización de la política. Los políticos buscan el apoyo de sectores violentos, y en cambio les brindan su protección. Existe un vínculo entre la proliferación de pandillas en los barrios precarios y esa estrategia política”.
Y en el contexto de revuelta que está viviendo actualmente la isla, las pandillas juegan un papel contrainsurgente muy importante.“La Saline es un epicentro de resistencia antigubernamental, por eso la masacre. El gobierno utiliza las pandillas a su servicio en los barrios populares. En el barrio de Bel Air, que también es un lugar de resistencia, el gobierno ha estado usando las pandillas para quitar las barricadas”, explica Laurore Rosenez.
En el barrio de Bel Air, justamente, ocurrieron otros enfrentamientos la semana pasada, dejando un saldo de al menos 15 muertos y varios heridos de bala, según la RNDDH.
La policía haitiana, capacitada por EEUU y la ONU
Por un lado, la policía haitiana se beneficia desde hace años de un programa de asistencia por parte del Departamento de Estado estadounidense, a través de la Sección de Cumplimiento de la Ley y Asuntos de Narcóticos (NAS, por sus siglas en inglés). El programa cuyo presupuesto rebasa los 165 millones de dólares es el tercer más grande en la región sólo detrás de los aplicados en México y Colombia.
Según la página oficial de la Embajada de EEUU en Haití, el NAS “brinda asistencia para permitir al Gobierno de Haití establecer una presencia policial y de seguridad visible y legítima, basada en la justicia y el estado de derecho, que genere una cultura de legalidad y respeto por los derechos humanos, y que brinde protección para poblaciones vulnerables.”
El programa apoya en particular a la PNH, unidades especializadas contra el narcotráfico y contra el lavado de dinero; las reformas del sector judicial y el sector correccional. Una de las principales acciones que ha estado llevando el programa es la capacitación de oficiales de policía, algunos entrenamientos siendo co-patrocinados por la Policía Nacional de Colombia.
La PNH también recibió, durante los últimos 15 años, apoyo de la ONU en el marco de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH) seguida por la Misión de las Naciones Unidas en apoyo a la Justicia (MINUJUSTH). Esas misiones vienen acompañadas del autodenominado “grupo de amigos de Haití”, también conocido como “Core Group”, un grupo compuesto por representantes de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, y las embajadas de Alemania, Brasil, Canadá, Francia, Estados Unidos y España.
Desde su llegada en 2004, uno de sus principales objetivos ha sido el de “profesionalizar el aparato judicial y la policía nacional haitiana”.
Sin embargo, para Laurore Rosenez, la realidad fue otra. “La situación actual muestra que cuando la ONU hablaba de profesionalizar la policía haitiana, en realidad se trataba de formar una policía cada vez más represiva que funciona contra los intereses del pueblo”, denuncia el defensor de derechos humanos. Movilizaciones exigen la renuncia del presidente de Haití.
Formación de milicias y pandillas contra el pueblo
La implicación del gobierno estadounidense y de la ONU en la consolidación del aparato político-represivo haitiano no sólo tiene que ver con la policía, sino también con las milicias y pandillas que funcionan como brazo paramilitar de la élite haitiana.
Para explicarlo, Laurore Rosenez regresa a principios de los años 90, cuando, después de más de 30 años de dictadura militar, el pueblo haitiano logró elegir a Jean-Bertrand Aristide como presidente del país. Unos meses después de haber empezado su mandato el 7 de febrero de 1991, un golpe de estado militar lo condenó al exilio. Durante 3 años, milicias intimidaron a la población y asesinaron a los líderes de la resistencia. La más importante de ellas, llamada Frente Revolucionario Armado para el Progreso en Haití (FRAPH) recibió apoyos económicos y armas por parte de la Agencia Central de Inteligencia de los EEUU (CIA, por sus siglas en inglés).
“Es a partir de esa época que el imperialismo estadounidense empezó a trabajar en contra de la organización popular. A partir del golpe de Estado de 1991, tomó una serie de medidas para neutralizar la lucha política del pueblo. Otra cosa que hicieron es identificar a líderes y, bajo el pretexto de que habían recibido amenazas, darles visas y exiliarles a EEUU y otros países imperialistas”, relata Laurore Rosenez.
