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F R E N T E   A M P L I O

          
 
 

Frente Amplio
30 Primeras Medidas de Gobierno (1971)
Documento del 25 de Agosto de 1971.

I
Las medidas que tomará el Frente Amplio al asumir el gobierno, responden a los criterios fundamentales que conducen su política, su origen y razón de ser. No son medidas aisladas, sino que se enmarcan dentro de la estrategia general y de largo plazo que surge de las Bases Programáticas aprobadas el 17 de febrero de 1971, en función de reconstruir el Uruguay, salvar crisis que atraviesa y abrir nuevos horizontes a la vida nacional.

Los objetivos de dichas bases tienen como sentido poner al pueblo uruguayo en las mejores condiciones para alcanzar la plenitud de su realización humana, levantando su nivel de vida y su formación cultural, obteniendo una completa participación en la sociedad uruguaya y en su gobierno. Para esto el Frente Amplio se propone potenciar al máximo la capacidad de trabajo y creación del pueblo, para superar el estancamiento económico y el escepticismo en las posiciones del país, y lograr su recuperación sobre bases de justicia social y libertad.

El eje fundamental para realizar esos propósitos es la continua participación popular en el proceso de transformaciones económicas, políticas y sociales necesarias. Desde su constitución, el Frente Amplio ha mostrado ese rasgo profundamente democrático y excepcional en la vida política actual uruguaya, y es esa participación popular la que contribuirá decisivamente a la creación del nuevo Uruguay.

Las Bases Programáticas señalan cuatro medidas fundamentales a adoptar, como pilares del proceso transformador:

a) Reforma Agraria;
b) Nacionalización de la banca privada;
c) Nacionalización de los principales rubros del comercio exterior;
d) Enérgica acción industrial del Estado, incluyendo la nacionalización de la industria frigorífica.

II
Ellas son esenciales para iniciar el proceso de cambio social, porque enfrentan a los grandes grupos económico-financieros nacionales y extranjeros responsables de la crisis estructural del país.

En la coyuntura actual, cuando el Uruguay vive en clima de violencia en todos sus niveles y una grave paralización de sus energías, de la iniciativa y de la confianza del pueblo, el Frente Amplio quiere abrir el más ancho cauce a la esperanza, una esperanza eficiente.

1. Restablecer el estado de derecho.
2. Defender la soberanía nacional y obtener la independencia económica aplicando internamente los capitales creados por el trabajo nacional, poniéndolos al servicio del crecimiento de la producción y la mayor ocupación y evitando sus distintas formas de traslado al exterior.
3. Iniciar el proceso de transformaciones estructurales para alcanzar una mayor capacidad productiva y hacer irreversible el cambio social en beneficio del pueblo uruguayo.
4. Redistribuir el ingreso en favor a los grupos sociales más afectados por la crisis actual.
5. Hacer efectivo el derecho al trabajo logrando la máxima ocupación de la población en las actividades productivas.
6. Elevar el bienestar social, resolviendo los angustiosos problemas de la salud, la vivienda y la educación.
7. Pacificar el país.
8. Sanear la Administración Pública y dar participación, en ella, a los sectores populares.

III
Para alcanzar esos objetivos el Estado desempeñará un papel esencial en el proceso económico. Tendrá una directa participación en la acumulación de capital, imprescindible para el desarrollo, y en lo inmediato, para la reactivación económica del país. Para ello deberá desempeñar una gestión activa y eficiente, que se alcanzará a través de la participación directa de los trabajadores en su dirección.
Se crearán los mecanismos de planificación que determinen las formas y destinos de la inversión y que aseguren la coherencia de las políticas de precios, créditos, tributación y salarios.