Cuando, después de haber logrado regresar al poder, Aristide sufrió otro ataque que lo expulsó en 2004, la participación de EEUU en el manejo del país fue complementada por la llegada de las Naciones Unidas.
“A partir de ese momento hubieron muchas masacres en los barrios populares. Bajo el pretexto de la lucha contra la delincuencia, muchos activistas fueron desaparecidos”, denuncia el activista y defensor de derechos humanos.
En el marco de su “misión de paz”, la ONU también implementó un programa llamado “Desarme, desmovilización y reintegración”, más conocido como “DDR”, supuestamente destinado a erradicar la violencia armada en la isla caribeña.
Para Laurore Rosenez, en realidad el programa no sirvió para quitar las armas, sino para consolidar grupos armados al servicio del poder. “Ese programa fue diseñado para tomar el control de los barrios populares. La mayor parte de la gente que resistía antes tenía convicciones políticas y resistía a los ataques militares de la ONU con armas. Hoy la situación cambió por completo: las pandillas armadas que tomaron el control de los barrios sirven para impedir que la población salga a las calles a protestar. Con el DDR, esos barrios pasaron bajo control de pandillas armadas que ya no tienen ninguna convicción política y que al contrario están al servicio del poder”, explica el defensor de derechos humanos.
Control político internacional
En el marco de su “misión de paz”, la ONU y el Core Group no sólo se dieron a la tarea de participar en tareas de seguridad pública sino que también se dedicaron a “acompañar” los procesos electorales, ya sea para la organización de elecciones presidenciales, legislativas o municipales.
“En realidad eso significó decidir quien debe o no ser elegido con la organización de fraudes electorales”, afirma Laurore Rosenez.
El actual régimen encabezado por el Partido Haitiano Tèt Kale y más conocido como “régimen PHTK” es el producto de esa política intervencionista. Manifestante realiza una ceremonia vudú en protesta por las elecciones presidenciales de 2016.
Jovenel Moise fue elegido con el 55,67% de los votos en noviembre del 2016, después de un proceso electoral de más de un año y con una baja participación que se estima en apenas un 21%. Unas primeras elecciones que también lo daban como ganador habían sido anuladas en octubre de 2015 por denuncias de fraude, y luego aplazadas en tres ocasiones sucesivas.
Moise llegó al poder sin ninguna experiencia política previa. Exitoso agroindustrial exportador de plátanos, anteriormente ayudó a crear una compañía de energía regional y dirigió una planta de distribución de agua, entre otras actividades. Fue escogido por el ex-presidente Michel Martelly (2011-2016) como su sucesor con el apoyo de EEUU, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de otros gobiernos extranjeros. Según documentos obtenidos por Al Jazeera, anteriormente, el mismo Martelly había recibido dinero de EEUU a través de la Oficina de Iniciativas de Transición (OTI), rama de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) para facilitar su victoria electoral.
Justo después de su elección, Moise hizo público su deseo de forjar un vínculo sólido entre Estados Unidos y Haití. “Creo que el presidente Trump tendrá una mejor comprensión de las relaciones entre los dos países, las cuales se basarán en una cooperación orientada a los intereses de ambos países. El presidente Trump y yo somos empresarios, y todo lo que un empresario quiere son resultados”, dijo en una entrevista con la agencia de noticias Reuters.
Para la organización Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), el apoyo que Moise recibe por parte de EEUU es la razón principal por la que permanece en el poder hasta ahora, a pesar de las movilizaciones del pueblo haitiano.
“El PHTK es el actual garante de los negocios del capital internacional, fundamentalmente mediante el traspaso de tierras campesinas a transnacionales estadounidenses. Para ello sólo cuenta con un escueto sector de la oligarquía local, quien se beneficia con una parte del desvío de fondos a expensas de la mayoría de la población. (…) La influencia norteamericana consolidó una economía haitiana predominantemente extractiva -aproximadamente 2,000 millones en depósitos minerales explotados principalmente por corporaciones estadounidenses y canadienses. Actualmente, dicha influencia es el único sostén de un presidente impopular, cuya dimisión sigue exigiendo el pueblo en sus protestas masivas”, afirma la organización CELAG.
“La crisis haitiana actual es el producto del imperialismo estadounidense y del imperialismo global”, resume el defensor de derechos humanos haitiano Guy Laurore Rosenez.
A la responsabilidad que tiene EEUU en la crisis haitiana, agrega la participación de los demás miembros del Core Group, en particular los gobiernos de Alemania, Canadá, España y Francia.
“En realidad son países que apoyan la corrupción y la impunidad en Haití, que apoyan el desvío de fondos, que apoyan gobiernos sanguinarios que masacran al pueblo haitiano. Y cuando el pueblo indignado se levanta para rechazar al régimen, ese grupo imperialista llama al diálogo. Pero no llama a un diálogo que busca acabar con la inseguridad, la impunidad, la violencia armada, la corrupción. No, llaman a un dialogo que sólo busca mantener el estatus quo y preservar al régimen. Es muy importante entender que en realidad están en contra de cualquier diálogo real en Haití”, denuncia Laurore Rosenez.
Para concluir, el defensor de derechos humanos y activista hace un llamado a la solidaridad internacional con el pueblo haitiano, y a su vez declara su solidaridad con los demás pueblos en lucha alrededor del mundo. “Lo que está pasando en Haití no es algo aislado, lo que estamos viviendo es una crisis del capitalismo y del imperialismo estadounidense. La lucha haitiana se inscribe en una dinámica de lucha mucho más global en la que podemos ver al pueblo chileno, al pueblo ecuatoriano que también se están levantando.Los pueblos del mundo debemos unirnos y codo a codo hacer colapsar este sistema que está destruyendo nuestro planeta”.
Inicia la séptima semana de protestas en Haití Su ejemplo es el extremo de las consecuencias suscitadas por las políticas neoliberales aplicadas en América Latina. Su condena arrastrada por siglos lo sumerge en una constante crisis de gobierno y social. Durante todo el año de 2019, una cadena de manifestaciones itinerantes se han registrado, teniendo la común características con los recientes acontecimientos en otros países latinoamericanos en el rechazo tajante a las medidas económicas implementadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el imperialismo estadounidense. Pero en Haití los cauces se desbordan porque a diferencia de otros países, este no ha tenido en décadas un periodo intermedio de estabilidad, aunque sea cierto también que en muchos países (como Chile) ese periodo de estabilidad resultó ser más farsa que verdad.
La pobreza extrema, la desigualdad, la violencia estructural, la sobre-explotación y el racismo, son elementos que definen casi por norma la realidad de la nación caribeña, que además, carga sobre su espalda, una permanente campaña de ocultamiento por los grandes medios de comunicación. De las crisis, protestas y reclamos sociales en Haití no se habla, ni siquiera para descalificarlos y tergiversarlos; el silencio es tal que verdaderamente pone en entre dicho la integridad humana. Haití es la evocación continua de la necesidad de construir otro mundo.
Las protestas reiniciaron por la escasez de combustible y el aumento de su precio, la falta de comida, medicamentos, gas, agua potable y por la devaluación de la moneda, esto agudizando la crisis económica que se vive en el país más pobre de Latinoamérica, donde la mayoría de la población sobrevive con dos dólares al día, o, mucho menos. El pueblo ha tomado las calles para enfrentar al neoliberalismo, trabajadores y trabajadoras resisten la represión brutal que ha deja muchos asesinados y encarcelados.
Mantienen la fuerza para continuar varios sindicatos y el movimiento feminista junto a diversos partidos políticos que se van agregando, la organización de base permite otorgarse solidaridad entre los desposeídos (algo que el poder burgués jamás comprenderá), el magisterio y los estudiantes se han sumado al paro general, el pueblo se agrupa bajo el nombre de Foro Patriótico que ha propuesto ante el deseo de renuncia del presidente “ un “gobierno de transición por un período de tres años para atajar los problemas de hambre, miseria y desempleo que afecta a más del 80% de la población, y la reforma de las instituciones estatales según las necesidades de la población”. La lucha haitiana siempre tiene un toque más elevado en su densidad, pues no sólo se lucha por frenar medidas anti-populares, sino que se lucha por sobrevivir como pueblo, nación y seres humanos.