IV
En consecuencia, el Frente Amplio adoptará las siguientes primeras medidas:

Restablecimiento del Estado de Derecho
1 – Restableceremos el Estado de Derecho con el levantamiento de las Medidas Prontas de Seguridad y la plena vigencia de las libertades, derechos y garantías constitucionales y legales.
Defensa de la soberanía nacional. Obtención de la independencia económica e iniciación del proceso de transformaciones estructurales.
2 – Denunciaremos las Cartas de Intención vigentes firmadas con el Fondo Monetario Internacional y otros acuerdos lesivos para la soberanía nacional.
Negociaremos la deuda externa, para postergar los pagos y eliminar sus condiciones abusivas. En caso de no lograrlo, adoptaremos las medidas unilaterales que correspondan.
Anularemos los contactos petroleros cuya aplicación supedita la ANCAP a los trust imperialistas.
Promoveremos una política energética que permita responder a las necesidades del desarrollo, procurando la independencia del país en el abastecimiento de energía.
3 – Propiciaremos relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países, en particular con la República de Cuba, único país latinoamericano con el que están interrumpidas.
4 – Intervendremos la banca privada, utilizaremos la legislación vigente mientras se procesa su nacionalización. Esto asegurará una política selectiva y supervisada del crédito que atienda las necesidades de los principales rubros de producción del agro y de la industria, pudiendo acceder al mismo los pequeños y medianos productores y comerciantes. De este modo se hará óptimo el empleo nacional de los ahorros asegurando así la efectiva erradicación de los canales bancarios y parabancarios.
Aplicaremos y extenderemos el monopolio estatal de los seguros.
5 – Estableceremos el monopolio estatal de las divisas, que aseguren su mejor percepción y más adecuada utilización, en beneficio de la producción y el consumo imprescindible, restándolas completamente de los círculos especuladores e impidiendo la evasión de capitales.
6 – Intervendremos, con aplicación de la legislación vigente, las empresas de exportación (industria frigorífica, barracas de lanas y frutos del país), como paso previo a la nacionalización del comercio exterior. Esto asegurará el ingreso total de divisas por concepto de exportaciones, mejor defensa de los precios de estos productos, y permitirá inmediatas negociaciones con distintas áreas, tendientes a incrementar el comercio exterior sobre bases de mutuo beneficio, incluso mediante acuerdos bilaterales.
7 – Iniciaremos el proceso de Reforma Agraria, presentando de inmediato el proyecto de ley correspondiente. Hasta su sanción, utilizaremos la ley de creación del Instituto Nacional de Colonización, dando participación en su Directorio a los pequeños y medianos productores, asegurando a éstos el asentamiento en la tierra y, con la colaboración de la Universidad de la República, brindando la asistencia técnica que procure una acción planificada en favor del productor y del país. Promoveremos en un plazo de 120 días, la sanción de una ley de arrendamientos rurales que contemple la situación de arrendatarios y propietarios de condición modesta. Hasta entonces, se suspenderán los desalojos rurales. Iniciaremos un proceso de redistribución de tierras y fomentaremos la formación de cooperativas entre los pequeños y medianos productores rurales.
Fijaremos los precios de los principales productores agropecuarios, asegurando su cumplimiento mediante el poder comprador del Estado.
Aseguraremos créditos y pago al contado, atendiendo especialmente a los pequeños y medianos productores.
Tomaremos medidas apropiadas para impedir el contrabando de ganado y de lanas.

8 – Impulsaremos la creación de una flota del Estado, adquiriendo con prioridad barcos petroleros y frigoríficos. Fomentaremos la Marina Mercante Nacional.

Redistribución del ingreso
Las medidas de redistribución del ingreso, además de sus objetivos sociales, propenderán a una reactivación económica a través del aumento de las demandas internas que permita el uso de la capacidad instalada y no utilizada en los distintos sectores de la producción, principalmente en la industria. Esta política contribuirá a aumentar la ocupación de la mano de obra y la producción.

Dichas medidas serán:
9 – Acumularemos los sueldos y salarios del sector privado, urbano y rural, y de los funcionarios públicos, para, como mínimo, restablecer el poder adquisitivo previo a la congelación de salarios en acuerdo con las organizaciones de los trabajadores y en el marco de la planificación.

Derogaremos la ley de COPRIN y crearemos la Junta Nacional de Salarios. Los objetivos primordiales en materia de retribuciones, serán fijar el salario mínimo nacional y establecer para todos los sectores una política salarial más justiciera, basada en el principio de, «a igual trabajo, igual salario», para hombres, mujeres y jóvenes, y en el mejoramiento del hogar constituido y las asignaciones familiares.