Frente a las movilizaciones populares, el presidente haitiano, Jovenal Moïse, ha declarado que “no se encuentra aferrado al poder si no a las reformas que pretende implementar”, pero no dice que las reformas pretendidas son modificaciones constitucionales, modificaciones a la ley aduanera y del sector energético, todo, para seguir beneficiando a las saqueadores y explotadores. El presidente Moïse, es acusado de corrupción y se ha exigido su renuncia, por lo que justifica su aferrado amor al poder diciendo que es necesario “ver cómo podemos sacar provecho de esta crisis, cómo hacer de esta crisis una oportunidad”.
La realidad no es más que el cinismo de quien oprime, la oportunidad planteada es la permanencia de un estado de indefensión agudizado por la injerencia imperialista y neocolonial. Haití es la muestra de la soberbia y la venganza, la primera colonia liberada de América es hoy el país más lastimado por todas esas viejas potencias nostálgicas de su hegemonía, la muestra es el botón de oro. Haití vive una ocupación desde principios del siglo XXI, con el pretexto del envío de “ayuda humanitaria”, una coalición de naciones la mantienen asediada, el aval de la ONU a esta condición es otra de las muchas incongruencias en el seno del organismo internacional. El pasado 17 de octubre la ONU dio a conocer la continuación de su política intervencionista con el programa BITUH, que dará continuación del MINUJUSTH que precedió a los Cascos Azules, quienes cometieron múltiples vejaciones contra el pueblo haitiano.
Una de las grandes movilizaciones que se han registrado en estas nuevas jornadas de resistencia, fue justamente dirigida a ese intervencionismo, los manifestante se dirigieron al cuartel general de la ONU cerca del Aeropuerto Internacional de Puerto Príncipe, ahí expresaron su repudio al apoyo del Grupo Central al gobierno de Jovenal Moïse. Este grupo lo conforman nada menos y nada más que un representante especial de la Secretaría General de la ONU, los embajadores de Alemania, Brasil, Canadá, Francia, EEUU y los representantes de España, la OEA y la UE. Todos estos piases y estas organizaciones guardan un silencio culposo sobre la real situación que se vive en Haití, todos desde luego, son cómplices de la opresión de larga duración que ha padecido, todos se benefician y extraen grandes riquezas, el neocolonialismo es real, tan real como la bota imperialista en el mundo. Haití libra una larga batalla contra todo el sistema mundial y es olvidado por la gran mayoría de naciones. Ya es tiempo de dar luz a la verdad en Haití y extremar las manifestaciones de apoyo, la liberación haitiana es también la emancipación de los pueblos latinoamericanos.
Ninguna solución favorable al pueblo haitiano vendrá de las políticas neoliberales impuestas por el FMI, el imperialismo y neocolonialismo, Haití como toda Nuestra América enfrenta el reto y la necesidad de construir un nuevo orden mundial, esta región del mundo está llamada a ser vanguardia en esta impostergable urgencia, la resistencia contra el neoliberalismo ha de conducir a los pueblos a la abierta crítica de todo el sistema capitalista y a la formulación de un proyecto emancipador global, el socialismo tiene que levantar la mano para dar cauce a las demandas sociales, reformularse para concretar el anhelo de un mundo realmente justo, libre y humano.
El domingo 18, día de la movilización en Haití contra la corrupción, el nepotismo y la impunidad y para exigir la rendición de cuentas por el despilfarro de los fondos de Petrocaribe, causó once muertes, 47 heridos y 75 arrestos en la capital y en varias ciudades provinciales.
Petrocaribe es un programa de asistencia creado en 2005 por el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela para ofrecer petróleo a precio subsidiado para los países del Caribe. Los recursos obtenidos por Haití a través de Petrocaribe debían ser invertidos en obras de infraestructura, así como en proyectos económicos y sociales. Sin embargo, varias auditorías realizadas hasta ahora no han logrado determinar el destino de tres mil 800 millones de dólares, parte de esos fondos.
Ese día estuvo doblemente marcado por la conmemoración del 215 aniversario de la Batalla de Vertières y la movilización popular en torno al tema Petrocaribe, que también exige la salida requerida del presidente Jovenel Moïse.
Las protestas llevaron al gobierno haitiano a desplegar el domingo más de 3.000 agentes policiales. Grupos de la oposición convocaron manifestaciones en diferentes zonas de la capital, Puerto Príncipe, y en la norteña Cabo Haitiano en demanda de una investigación profunda sobre el presunto desvío de fondos millonarios del programa petrolero Petrocaribe.
Con pancartas en las que reclamaban se averigüe el paradero de unos 3.800 millones de dólares de Petrocaribe , miles de personas marcharon frente al Palacio Nacional en Puerto Príncipe, se dirigieron a la sede del Parlamento y recorrieron el populoso barrio de Delmas, donde se les unían más manifestantes.
Según una investigación del Senado, al menos 14 exfuncionarios estuvieron vinculados al desvío de los fondos durante el gobierno del expresidente Michel Martelly (2011-2016) y ninguno ha sido procesado judicialmente.
El exsenador Moïse Jean-Charles, quien encabezó las protestas en Cabo Haitiano, 130 kilómetros al norte de la capital, también pidió la renuncia del presidente Jovenel Moïse y de su gobierno por considerar que se han negado a profundizar la investigación. Moïse canceló el domingo el viaje que tenía previsto junto a los miembros de su gabinete a Cabo Haitiano para conmemorar el 215 aniversario de la batalla de Vertieres, la cual representó el último paso de los haitianos para obtener su independencia de Francia.
Los inconformes bloquearon varias calles con basura y neumáticos en llamas que emitían un denso humo negro, el cual cubrió gran parte de Puerto Príncipe durante la tarde. La mayoría de los negocios permanecieron cerrados y el transporte colectivo dejó de operar. El transporte público y el comercio informal quedaron completamente paralizados.
Grupos opositores, como la coalición Sector Democrático y Popular, aprovecharon la protesta para pedir la renuncia del presidente, Jovenel Moise e instaron a seguir paralizando las actividades, hasta la renuncia del mandatario.
Haití vive una fuerte crisis económica y la moneda nacional, el gourde, está en caída libre frente el dólar, mientras la inflación se sitúa en el 14 % cada mes desde el inicio del año, y hay un alto índice de desempleo. Uno de los principales problemas, que causa resentimiento en la población, es el de los privilegios y la impunidad de las fuerzas de la ONU, Minustah. Son 7.000 soldados de Argentina, Brasil, Uruguay y otros países, que -según las denuncias de los movimientos sociales- roban a la gente, violan a las mujeres y niños y les contagian enfermedades, y todo ello sin ningún castigo.
Estas circunstancias, sumadas al escándalo de corrupción de Petrocaribe, han generado en una parte importante de la población total desconfianza en la capacidad del actual régimen para mejorar la situación.
El Parlamento haitiano publicó en 2017 un informe en el que involucra a exfuncionarios, del partido actualmente en el poder, en irregularidades en el uso de los fondos de Petrocaribe, pero hasta ahora nadie ha sido procesado por este caso, en el que se desviaron más de 2.000 millones de dólares, según una investigación del Senado.
El líder opositor Moise Jean Charles afirmó ayer en Cabo Haitiano, en declaraciones a la prensa, que solo con la salida del presidente Jovenel Moise del poder habrá un juicio por el caso de Petrocaribe. El presidente-banana Jovenel Moïse, quien triunfó en los comicios nacionales de su país en octubre de 2015 y noviembre de 2016, este martes fue nombrado presidente electo por el Consejo Electoral Provisional de Haití. Entonces, la crisis política que atravesaba la nación caribeña ocasionó que la declaratoria del vencedor se pospusiera por más de un mes.
De acuerdo al Consejo Electoral haitiano, Moïse, del partido de derecha Tet Kale se impuso con el 55,6% de los votos en los comicios del 20 de noviembre de 2016. En segundo lugar quedó Jude Célestin, de la Liga Alternativa para el Progreso y Emancipación de Haití, con 19,5% del caudal electoral.