10 – Pagaremos la deuda que el Banco de Previsión Social tiene con los jubilados y pensionistas por un régimen de cuotas a partir de abril de 1972.
Aumentaremos las jubilaciones y pensiones más reducidas, congelaremos las más elevadas, eliminaremos los regímenes de privilegios y perfeccionaremos los especiales. Promoveremos la reestructuración de la previsión social que agilite los trámites y haga posible adelantos jubilatorios, particularmente a aquellos beneficiarios con más de 60 años de edad.
Se realizará un escrito control del cumplimiento de las obligaciones de las empresas con el Banco de Previsión Social con la aplicación de sanciones penales para las grandes patronales que retengan indebidamente los aportes de los trabajadores.

11 – Ajustaremos de inmediato los mecanismos de la administración fiscal que permitan una efectiva recaudación especialmente de los impuestos que gravan los altos ingresos y la acumulación de capital.
Iniciaremos una reforma radical del régimen tributario de modo que promueva la distribución progresiva de la renta nacional y fomente el desarrollo de las actividades productivas.
12 – Aseguraremos el poder de compra de la población y el abastecimiento adecuado de los artículos de consumo popular, aplicando la ley de subsistencia, fijando y controlando precios y eliminando la intermediación parasitaria. Se constituirán inmediatamente, a estos efectos, organismos de control popular, integrados por productores y consumidores.

Hacer efectivo el derecho al trabajo
La efectividad del derecho al trabajo, surgirá de la política agropecuaria, que asegure la permanencia en la tierra de los productores medianos y pequeños y de los trabajadores del campo y el aumento de la producción y la productividad, de la reactivación e intenso desarrollo de la industria, como consecuencia del aumento de la exportación y de la demanda interna, de la ejecución de un plan de obras públicas, así como de la creación de nuevas fuentes de trabajo.

A esos efectos:
13 – Promoveremos la plena utilización del equipo instalado de las industrias fundamentales (frigorífica, textil, del cuero, metalúrgica y otras).
Estimularemos el desarrollo de nuevas industrias, particularmente la pesquera y sus derivadas. Promoveremos la prospección y la explotación, en su caso, de nuestras riquezas del subsuelo.
14 – Aceleraremos la aplicación de la ley nacional de viviendas atendiendo sus aspectos de mayor interés social. Facilitaremos y estimularemos la construcción de viviendas por los vecinos dando prioridad a los regímenes de subsidios, cooperativas de ayuda mutua, y regulando el precio de los terrenos destinados a la construcción habitacional para eliminar la especulación.

Elevación del bienestar social
La elevación del nivel de bienestar social resultará de las medidas que crean fuentes de trabajo y redistribuyen el ingreso. Pero éstas deben ser complementadas por otras específicas, por cuanto la tarea de liberación nacional y de desarrollo exige el concurso de todas las energías de nuestro pueblo y es necesario resolver los déficit sociales actuales en materia de salud, educación y vivienda.
15 – En tanto se procesa el establecimiento del Seguro Nacional de Salud, mejoraremos la atención de la salud de la población, a través de la reorganización del Ministerio de Salud Pública y de la iniciación del proceso de coordinación de todos los recursos preventivos y asistenciales existentes en el país.
16 – Instalaremos policlínicas con consultorios materno-infantiles en barrios y centros poblados, utilizando las sedes de organismos estatales y sociales o construyendo locales adecuados. Prestaremos preferente atención a la asistencia médica en el medio rural.
Racionalizaremos y mejoraremos el abastecimiento de medicamentos, abaratando su costo e impulsando su producción por organismos públicos.

17 – Reintegraremos a la escuela a los niños en edad escolar que no hayan completado el ciclo.
Realizaremos una campaña de alfabetización con participación activa y voluntaria de los educadores, estudiantes y pueblo en general.
Promoveremos la sanción de las leyes orgánicas que resuelvan los problemas institucionales de la educación primaria, media y física.
Fomentaremos la educación física, creando campos deportivos en cada barrio y centro poblado y concertando convenios con las instituciones deportivas privadas, a fin de que la Comisión Nacional de Educación Física comparta la utilización de sus instalaciones.
18 – Promoveremos la sanción de una ley de medios de comunicación que proteja el trabajo nacional, garantice la información objetiva, asegure la defensa de la cultura nacional y la disponibilidad equitativa de espacios para todas las organizaciones políticas, sindicales, culturales y religiosas.
Fomentaremos y protegeremos la industria nacional del libro.
Crearemos una editorial del Estado, dedicada fundamentalmente a la impresión de textos didácticos y obras de autores nacionales.