La declaratoria se produjo después de semanas de incertidumbre, denuncias de fraude de parte de partidarios de Célestin y protestas de seguidores de Moïse que reclamaban que sea nombrado presidente electo. El Consejo Electoral señaló, luego de un recuento, que en la votación hubo irregularidades pero no el "fraude masivo" denunciado.
La victoria de Moïse de octubre de 2015 también había sido impugnada y finalmente anulada tras violentos disturbios. Tan solo el 21% de los ciudadanos habilitados para votar acudieron a las urnas en noviembre de 2016.
Moïse, de 49 años, es un empresario que proviene del distrito rural de Trou-du-Nord, en el departamento Nordeste de Haití. Estudió ciencias de la educación en la Universidad de Quisqueya, en la capital Puerto Príncipe, considerada como el mejor centro académico privado de Haití.
"En 1996 deja la capital y se traslada a la comuna de Port-de-Paix (en el departamento Noroeste) con el ardiente sueño de desarrollar el interior del país", se puede leer en la biografía de su sitio web oficial, donde se detalla que sus primeros movimientos empresariales estaban relacionados con la venta de partes de autos y después comenzó el cultivo de bananas.
Sus emprendimientos le valieron llegar a ser, en menos de una década, secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Haití. Además del rubro de la exportación de bananas, Moïse tiene proyectos empresarios relacionados a la generación de energía eólica y solar y otros negocios relacionados con la agricultura.
Una de sus cartas de presentación durante la campaña electoral haitiana fue su origen en un distrito rural. Su segunda bandera es el éxito que logró en algunas de sus iniciativas empresariales, y así fue que pudo llegar al electorado haitiano de las regiones con mayores dificultades económicas poniéndose a él mismo como un "ejemplo de éxito posible".
Es más, durante la campaña aprovechó el sobrenombre por el que muchos le llaman en su país: "el hombre banana". Su llegada a la política fue posible gracias al apoyo del expresidente haitiano Michel Martelly (2011-2016) y el partido de derecha Tet Kale. Es la primera vez que Moïse ocupa un cargo público en su vida. Martelly, quien además es uno de los músicos más conocidos en Haití, dejó el mando de su país en medio de varias denuncias de corrupción y acusaciones de sus adversarios políticos.
Tras un fin de año marcado por protestas en las calles y denuncias de fraude, Moïse pidió a los haitianos que "pasen la página". La inestabilidad política lleva mucho tiempo afectando a la economía de un país que ya antes de las elecciones de 2015 era el más pobre de América. Más del 60% de las personas que viven en Haití sobreviven con menos de dos dólares al día, de acuerdo a los reportes de Naciones Unidas.
Más de la mitad de la población haitiana es analfabeta y el 90% de la educación está en manos privadas sin posibilidades de acceso para la mayor parte de la población. El desempleo es del 80%. La situación social es también muy desigual. El 95% de la población es negra sin embargo existe una discriminación manifiesta tanto lingüística como por el color de la piel. La discriminación se hace notar sobre todo en la distinción entre campo y ciudad. Depende de donde nazcas serás campesino o ciudadano, esto está totalmente interiorizado. Los mulatos conforman el 5% restante y controlan todo el país.
El interés estratégico de Haití en medio del Caribe hace que nada pueda hacerse sin el consentimiento y la supervisión de los EEUU. En este sentido las intervenciones han sido constantes. “Ya en 1986 Haití producía arroz suficiente para alimentar a toda la población. Con la llegada de las políticas neoliberales se bajaron los aranceles de importación del 30% al 2% y el arroz pasó a ser tan barato que los agricultores no pudieron competir con el arroz que se importaba de EEUU y se marcharon a la capital como desplazados internos por esta violencia económica", señala Gulin Bonhomme, profesor haitiano e investigador para la paz
Siete años después de que un devastador terremoto mató a más de 200.000 personas en enero de 2010, unos 55.000 haitianos siguen en campamentos improvisados con condiciones de vida extremadamente pobres, según la Organización Internacional para las Migraciones. Y las esperanzas de recuperación económica se vieron afectadas todavía más a principios de octubre de 2016 por el huracán Matthew, que dejó daños estimados en más de 2.000 millones de dólares.
Las políticas del FMI Ya el 6 de julio, Haití había sido escenario de protestas en rechazo al aumento en los precios de la gasolina, el petróleo y el kerosene, una medida acordada en febrero entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ante la violencia, la medida fue revertida al día siguiente y el presidente Jovenel Moïse llamó a la población a regresar a sus hogares.
Sin embargo, las protestas continuaron y han dejado al menos tres muertos, así como daños a edificios gubernamentales, comercios, hoteles y oficinas de negocios. Los disturbios ocurrieron en la capital Puerto Príncipe, en la ciudad Cap-Haitien y en las comunas de Les Cayes, Jacmel y Petit-Goave.
Las protestas y el descontento social en el país por los ajustes exigidos por el FMI hicieron que el primer ministro haitiano, Jack Guy Lafontant, presentara su renuncia el 14 de julio.
Ayuda "humanitaria" La medida de "ajuste" del FMI implicaba el aumento de la gasolina en 38%, del diésel en 47% y el del kerosene, utilizado por la mayoría de los haitianos para alumbrar sus casas, debido a que no tienen electricidad, en 51%.
Se trataba de un acuerdo de "ayuda humanitaria" entre el Gobierno de Haití y el FMI, realizado sin el consentimiento de la población, como parte de un programa de ajustes, cuyo propósito era poner fin a los subsidios que tienen los productos derivados del petróleo bajo el pretexto de reducir el déficit presupuestario gubernamental y "estabilizar" la economía.
La deuda de Haití con el FMI dio un salto tras el terremoto de 2010, que dejó al menos 222 mil 570 fallecidos, 1,5 millones de personas en la indigencia y pérdidas materiales calculadas en 7.900 millones de dólares. Se trató de un "préstamo" de 114 millones de dólares que debía empezar a ser reembolsado tras un período de cinco años y medio.
Las ONGs Las promesas de la comunidad internacional se hicieron esperar y se prometieron 16 mil millones de dólares para la reconstrucción de Haití, un dinero que acabó en manos de las ONGs, nunca repercute en el país. “Es el país de las ONGs, con más de 14 mil, en una nación pequeña de nueve millones. Las ONGs hacen sus proyectos y nadie los controla. De los 10 mil millones de dólares que llegaron de la ONU la mayor parte fue para las ONGs que nunca transfieren competencias a los haitianos, sino que los colocaron en una situación de dependencia, pasividad y desamparo, indica Bonhomme.
Haití se ha convertido en la gallina de los huevos de oro de las ONGs que acuden como moscas. Nadie sabe a ciencia cierta cuantas ONGs hay, ni lo que hacen, o en que se gastan los fondos. La duplicación de servicios y la ingente acumulación de material sin utilizar es prácticamente la norma. Sólo 300 están inscritas, así que hay cientos que actúan sin control alguno. La mayoría de ellas son cajas negras que nadie supervisa.
El británico David Harvey sostiene que las ONGs son los caballos troyanos de la globalización neoliberal, mientras que Ricardo Seitenfus afirma que “hay una relación causa-efecto entre la infelicidad de los haitianos y la felicidad de las ONGS y el peligro más grande que afrontamos ahora es la ‘oenegización’ del país. Haití nunca estuvo tan debilitado como ahora y le toca dialogar y aceptar muchas cosas pero hay una relación perversa entre la debilidad del estado haitiano y la fuerza de las ONGS en el país”
El capitalismo tiene la habilidad de mercantilizarlo todo. Dónde hay una necesidad que cubrir cabe la posibilidad de traficar, montar negocios y sacar pingues beneficios. La enfermedad, la educación, el sexo, la paternidad, el deporte, el reposo, respirar aire libre, el arte... ¿ Por qué no traficar con la compasión?, señala el Servicio Informatico Ecuménico y Popular.
La mercantilización de las ONGs significa que el centro de atención de los traficantes de ayuda deja de ser “los damnificados”. Todo mercado capitalista genera en sus operadores una ineludible necesidad de crecer y ganar cota en un medio cada vez más competitivo. El centro de atención pasa a ser “los donantes”. Se trata de ofrecer “un producto humanitario” cada vez más atractivo y “venderlo” utilizando sofisticadas técnicas de marketing.