19 – Aseguraremos medio litro de leche diaria a cada niño.
Entregaremos los rubros necesarios para asegurar a los escolares la copa de leche y otros alimentos, ropa, calzado, libros y útiles, así como primera asistencia médica y odontológica.
Reestructuraremos el Consejo del Niño en todas sus dependencias y sanearemos su administración. Combatiremos la explotación infantil.
Ubicaremos en la residencia presidencial de la Estancia Anchorena una Colonia de Vacaciones para niños.

20 – Desarrollaremos, en acuerdo con los municipios y con activa participación popular, los centros de barrio que comprendan biblioteca, salas culturales, guardería, jardín de infantes, expendidos, lavadero y otros servicios.
Incrementaremos en todo el país los comedores populares a través del Instituto Nacional de Alimentación.
21 – Promoveremos la sanción en el plazo de 120 días a contar de la instalación de este gobierno, de una ley de alquileres que contemple los intereses de los inquilinos y propietarios de condición modesta; hasta tanto se suspenderán los desalojos y lanzamientos.
22 – Aseguraremos transporte eficaz a los habitantes de villas y pueblos cercanos a Montevideo. Pondremos en marcha un plan de recuperación de AFE y PLUNA que aseguren servicios adecuados.

Pacificación del país

23 – Restituiremos a sus lugares de trabajo, con todos sus derechos a los destituidos, suspendidos y trasladados por medidas persecutorias, con reparación de las sanciones y perjuicios económicos.
24 – Promoveremos la sanción de una ley de amnistía para lograr la libertad de todos los presos políticos, que permita reintegrar a la convivencia política legal a todos los sectores de la sociedad.
Restituiremos la plena vigencia del derecho de asilo político.

25 – Reorientaremos el instituto policial a las características civiles y predominantemente preventivas de sus cometidos, quitando a la función policial su carácter represivo de los movimientos populares.
Destinaremos los medios de comunicación y transporte al servicio de la salud, la educación y otras necesidades sociales.

Participación Popular y saneamiento de la administración pública
La ejecución de todas las medidas anteriores, exige la continua participación popular en el proceso de construcción de la nueva sociedad, como asimismo la moralización de la función pública.
Aquella participación y la moralización que se señala, tomarán múltiples formas y con varios mecanismos:

26 – El 1º de marzo de 1972, designaremos el Directorio del Banco de Previsión Social, incluyendo en el mismo a los delegados de las organizaciones más representativas de los jubilados y pensionistas, de los trabajadores y de los empresarios.
27 – En la misma fecha designaremos los Directorios de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, incluyendo en ellos a representantes electos por los trabajadores de dichos organismos.
Iguales criterios se aplicarán en el caso del Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal y otros organismos similares.
28 – Aplicaremos una política que suprima privilegios y logre economías en la conducción de gobierno. Eliminaremos toda forma de remuneración de los cargos electivos, políticos y de confianza, que signifique una situación de privilegio.
29 – Reestructuraremos el servicio exterior, tanto en lo administrativo como en la designación de los funcionarios políticos del mismo, para transformarlo en un instrumento eficaz para la defensa de los intereses políticos y económicos de la República.
30 – Ninguna persona puede ser candidato del Frente Amplio, sin presentar declaración jurada abierta de bienes e ingresos: un régimen similar aplicaremos en la designación de funcionarios de confianza.
Crearemos los mecanismos legales que impidan toda forma de implicación entre el desempeño de cargos públicos e intereses privados, así como el uso de cargos públicos con fines de aprovechamiento personal.

V
Estas primeras medidas son un compromiso político que asume públicamente el Frente Amplio como punto de partida de su plan de gobierno y que marcan el estilo de éste.
Lograrlas exigirá un esfuerzo intenso y sacrificado no sólo de los gobernantes sino de todo el pueblo. Ese esfuerzo y sacrifico son el precio que se logren los cambios estructurales, capaces de asentar sólidamente la prosperidad de la nación y el bienestar de sus habitantes. El Frente Amplio entiende que la activa participación popular, a través de los Comités de Base, los sindicatos y otras organizaciones constituye la garantía de la realización del plan y del control de los gobernantes que deben ejecutarlo.

 

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