Para ello es preciso contar con técnicos y directivos experimentados. El periódico español El País dedicó una página entera al tema en enero de 2011 con el título “Profesionales de la solidaridad”, un sector que ocupa en España a 529.000 empleados remunerados (y mucho incauto mal remunerado). Cita sin desparpajo el caso ejemplar de un dinámico economista, con larga experiencia como director de ventas de Procter & Gamble, que ha sido fichado por una ONG fundada por un magnate de la banca. Cada vez son más concurridos los cursos y postgrados de especialización en ONGs impartidos por escuelas de negocios.
En muchos casos se trata de verdaderas corporaciones multinacionales con oficinas abiertas en paraísos fiscales para “gestionar” los cuantiosos fondos que reciben al margen de las onerosas regulaciones fiscales de los “gobiernos”. 77 ONGs están siendo investigadas por tales prácticas.
Las autoridades de Haití se vieron en la obligación de abrir una investigación contra todas las ONG en el país tras el escándalo de Oxfam, cuyo equipo se vio involucrado en casos de explotación y abuso sexual, negligencia y nepotismo en 2011 en la isla, según infomó el ministro de Planificación y Cooperación Externa haitiano, Aviol Fleurant. El presidente Moise, aseguró que el caso de Oxfam solo es la punta del "iceberg" y reclamó que se investigara también a otras ONG como Médicos Sin Fronteras (MSF).
Tras el terremoto, el país también sufrió una epidemia de cólera, de la cual es acusado el personal de paz de Naciones Unidas. La enfermedad mató a más de ocho mil personas y más de 650 mil se enfermaron. A esta catástrofe se unieron los huracanes Matthew e Irma en 2016 y 2017, tras los cuales miles de personas siguen viviendo en campamentos.
El terremoto sirvió de excusa para una nueva intervención "humanitaria" de Estados Unidos en Haití, donde años antes, entre 1951 y 1986, fue responsable de implementar la dictadura de los Duvalier para controlar y saquear los recursos naturales de la isla. Esta calamidad que atravesaba el país también abrió la oportunidad para la "ayuda humanitaria" de la ONU, que tomó el control de la isla con la misión MINUSTAH (7 mil soldados y policías).
La intervención extranjera terminó siendo un fraude económico, pues mientras el país seguía sufriendo las consecuencias del terremoto, millones de dólares en "ayuda humanitaria" de Occidente no llegaron nunca a la población. Casi el 9% de este financiamiento quedó en fundaciones y organizaciones no gubernamentales extranjeras, entre ellas la Fundación Clinton.
La deuda externa de Haití se estima en unos 890 millones de dólares, de los cuales el 41% corresponde al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), su mayor acreedor, y el 27% al Banco Mundial (BM).
Jean-Luc Mercier Sociólogo haitiano, analista asociado al Centro Latinoamricano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la) https://www.alainet.org/es/articulo/196678
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Como en Bolivia, las poblaciones indígenas de Perú y Ecuador formulan ideas para una nueva sociedad: el pensamiento mariateguista es un aporte esencial a sus posiciones socio-políticas.
Durante la campaña para la presidencia del Perú, el maestro rural y candidato Pedro Castillo, enfatizó su identidad con el pensamiento de José Carlos Mariátegui. Eso sirvió para que, además de “comunista”, sea atacado por “mariateguista”, una especie de “crimen”, ya que, supuestamente, aquel intelectual peruano había “inspirado” a la guerrilla de Sendero Luminoso, bien conocida por sus atrocidades.
De manera que, bajo semejantes orientaciones, el país podía esperar no solo seguir la senda de Venezuela y de Cuba, sino también la de la “violencia”. El triunfo de Castillo ha descuadrado a todos aquellos sectores que no esperaban semejante “golpe”. Y, por lo pronto, con el apoyo de la gran prensa, han lanzado una feroz campaña para impedir la proclamación de Castillo como nuevo presidente del Perú, boicotear los resultados y hasta intentar algún golpe de Estado blando o fuerte. Pero en América Latina ya está suficientemente claro: las derechas políticas y económicas no están dispuestas a permitir la democracia que provoque el triunfo de otros sectores, capaces de cuestionar el poder de elites dominantes y explotadoras.